A mediados del 2016, durante un plenario de comisiones de la legislatura de la provincia de La Pampa con motivo de la visita de autoridades de la SEDRONAR para debatir temas de adicciones, la diputada provincial por la UCR-FrePam, Patricia Testa, trajo a debate un tema que se remonta unos diez años atrás, que fue motivo de denuncias ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y que aún hoy sigue bajo sospecha: la “discrecionalidad” en la asignación de subsidios a la Asociación Civil Rumen, de General Pico.

Los cuestionamientos realizados por Testa datan del año 2010, a raíz de serias anormalidades en el funcionamiento de los minihogares administrado por dicha asociación civil. Durante dos años, la diputada desarrolló una intensa labor de recolección y entrecruzamiento de datos, que la llevó no sólo a confirmar las denuncias, sino a ratificar la sospecha de que Rumen habría sido beneficiaria predilecta de aportes no reintegrables por parte del gobierno de Verna y de Jorge, en perjuicio de otras entidades.

Según pudo determinar Testa, entre 2006 (fecha del primer cobro de 30 mil pesos a través de resolución Nº2761) y el 2011, Rumen habría percibido una suma de 3 millones de pesos, un tercio de los cuales fueron cobrados sólo durante el período 2010. Estos montos corresponden a los convenios suscriptos con el ministerio de Bienestar Social para brindar servicios de atención asistencial para personas adictas, para la contención y reinserción social de menores y para “solventar gastos de funcionamiento”.

Sin embargo, el flujo de pagos por adicciones y por hogares se mantiene constante hasta la actualidad, con importantes variaciones a favor de la entidad piquense en los últimos meses. Según el Boletín Oficial provincial, en septiembre de 2016 se le otorgaron 722.000 pesos, en octubre otros 545.600 pesos, en el mes de noviembre idéntico monto, y en diciembre unos 596.000 pesos. En lo que va del 2017, Rumen ya recibió 3.853.500 pesos destinados al desarrollo del programa de Contención y Reinserción Social de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del convenio celebrado el 1º de enero de 2017 y ratificado por Decreto Nº 53/17. En detalle, los subsidios mensuales fueron de $900.000 (enero), $621.500 (febrero), $836.000 (marzo), $748.000 (abril) y $748.000 (mayo). Comparando esas y otras cifras con las que reciben entidades que se dedican a problemáticas sociales similares en La Pampa, como Guadalupe y Naim, las sospechas crecen en fundamento.

El vertiginoso progreso de Rumen

El por entonces técnico en estadística (y ahora “magíster”) Roberto Moro asumió su cargo de subsecretario provincial en septiembre del 2006. En noviembre, su amigo, el doctor Daniel Scafidi, se alejó del Centro Naim (hasta ese momento único centro de referencia en el tratamiento de adicciones en el norte de La Pampa) y fundó Asociación Rumen.

En septiembre del 2007, a sólo un año de la asunción de Moro en la subsecretaría de Adicciones, el Ministerio de Bienestar Social (del cual dependía originariamente el área de Moro) y Asociación Rumen suscribieron el primer convenio de trabajo para la prestación de servicios correspondientes al Programa Terapéutico Básico en adicciones a sustancias psicoactivas. Dos meses después, el Concejo Deliberante de General Pico le cedió a Rumen, en carácter de donación, un terreno baldío para la construcción de sus instalaciones. En enero del 2008, Rumen recibió el alta por parte de la SEDRONAR como la única prestadora bajo convenio en La Pampa. En marzo del 2008 se suscribió un nuevo convenio entre partes, esta vez para que la ONG de Scafidi se ocupara de la contención y reinserción social de niños, niñas y adolescentes a través de los denominados minihogares. Aunque no era su área específica de trabajo, este acuerdo fue gestionado, impulsado y apoyado por el propio Moro ante la ex ministra Cristina Regazolli.

Y en lo que podría definirse como un vertiginoso progreso, en noviembre del 2010, las autoridades de Rumen inauguraron la sede de 400 metros cuadrados, con salones para consultas psicológicas, consultorio médico, sala de espera, secretaría, cocina, comedor, depósito y habitaciones para pacientes. Ese mismo año, autoridades del Centro de Rehabilitación Naim, institución pionera de abordaje de problemas de adicciones en General Pico y de la cual Scafidi era parte hasta su abrupta salida, acusaron a Roberto Moro de frenar el envío de los fondos comprometidos y de dilatar la firma del nuevo convenio con la institución. También existió una grave acusación por “tráfico de proyectos”: el plan de construir un centro integral de adicciones había sido planificado originalmente desde Naim, cuando Scafidi era parte de su equipo de profesionales. Casualmente, el proyecto termina aprobándose a nombre de la nueva ONG creada por el amigo del actual titular de la SEDRONAR.

