Los mercados y el empresariado están convencidos de que las reformas de fondo en la economía volverán a sufrir demoras y quedarán finalmente para después de los comicios del 22 de octubre.

Hacen ese pronóstico porque entienden que tras las PASO la clase política quedará como siempre entrampada en la pelea electoral para la elección decisiva que delineará la relación de fuerzas en el Congreso desde el 10 de diciembre.

La escasa actividad exhibida por el Parlamento este año, al calor electoral, le da más aire a ese pronóstico.

Al mundo de los negocios le gustaría que el escenario fuese otro, porque considera que cuanto más rápido se avance en las reformas pendientes, más alta será la chance de consolidar el proceso de salida de la recesión, que si bien ya es un hecho en la mayoría de los sectores de la economía, necesita robustecerse.

El establishment viene manteniendo algunas diferencias con un gobierno al que respalda: critica, por ejemplo, que se haya dejado escapar el dólar justo en las semanas previas a las elecciones, porque eso metió un ruido innecesario.

El BCRA tomó nota de esas tensiones y desembolsó más de USD 1.600 millones para ponerlo debajo de los $18.

Ahora resta saber qué hará con las tasas: este martes vencen $ 535.000 millones de Lebacs y en el mercado apuestan a que habrá otra suba para evitar que los pesos vayan a meter más presión sobre el dólar.

Incluso, aseguran contar con una artillería pesada por si tras los comicios crece el ruido en el mercado financiero.

Las reformas pendientes

El empresariado pretende que tras avanzar sobre la industria del juicio, se adecuen las leyes argentinas a las nuevas formas de contratación laboral y a las tecnologías de punta.

En la vereda de enfrente, el sindicalismo se prepara para resistir esos embates: la CGT se movilizará el 22 de agosto a la Plaza de Mayo en rechazo del rumbo económico y ese día explicará cómo sigue el plan de lucha, en medio de presiones para un paro nacional.

Los gremios consideran que la reforma que se teje en el Ministerio de Trabajo es "más de lo mismo": aumentar la indefensión de los trabajadores y, sobre todo, reducir el poder de los sindicatos.

"Esto ya lo vivimos en el 2000 con (Fernando) De la Rúa", largó uno de los dirigentes cegetistas que está más cerca de Cristina Fernández y cuyo sector fue uno de los más golpeados por el nuevo modelo económico.

El razonamiento del veterano dirigente alude a la reforma aprobada hace 17 años por iniciativa de la Alianza, y que terminó siendo uno de los arietes principales para la renuncia a la vicepresidencia de Carlos "Chacho" Alvarez, luego de trascender el escándalo de las coimas en el Senado para empujar esos controversiales cambios.

En el gobierno aseguran que en lugar de avasallar los derechos de los trabajadores, la reforma impulsada no hará más que "beneficiarlos".

Como ejemplo, señalan que se impulsará un blanqueo laboral para tratar de bajar la altísima tasa de trabajo en negro.

Se estima que 4,5 millones de empleados está en esa condición, por lo que habrá exenciones y beneficios impositivos a quienes blanqueen personal.

También se estudia un agresivo plan de pasantías y becas para jóvenes, y tener en cuenta cambios de fondo que se están produciendo a nivel laboral y social, e incluyen el teletrabajo o ´home office´.

Además, se está terminando de confeccionar un mecanismo para reducir los aportes y contribuciones con el fin de que las pymes tengan un menor costo laboral.

En el gobierno machacan con la idea de la "competitividad", un término que hasta ahora causó fuerte rechazo entre los principales sindicatos, porque lo emparentan con la "flexibilización laboral" en perjuicio del trabajador.

Reactivación, por ahora no para todos

"Hay que reducir más los impuestos, porque la gente y las pymes sienten una presión insoportable", dijo Mauricio Macri para dar una pista de hacia donde intentaría ir el gobierno.

Pero la Argentina es un país federal en materia impositiva, y Nación, Provincias y Municipios tienen potestad de fijar tasas casi a discreción.

Y eso genera algunos problemas, como que algunos distritos terminen elevando alícuotas o inventando gravámenes más allá de lo razonable.

El tributarista César Litvin puso como ejemplo Ingresos Brutos, al que consideró un "impuesto perverso, el peor que hay por su efecto cascada sobre toda la cadena de comercialización", y lamentó que durante 2016 "once provincias lo hayan aumentado".

Ese tributo genera, en promedio, el 70 por ciento de los ingresos propios provinciales", mientras los distritos tienen gastos cada vez mayores.

A esto se suman las tasas en algunos casos desopilantes que aplican los municipios con afán recaudatorio, y por supuesto el impuesto al cheque, que aplicó Domingo Cavallo en el 2001 con la promesa de que duraría 8 meses y pero los gobiernos sucesivos decidieron dejar para aprovechar su enorme efectividad recaudatoria. Ese gravamen sí que "llegó para quedarse".

Para impulsar cualquier reforma de fondo el gobierno necesitará sumar legisladores en la elección de octubre.

A esto se suma que Cambiemos espera poder anunciar hacia fin de año que no sólo se volvió a crecer, sino que el empleo ya dio la vuelta y el impacto del pesado ajuste del 2016 terminó de ser revertido.

El "semáforo" del gobierno sobre el comportamiento de las principales variables económicas refleja que sólo el consumo de los supermercados se mantendría en territorio negativo mientras el resto de las actividades ya cambió a verde.

Los principales sectores que traccionaron la economía entre junio y julio fueron asfalto, con una recuperación del 74%; ventas de propiedades porteñas, 41%; producción de laminados, 31%; y patentamientos de autos, 26%.

Las que todavía no arrancan son las ventas en supermercados, que caen 3% y constituyen un indicador clave para medir la temperatura del bolsillo.

También los permisos de edificación, lo cual indica que aún los desarrolladores no ven un escenario decisivo de recuperación económica; y el empleo.

Es que si bien se crearon 140 mil puestos de trabajo en los últimos doce meses, apenas alcanzó para compensar las cesantías del 2016, y aún no logra atender las necesidades de los 200 mil jóvenes que ingresan por año al mercado laboral, según datos de la OIT.

Ahí se juega en buena medida el futuro de la Argentina, que por ahora sigue exhibiendo fuertes nubarrones en el horizonte.