Como en cualquier buena historia, el comienzo del problema llega en un gran momento de la vida de los protagonistas. Mientras el 23 de noviembre a la madrugada la recién electa vicepresidenta festejaba su nuevo cargo en el búnker del PRO en Costa Salguero, al menos una persona entraba a su casa a robarle 245 mil pesos y 50 mil dólares. Hasta ahí, parecía un robo normal, más allá de la extraña casualidad de que en un mismo momento ella pasaba a ser casi un millón de pesos más pobre y a la vez alcanzaba el segundo puesto más importante en el Poder Ejecutivo.

Pero las rarezas se fueron acumulando. Primero porque el hurto se mantuvo en secreto y guardado bajo llave durante casi nueve meses -recién salió a la luz el 17 de julio, en una nota en el diario Tiempo Argentino-, y segundo, porque el sospechoso intelectual del robo, Juan Pablo Cruzado, es un custodio de la mujer del PRO que estaba junto a ella en el momento del hecho y, sobre todo, porque la procedencia del dinero sustraído sigue siendo poco clara.

“Fue terrible, me golpeó en lo personal”, dijo una conmocionada Michetti en la única entrevista en la que accedió a hablar del tema, para el programa de TN “Los Leuco”. Allí mostró sus pruebas y repasó ante las cámaras su versión oficial sobre el hurto y sobre el dinero: los 50 mil dólares provenían de un préstamo de parte de su novio, Juan Martín Tonelli, para pagarle una beca su hijo, Lautaro Cura; 40 mil pesos eran para abonar unas reparaciones que estaba haciendo en su casa en ese momento, 5 mil pesos que se usaban para “gastos corrientes” y 200 mil eran producto de una “especie de colecta artesanal entre amigos, treinta y pico de personas” para hacer frente a los “gastos de decoración del salón, de bebidas, etcétera” de una gala de su Fundación Suma que se hizo el 30 de noviembre pasado en La Rural, aparte de algunas joyas que también le robaron y que destacó.

En la causa por el origen del dinero que cayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, y donde Guillermo Marijuán actúa como fiscal, hay varias preguntas que se están barajando y que todavía no tienen respuesta. Sin embargo, la defensa de Michetti presentó un escrito el viernes donde se defienden de las acusaciones y que podría darle un giro a la causa.

• ¿De quién son los 200 mil pesos? Tonelli, en la declaración testimonial que ofrece ante la Justicia el 3 de febrero de este año, dice que él fue quien llevó esta plata a la casa de su novia “para realizar una donación”, a pesar de que Michetti asegura en la entrevista que fue ella la que recolectó el dinero y que éste no era para donar sino para pagar los gastos de la gala. En el nuevo escrito, la vicepresidenta narra que fue “su asistente” Santiago Riobó -jefe de despacho de Michetti en el Senado y empleado de la Fundación- quien recolectó el dinero junto a su hermana Silvina Michetti y su “amigo” el presidente provisional del Senado Federico Pinedo. Algunos de los donantes son conocidos: el propio Pinedo, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, el secretario de Medios Hernán Lombardi, el ex secretario de Deportes de la ciudad Francisco Irarrázabal y el antiguo ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro y actual embajador en Uruguay. También aclara que fue Tonelli quien recolectó el dinero y lo llevó a su casa, ya que ella acababa de salir de una internación, y además presentó junto al escrito los detalles de los gastos de la gala.

De la manera que sea, todo esto incumple la resolución 3166 que la AFIP estableció en el 2011, donde se deja constancia de que absolutamente todos los movimientos a fundaciones y ONG tienen que estar bancarizados y no pueden ser en efectivo. Asimismo, la ley de Lavado de Activos obliga a todo funcionario a informar de lo que podría parecer una operación sospechosa.

• Si los 45 mil pesos eran para pagar el arreglo de la casa, ¿hay alguna factura que lo compruebe? Michetti adjunta en su escrito un resumen de su cuenta bancaria donde habría constancia del retiro de este dinero. También presenta una declaración testimonial de Eduardo Raposo, el arquitecto encargado de la refacción, que sostendría la versión de Michetti. Sin embargo, el texto no aclara si hubo o no un comprobante de las obras, ni dice, como en su declaración testimonial, que Rasposo es un “personal de su confianza”, ni que es el vecino inmediato de la vicepresidenta -vive en la casa de al lado-.

• A pesar de que la vicepresidenta aclara que los 50 mil dólares del préstamo constaban en su declaración jurada del 2015 -una presentación que se hizo con posterioridad al robo-, ese mismo documento sólo asevera que el crédito fue de 461 mil pesos. Si ese monto se divide por lo que valía el dólar en el último día hábil del año -fecha que se cuenta para hacer las declaraciones juradas-, el número que arroja la cuenta es de poco más de 35 mil dólares. Hay un hueco de al menos 15 mil dólares. Además, eran para abonar una maestría a alguien que todavía no se recibió.

En su escrito, Michetti muestra como prueba su declaración jurada y dice que se tomó el tipo de cambio de septiembre del 2015, algo totalmente atípico en este tipo de documentos. Además muestra como prueba la declaración jurada de su novio.

• La Fundación en sí documenta irregularidades. La misma recién presenta balances contables en agosto del 2016 -luego de la denuncia de Herrero- e incluso tardaron hasta julio para inscribirse como empleadores ante la AFIP. En el 2014, en un informe “de transparencia” de la propia SUMA -documento que hoy bajaron de su web y cambiaron por otro distinto-, aseguran que pagaron 165 mil pesos en “sueldos”. ¿Cómo lo hicieron si no estaban registrados como empleadores? En el escrito, Michetti asegura que los balances han sido presentados en regla, algo con lo que no coinciden ni en Comodoro Py. También aclara que se encuentran inscriptos como empleadores, aunque no aclaran en qué fecha se registraron. En el escrito se adjuntaron los supuestos balances.

Pero no sólo eso, sino que de las 30 empresas que son “sponsors” de la fundación, casi todas -la constructora Riva, la empresa de seguridad Prosegur, Delta Marketing Líquido, ProPymes, Microsoft, el grupo Petersen, entre otras, como consta en un informe realizado por la periodista Mariana Escalada- fueron contratistas del Estado porteño y algunas como el grupo Riva, la empresa Vialmani y la constructora Fontana Nicastro aportaron dinero al PRO para “desenvolvimiento institucional”. Esto último raya la ley de ética pública, que asegura que ningún contratista estatal puede aportar dinero al partido político que está en el Gobierno.

• Hay dudas de otro tipo también. La empleada doméstica de Michetti, Norma Sánchez -que sólo cobra 4 mil pesos al mes por un trabajo diario de ocho horas, según lo que declaró ante la Justicia-, aseguró que “era habitual” que Michetti “guardara dinero en la habitación, en sobres cerrados o envueltos en pañuelos” (ver recuadro). Además, dos empleados de la Fundación -Riobó, director del Laboratorio de Políticas Públicas, y Álvaro Zicarelli, director de Asuntos Institucionales y Cooperación Internacional- fueron contratados por el Senado luego de la designación de Michetti. Zicarelli, director de Asuntos Globales del Senado, fue expulsado el jueves 15 de su trabajo por orden directa de la vicepresidenta, luego de que Cristina Kirchner subiera a su cuenta de Twitter un video donde se lo ve, desaforado, insultando a la ex presidenta y tratándola de “arpía, víbora, yegua, guanaca, mentirosa”, entre otros descalificativos. “Estoy en total desacuerdo con esa forma de ver la política”, dijo Michetti en una entrevista sobre el tema (Revista Noticias).