Según informó ayer el medio infobae, el gobierno nacional ha decidido —frente a solicitudes de información pública efectuadas por la ciudadanía— hacer públicos los datos referidos a indemnizaciones otorgadas a víctimas o familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Inicialmente, y al menos respecto del pedido efectuado por la ONG que preside quien suscribe esta nota, el gobierno nacional había sostenido recientemente que los datos solicitados, al revelar identidad de las víctimas que motivaban las indemnizaciones, eran “sensibles” y, por lo tanto, no estaban sujetos al libre acceso por parte de la ciudadanía.

Tal como lo sostuvimos oportunamente, la argumentación jurídica era muy deficiente (ver denuncia ante OA). De hecho, los fundamentos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda ahora, para justificar la publicación de los datos, se basa en precedentes judiciales de la Corte Suprema y en sólidas interpretaciones normativas.

Con esta decisión, el gobierno no sólo avanza en transparentar el otorgamiento de indemnizaciones en un área que, hasta ahora, había quedado al margen del control ciudadano y con serias sospechas de corrupción. También avanza en otros aspectos que hacen a la transparencia en general.

En efecto, el hecho de que el gobierno, tal como lo hiciera la Corte Suprema en el caso “CIPECC c/Mº de Desarrollo Social” ponga el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de sus impuestos, por encima del supuesto derecho de otros ciudadanos a ocultar su carácter de beneficiarios de fondos públicos es sumamente auspicioso. Pensemos cuántos negociados se hubiesen evitado o, al menos, complicado, de haber funcionado un mecanismo como este en todas las áreas del Estado Nacional, de los estados provinciales o municipales, ya sea durante la última década o durante el menemismo.

En definitiva, esto no sólo es una herramienta para descubrir la corrupción del pasado, sino para desbaratar la del presente y prevenir la del futuro. 

Pero además, el fortalecimiento de una nueva herramienta ciudadana como la del acceso a la información pública, no hace más que consolidar la democracia republicana, bastante castigada en la región y en el mundo, por gobiernos que han logrado debilitarla seriamente y hasta suprimirla.

La aparición de movimientos autoritarios que se apoderan de los estados democráticos y republicanos suele ser la consecuencia de un funcionamiento inadecuado de las instituciones, frente a las demandas de la ciudadanía. Asimismo, y a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, los fracasos del estado, los vicios de sus gobernantes, la negligencia de los funcionarios, la corrupción, entre otros fenómenos similares, se ven potenciados en su difusión y penetración social por las nuevas tecnologías. 

Frente a esta situación, los estados democráticos y republicanos, lejos de condenar el uso de tecnologías y el descreimiento ciudadano en las instituciones, deben aprovechar los avances tecnológicos, la internet y las redes sociales, para transparentar la gestión de gobierno y transformar a descreídos en fiscales de la gestión.

El sistema republicano nació como respuesta a la monarquía y para evitar la tiranía, mediante el control que genera la división de poderes. Ahora bien, los representantes del pueblo, los magistrados, los funcionarios de la república, muchas veces claudicaron, incumplieron sus obligaciones de control y sobrevino así la tiranía que sometió a los poderes del estado.

También la prensa, en el sistema democrático y republicano, jugó un rol de control fundamental, pero en muchas oportunidades quedó –al igual que los poderes del estado- al servicio del tirano de turno.

Si el estado se lo propone, las nuevas tecnologías facilitan hoy enormemente la transparencia de la gestión pública y, por lo tanto, permiten el control ciudadano, generando una ciudadanía influyente y participativa en la gestión de la cosa pública.

En definitiva, no se trata sólo de ser transparentes para mejorar la gestión de gobierno, se trata de ser transparentes para reinventar la democracia republicana, dotarla de mayor participación, de mayores controles y de mayor respaldo social. Se trata, en definitiva, de alejarse definitivamente de las garras de la tiranía que aún acecha.