Volviendo al tema de los minihogares, que estaban a cargo de la delegación Zona Norte del Ministerio de Bienestar Social, de la investigación de la diputada Testa sobresale un dato interesante, y que no fue detectado en su momento. Dentro del equipo de trabajo de esta dependencia estatal con sede en General Pico, por entonces a cargo de la delegada Graciela Brunengo, la persona responsable del manejo contable y liquidación de sueldos era Silvana Cid, esposa de Scafidi y actual Directora General de Administración de la gestión Moro en la SEDRONAR. Según pudo saberse por una fuente gremial que prefirió mantener el anonimato, Cid seguiría hoy ocupándose de la contabilidad de Rumen.

Antecedentes

Este modus operandi de utilizar las fundaciones como entidades para el desvío de fondos se remonta a los inicios mismos de Roberto Moro en la función pública pampeana. Una investigación de abril del 2007 la desaparecida revista “El Fisgón” indagó en el dinero proveniente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo como parte de la implementación del programa INCLUIR en La Pampa, y que el ex subsecretario de Adicciones administró a través de su fundación “Crecer Juntos”. Detrás de esos proyectos estaba el por entonces ex titular del Consejo de la Juventud de La Pampa, Rodolfo José “Piri” Calvo.

Según la publicación, Moro habría manejado a su parecer 785.056,47 pesos en un año. Con ese dinero, se pagaron sueldos, subsidios y compras a “ilustres conocidos, ignotos personeros del poder y empresas de la oposición”. La rendición mensual a la que accedió El Fisgón correspondió al mes de agosto de 2006. Un mes después, Moro fue designado por Verna al frente de la Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones del Ministerio de Bienestar Social, por intercesión de Rodolfo “Fito” Calvo.

Y desde este cargo, Moro comenzó a beneficiar a su antiguo empleador, ACLYSA (Asociación de Clínicas y Sanatorios), donde desempeñaba trabajos administrativos. Mediante un convenio pantalla que se mantiene hasta la actualidad, esta ONG se hizo cargo del centro de día de adicciones de Santa Rosa. Del dinero que el estado provincial destinaba mes a mes al funcionamiento del centro, unos 350 mil pesos según convenio viejo, Moro lo utilizaba como caja negra discrecional para pagar personal contratado en negro, al mismo tiempo que otorgar dádivas políticas y auto-beneficiarse.

La pista SEDRONAR

Asegura una fuente que conoció de cerca la gestión del pampeano en la SEDRONAR: “Para blindar sus manejos poco éticos, Moro se trajo de La Pampa a dos personas que conocen bien sus metodologías. Su secretaría privada, Marcela Galarraga, y Silvana Cid, contadora pública sin ninguna experiencia en el Estado nacional, a quien en enero del 2016 colocó provisoriamente a cargo del área de presupuesto para que aprendiera la botonera de la administración. En agosto, con el aprendizaje ya consumado, Moro desplazó a Luis Agostinetti, un hombre de suma confianza de la ministra Patricia Bullrich y hasta entonces Director General de Administración de la SEDRONAR, y colocó en esa sensible área a la mujer de Scafidi”.

A fines de octubre del año pasado, este diario presentó un pedido de acceso a la información pública en la SEDRONAR. El motivo de la pesquisa fue indagar acerca posibles pagos realizados desde esa dependencia hacia Asociación Rumen durante 2016, y profundizar en los vínculos que subsistirían entre Roberto Moro y Daniel Scafidi, partiendo del común denominador de tener a la esposa del titular de Asociación Rumen a cargo del manejo del 100% de la caja del organismo.

La respuesta oficial de la SEDRONAR, firmada por Moro, fue sumamente esquiva. Evitó brindar la información de pagos realizados a la institución piquense, aseguró que la contadora Silvana Cid “se encuentra en proceso de divorcio con el Sr. Daniel Scafidi”, y ratificó que el convenio entre la Secretaría y Rumen sigue vigente a pesar de la evidente incompatibilidad. También aseguró que su relación con dicha Asociación “es la misma que se mantiene con todas las instituciones del país”. ¿La misma que con la sospechada Fundación Convivir, por ejemplo? ¿O la misma que con Naim y las demás organizaciones de La Pampa, a las cuales habría asfixiado mediante recortes, a expensas del progreso económico de Rumen?