La causa Hotesur, que muchos especulan podría traerle problemas judiciales en lo inmediato a la expresidenta Cristina Kirchner, atraviesa su momento clave: un fiscal pide que no se parta la investigación y denuncia que desde agosto pasado está paralizada.
En Tribunales cada vez más se cruzan en puntos comunes las investigaciones que se siguen por lavado de dinero sobre el empresario Lázaro Báez, detenido por orden del juez Sebastián Casanello, y la referida al mismo delito a raíz del alquiler de plazas hoteleras propiedad de los Kirchner a manos de aquel empresario.
La causa por lavado que emprende Casanello tuvo un impulso inusitado no sólo a partir del video de "La Rosadita", que develó que pasaban por las manos del entorno de Báez millones de dólares de dudosa procedencia, sino también porque el paso del tiempo en la cárcel y una eventual negociación política (aún desconocida) llevaron a Leonardo Fariña a convertirse en el primer arrepentido.
En esta causa, Cristina Kirchner recién está en su estado inicial de investigación luego que lo solicitara el fiscal Guillermo Marijuan tras los dichos de Fariña: que tras la muerte de Néstor Kirchner, ella le reclama a Lázaro Báez dinero que le pertenecía y que provenía de la corrupción.
Pero en la causa Hotesur, el avance de la investigación sobre Cristina y Máximo Kirchner está mucho más avanzado, aunque atraviesa un limbo, pues el juez Rafecas el 24 de febrero pasado se declaró incompetente para investigar un gran tramo de ella y se la envió por conexidad a su par Julián Ercolini que investiga una asociación ilícita desde 2008 entre los Kirchner y empresarios como Báez o Cristóbal López.
La decisión de Rafecas fue apelada por el fiscal Carlos Stornelli y ahora la Sala I de la Cámara Federal fijó una audiencia para el martes próximo, tras lo cual definirá si convalida la decisión del juez de partir la investigación.
Previamente, en un escrito al que accedió NA, el fiscal ante la Cámara Diego Velazco acusó que el "desmembramiento de la causa" no hace más que "entorpecer" la investigación: "No es conveniente ni ayudará al esclarecimiento de los diversos hechos atrapados en un único y complejo objeto procesal que se parcialice la investigación", añadió.
Velazco recordó que en el caso Hotesur hay tres ejes que se deben investigar en conjunto: manejos empresariales, participación de agentes públicos en la modificación de documentos públicos de esas empresas o sociedades, y ocultación o disimulación de bienes o sus productos y ganancias.
Rafecas se declaró incompetente en el caso Hotesur pero sí se quedó con otros tres capítulos de la investigación: el alquiler de habitaciones de Alto Calafate por parte de Aerolíneas Argentinas; las irregularidades en el expediente de Hotesur en la Inspección General de Justicia (IGJ) y las declaraciones juradas de la expresidente entre 2010 y 2013.
El fiscal Velazco en su escrito pidió que todo quede en poder de un solo juez, ya sea Ercolini o Rafecas, para tener una "amplia y comprensiva" lectura "de toda la maniobra y pueda juzgar el hecho único con diferentes manifestaciones".
Por otra parte, el fiscal pidió que se valoren los puntos en común que pudieran haber entre lo que se investiga en el caso Hotesur y los dichos del "arrepentido" Fariña en la causa por lavado de dinero en la cual están detenidos Báez y el contador Daniel Pérez Gadín.
"Debe ser considerado inmediatamente dada la importancia que se le ha asignado y evaluada su incidencia. Esa operación no se ha hecho aún", remarcó en su dictamen.
Al respecto, la abogada de la diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, pidió a Casanello días atrás que comparta la información con sus par Rafecas, entre las causas de la "Ruta del dinero K", el caso Hotesur y una por la negociación de un fideicomiso de la firma Austral Construcciones de Lázaro Báez al Banco Nación.
En un tramo de su escrito, Velazo sobre la "rémora" en la investigación desde hace ocho meses, pues tuvo en cuenta que esa fue la única última decisión trascendente realizada por Rafecas: el haber convalidado la prueba que se incautó durante poco más de treinta allanamientos que había realizado en el sur del país el juez Claudio Bonadio antes de ser apartado de la investigación.