En Argentina se ha puesto de moda cuestionar las PASO. Y, hasta cierto punto, con razón. Pues la falta de uso efectivo de ellas por parte de los partidos políticos ha llevado a verlas como una duplicación innecesaria y costosa del proceso electoral. Los más extremos han llegado incluso a plantear su inconstitucionalidad por interferir compulsivamente en las decisiones internas de los partidos políticos.

Sin embargo, hay varias razones para pensar que lo que se debe hacer con la legislación en cuestión es perfeccionarla, no derogarla. Entre estos motivos se pueden mencionar los siguientes:

1) Si bien en la mayoría de los distritos y de las elecciones no hubo hasta ahora internas relevantes, en algunos casos si han sucedido.

2) Que las PASO no hayan funcionado bien hasta ahora no quiere decir que no puedan funcionar mejor en el futuro. De hecho, la cultura es un proceso y muchas veces en la historia los mecanismos institucionales se adelantan y alientan una adaptación cultural posterior que lleva su tiempo.

3) Las PASO aseguran un mínimo de democracia y horizontalidad de los partidos políticos, aumentando la influencia y el poder de negociación y de presión de las bases y de los dirigentes intermedios. Esto es un factor que incrementa la representatividad y la calidad de las instituciones democráticas. Implica transferir una importante cuota de poder desde las cúpulas partidarias hacia el pueblo.

4) Incluso en los casos en que no haya internas relevantes, las PASO ejercen una especie de “efecto balotaje” que obstruye y desalienta el extremismo. En las primarias el ciudadano puede decidir con más libertad, a favor de la opción ideal, mientras que en las generales, en función del resultado de las primarias, puede ejercer un voto más inteligente a favor de la mejor de las opciones con chances objetivas de ganar o de obtener escaños en el Congreso. Los extremismos o autoritarismos, tanto de izquierda como de derecha, que en general tienen un piso alto y un techo bajo, se ven perjudicados por esto.

5) Otra virtud de las PASO es que facilitan los acuerdos electorales. Pues es más sencillo establecer una alianza si sé que, en última instancia, voy a tener la posibilidad de hacer campaña y de presentarme a elecciones internas, sin perder la propia identidad y la proyección a futuro. Esto disminuye la fragmentación excesiva del sistema político, la cual suele llevar a una mayor confusión y apatía del ciudadano y a una mayor competitividad de las fuerzas extremistas.

6) La democracia tiene su costo, pero es ínfimo si lo diluimos entre toda la población y si lo comparamos con los beneficios que ella produce. A mayor desconcentración del poder y calidad democrática, mayor es la libertad, la seguridad jurídica y la capacidad de autorrealización y progreso de las personas. No es casualidad que las democracias más sólidas, estables y transparentes sean las más desarrolladas.

7) Plantear la inconstitucionalidad de las PASO es exagerado. La inconstitucionalidad es un recurso excepcional cuando una ley contradice flagrantemente los valores y principios más esenciales que dan sentido al sistema jurídico. Al restringir parcialmente el poder de las cúpulas partidarias y aumentar la influencia de la ciudadanía, no sólo no se lesiona ningún principio fundamental de nuestra Constitución sino que, por el contrario, más bien se profundiza uno de ellos: el de la soberanía popular. Es nuestra Carta Magna la que afirma que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático que deben funcionar democráticamente. Esto implica que no deben ser analizados en abstracto y en forma aislada sino como parte de un sistema en el cual se desenvuelven y para el cual fueron creados.

Ahora bien, estas ventajas potenciales de las PASO no aseguran, desde luego, su pleno aprovechamiento. Por ende, hay que intentar mejorar el mecanismo, para lo cual lo primero que se necesita es un cambio cultural. La falta de cultura de diálogo y acuerdo, así como los egos excesivos, reducen el impacto positivo de las PASO. A mayor cultura democrática de nuestra dirigencia, es de esperar que mayores sean los beneficios de la legislación en cuestión. En esto también tenemos responsabilidad los ciudadanos de a pie, que con nuestro voto premiamos o castigamos, y por ende alentamos o desalentamos, dirigentes con valores democráticos más firmes o más endebles.

Otro punto de discusión es el hecho de que el voto sea obligatorio. Idealmente, no cabe duda de que el voto debería ser de libre elección. Es cierto, sin embargo, que en un contexto de fuerte incidencia de aparatos clientelares masivos la obligatoriedad del voto puede disminuir su peso relativo. Ahora bien, erradicados dichos aparatos por la consolidación del Estado de Derecho, la independencia judicial y la plena transparencia en el uso de los fondos públicos, la obligatoriedad del voto puede forzar una participación ficticia de personas no interesadas o no debidamente informadas sobre el proceso electoral. Es decir, este tema debe ser tenido en cuenta para el futuro en nuestro país, pero no parece ser urgente en un contexto de consolidación democrática con instituciones todavía endebles y aparatos clientelares aún significativos.

Por último, una posible reforma podría estar encaminada a la posibilidad de suspender las PASO, en general o por distrito, en los casos en que no se inscribieran internas o las previstas no fueran significativas en función de los antecedentes y la proyección de votos de los involucrados. Si el último fuese el caso, debería existir un tribunal electoral o autoridad de aplicación completamente independiente, con miembros designados y destituidos por amplio consenso. Podría ser por dos tercios o tres cuartos del Poder Legislativo, para garantizar la máxima confiabilidad e imparcialidad al momento de establecer estándares objetivos para ponderar la relevancia o incidencia significativa de las internas previstas. Esta posibilidad, igualmente, habría que analizarla sopesando el ahorro de recursos con la pérdida del efecto balotaje antes mencionado.

En definitiva, las PASO no fueron un artilugio para concentrar poder o distraer la atención inútilmente. Su establecimiento fue, de hecho, una concesión a regañadientes del kirchnerismo luego de perder las elecciones legislativas de 2009. Su no aprovechamiento por parte de la oposición en 2011 facilitó el triunfo de Cristina Fernández y la continuidad de un proyecto extremista y autoritario de izquierda. Su uso parcial y limitado en 2015 puede haber sido una de las causas de la derrota del entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Quizás, su uso más intenso y responsable en el futuro pueda ayudar a la construcción de una democracia de mayor calidad.