Los grupos políticos violentos son perniciosos para la democracia incluso aunque no tengan reales posibilidades de tomar el poder por la fuerza. Esto siempre fue así pero, en el marco de la globalización, su peligrosidad se acentúa aún más. Pues tienden a vincularse a escala transnacional para aumentar su capacidad de daño, a asociarse con el crimen organizado como fuente de financiamiento, así como también, en muchos casos, a apostar por la estrategia del terrorismo ante la imposibilidad de desafiar por medios convencionales la hegemonía global de las democracias, lideradas por Estados Unidos.

Dicho lo anterior, el feminismo extremista, minoritario pero de fuerte crecimiento en Argentina, no debe ser tomado a la ligera. Esto no implica meter a todas las feministas en la misma bolsa ni desconocer el valor y la utilidad de la lucha por los derechos de las mujeres. Pero es indudable que el movimiento feminista argentino, no sólo tiene una importante presencia extremista, sino que, en los hechos, está siendo muy influido por ese sector. Ser minoría no es incompatible con engañar y controlar a la mayoría.

De hecho, la llamada Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres no parece tener un funcionamiento muy democrático. Durante el encuentro, la única decisión trascendente supuestamente democrática es la de elegir la localidad en que se hará el siguiente evento. Pero, no sólo ello no hace al contenido y la estructura de la organización, sino que, además, se efectúa “por ovación y aplauso”, mecanismo de dudosa transparencia y fácilmente manipulable.

Los talleres que se celebran durante el encuentro son, en teoría, “democráticos, horizontales y pluralistas”, y sus declaraciones finales son redactadas por consenso unánime. Pero sobran los testimonios de intolerancia, violencia, desorden y griterío en los mismos, de manera tal que es muy fácil para las organizadoras terminar escribiendo lo que desean para, luego, hacerlo pasar como el pensamiento de “todas” las mujeres. Cada taller cuenta, de hecho, con una coordinadora designada por la comisión y, según varios testimonios, está prevista la acción de “mujeres rotativas” que ingresan sorpresivamente para, literalmente, “pudrir” la discusión. En la página oficial del encuentro se aclara que “para garantizar que todas podamos expresarnos, no se vota”.

El funcionamiento sin reglas e inorgánico de la comisión organizadora facilita su control por parte de los sectores extremistas, más agresivos y organizados. Además, quienes ocupan las posiciones de poder pueden, fácilmente, digitar los cargos y roles mediante el monopolio de la información y de la iniciativa. Estos son los detalles que brinda oficialmente la comisión sobre su propia organización: “De la comisión organizadora de cada sede, participan mujeres autoconvocadas del lugar. (…). En la comisión no hay estructuras jerárquicas. (…) nos juntamos en cada ciudad para organizar el encuentro”.

En cualquier caso, el feminismo extremista es una ideología política autoritaria, emparentada con el marxismo. No es un movimiento civil de derechos humanos, por más de que muchas veces se disfrace de ello para disimular su verdadera naturaleza y obtener subsidios del Estado. Identifica la democracia capitalista con el “patriarcado” y sueña con reemplazar el supuesto “heterocapitalismo” machista por una dictadura del feminismo que vendría a ser, en teoría, la verdadera forma de liberación de la mujer.

Año tras año, en cada Encuentro Nacional de Mujeres, se observa un clima de intolerancia y violencia claramente avalado o estimulado por la comisión. Este ambiente se plasma en consignas que se pintan en autos, casas y negocios, sin ningún respeto por los derechos de sus propietarios, como ser “Abortá al macho”, “Muerte al macho: un macho muerto, un femicidio menos”, “Yo abortaría por si sale policía”, “Muerte a la yuta”, etc. Y estas consignas se traducen en hechos de violencia crecientes.

Este año, según dejaron trascender en las redes sociales, el plan de los grupos feministas extremos era incendiar la catedral de Rosario. El domingo, alrededor de 150 mujeres y 50 hombres se dirigieron a ella encapuchados, con palos, cuchillos y bombas molotov, y derribaron el vallado que protegía la iglesia para encontrarse con un centenar de policías. El grupo violento hizo todo esto, según el Secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra, en forma “muy organizada”, con un modus operandi “casi militar”.

El saldo fue, como siempre, muy lamentable y alarmante. Las militantes arrojaron sus bombas molotov contra los efectivos, y a uno de ellos se le prendió fuego su uniforme. Además, los agredieron con palos, botellas y cuchillos, quedando una mujer policía con el rostro cortado. Diez policías resultaron heridos en total y, más preocupante aún, uno de ellos recibió un balazo en su chaleco antibalas.

En cualquier caso, la impunidad de estos grupos sólo sirve para que ganen fuerza dentro del movimiento feminista, desprestigiándolo, así como para que manejen recursos cada vez más cuantiosos y planifiquen actos violentos de creciente envergadura.

¿Hará falta que muera un inocente para que las autoridades se tomen en serio al feminismo extremo? ¿No deberían estos grupos ser identificados por las autoridades como grupos de odio y de violencia? ¿No deberían estar bajo la lupa de las fuerzas de seguridad y de los aparatos de inteligencia, para investigarlos y eventualmente combatirlos de manera eficaz por sus crímenes? ¿No debería el Estado dejar de financiar (como lo hizo en esta ocasión el gobierno de Santa Fe) encuentros o movimientos liderados por extremistas o que, a lo sumo, permiten que en su seno operen grupos violentos? ¿No deberían, también, dejar de colaborar con el extremismo los colegios, universidades, centros de estudio, etc., que les prestan sus instalaciones?

La comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres se niega, año tras año, a repudiar, denunciar y excluir a los grupos violentos, así como a colaborar con las fuerzas de seguridad para garantizar la paz en sus actividades y marchas. Muy por el contrario, la comisión emite comunicados condenando el accionar “represivo” de las fuerzas de seguridad cada vez que éstas intervienen para intentar proteger la integridad física y la propiedad pública y privada de los ciudadanos.

Ante esto, las organizaciones y grupos feministas verdaderamente democráticos y tolerantes, deberían pensar en la posibilidad de unirse para desplazar de la dirección a los sectores extremos o violentos, o bien organizar su propio encuentro por separado. Así, evitarían ser involuntariamente cómplices del extremismo, y quedaría en evidencia quiénes realmente luchan por los derechos de la mujer y quiénes usan los derechos de la mujer como mera excusa para satisfacer su odio y sed de violencia.