El “modus operandi” de la persecusión a periodistas es el mismo en ambos casos. Consiste en demandar a los hombres de prensa por una suma millonaria en pesos. Sin embargo, en ningún caso se demanda a los medios de comunicación a través de los cuales se profirieron las supuestas difamaciones. ¿Por qué no demandar a quienes realmente tienen capacidad de pago? Porque los demandantes saben que pierden y no desean incrementar las costas. No es dinero lo que buscan. Sí, en cambio, destinan un presupuesto nada despreciable para amedrentar a los periodistas. Para que deban destinar gran parte de su valioso tiempo en reunirse con abogados, buscar testigos, asistir a audiencias y, en definitiva, distraer la atención de su trabajo habitual.
Esto pasa hoy en Argentina. Y le ocurre tanto al periodista Luis Gasulla (detestado por el kirchnerismo) como a su colega Alejandro Bercovich (claramente identificado con los K).
En el caso de Gasulla, quien lo demanda es Natalio Bonavena, un personaje relacionado al anterior gobierno, que fue vinculado al oscuro manejo de la pauta publicitaria oficial del kirchnerismo, y por violencia de género. En el caso de Bercovich, el demandante es Emiliano Yacobitti, mano derecha de Lousteau, quien era investigado en una causa por corrupción, en el marco de su labor como Secretario de Hacienda de
La falta de una norma legal que torne previsible y uniforme la aplicación de la doctrina de la “real malicia” por parte de todos los tribunales es, quizá, una deuda importante con la libertad de prensa. Pero quizá la mayor deuda es que estos hechos lesivos del derecho a informarnos que tenemos los ciudadanos permanezcan ocultos.
Cuando la persecución se hace desde la política, la condena desde la política debiera ser unánime, sin importar la admiración o rechazo que tengamos por el profesional de la prensa, sin importar la pertenencia o rivalidad que tengamos con la facción política a la que pertenezca quien intenta cercenar la libertad de expresión.
Todo lo demás es verso.