El Gobierno confía haber iniciado una ofensiva final sobre la "industria del juicio" en materia laboral, aunque el principal escollo le surgió en un distrito imprevisto, la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal tiene dificultades para lograr que la Legislatura acompañe la ley nacional de Riesgos del Trabajo.

Mientras a nivel país el aumento de juicios en mayo fue del 20%, en la provincia de Buenos Aires se situó en el 104%.

La razón: como la provincia no adhirió a los cambios a la ley que buscan ponerle freno al negocio de los juicios laborales, esa modalidad se concentró en esa gigantesca geografía que alberga buena parte de las pymes del país, sobre todo en el sur y el oeste del conurbano.

Por eso, la UIA se sumó al gobierno y reclamó a las provincias adherir a la nueva ley, no sin antes advertir que la litigiosidad excesiva "atenta" contra el empleo y "condiciona la supervivencia de muchas pymes".

La central fabril señaló la "necesidad de que los poderes provinciales avancen en el ordenamiento del sistema de riesgos del trabajo" y pidió que adhieran a la nueva norma, la 27.348, para cumplimentar el orden procesal federal vigente".

Este escenario confirmó que la política ya no es el único tablero donde las "mafias" son señaladas desde el gobierno de Cambiemos, que carga contra la feria La Salada, el narcotráfico y los intentos de instaurar Estados paralelos, con suerte dispar.

El acento discursivo del presidente Mauricio Macri en los últimos días —con teleprompter recién estrenado— demostró hasta dónde llega la preocupación de la Rosada por la problemática que representa para las pymes el acecho de estudios jurídicos que desde hace décadas se dedican a hacer negocios con las desgracias de los trabajadores.

Macri incluso le puso nombre y apellido a uno de los señalados por la Casa Rosada, cuando recordó la vasta experiencia que el estudio de Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista de diputados y mano derecha de Cristina Fernández, tiene en lo que hace a juicios laborales.

Lo dijo así: "Este grupo de estudios jurídicos, conducidos por Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina". También le apuntó a jueces del fuero laboral, aunque en este caso sin dar nombres.

Recalde durante años fue el hombre que dio soporte jurídico al camionero Hugo Moyano, hasta que el entonces líder de la CGT se peleó con Cristina y el abogado optó por cambiar de jefe, cobijándose bajo el ala de la ex presidenta.

Macri le apuntó con todo al sostener que era uno de los ejemplos de los estudios detrás de la "industria del juicio" que año a año provoca la desaparición de decenas de pymes en la Argentina, al no poder sostener el pago de millonarias indemnizaciones por accidentes laborales ciertos, y a veces no tanto.

En la jerga judicial se denomina "carancho" a ciertos abogados que se ocupan de buscar negocios en la desgracia ajena.

Hasta una película protagonizada por Ricardo Darín lleva ese título: la historia, escrita por Pablo Trapero, narra la relación entre una médica y un abogado sin matrícula, y se vincula con las víctimas de los accidentes de tránsito y el negocio de las indemnizaciones.

El empresariado pyme venía advirtiendo sobre la necesidad de poner un marco a las indemnizaciones por juicios laborales, porque era la única manera de tener cierta previsibilidad: si una empresa no sabe cuánto podrá costarle aproximandamente un juicio, mal podrá prevenir su ecuación de negocios.

Hasta hace poco, en que se reordenó el sistema con una nueva ley, las demandas podrían llegar a niveles estratosféricos y carecían de un encuadre que les brindara un marco de racionalidad.

La maquinaria que alimentó la "industria del juicio" deja una curiosidad: por ejemplo, los litigios contra las ART provenientes de trabajadores de pequeñas empresas crecieron el 150% en los últimos seis años, a pesar de la caída de los accidentes y los fallecimientos.

"El fenómeno de la judicialidad laboral en la Argentina presenta características peculiares y propias que no se verifican en otros países, ni siquiera con economías semejantes o complementarias.

No sólo por el número enorme, sino también por su incesante y sostenido crecimiento", explica un estudio en poder del gobierno. Es decir, hay ´gato encerrado´ detrás de tantos litigios.

De las 127 mil demandas ingresadas a las ART en 2016, 39.805 provinieron de trabajadores que se desempeñan en empresas de menos de 50 trabajadores.

Es que la pyme es más vulnerable que una gran compañía con un ejército de abogados a disposición.

La tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18% superior al resto de las entidades, y además el crecimiento de esa tasa casi multiplica por dos a las del resto.

En los últimos seis años, mientras creció 150% para las empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó algo más de la mitad, 86%.

El secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer, advirtió sobre el crecimiento de los juicios, en especial en la provincia de Buenos Aires, y cuestionó al Frente Renovador por "no apoyar en la Legislatura bonaerense la nueva ley de Riesgos del Trabajo".

"Ellos hablan mucho de las PyMEs, pero que hayan frenado esto es realmente una mala noticia. Esperemos convencerlos y que recapaciten", dijo el funcionario.

La pelota quedó ahora en la cancha del massismo, que busca hacer pie en un distrito clave en el que se librará la madre de todas las batallas en octubre próximo, y donde la posible polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo emerge como su peor enemigo.