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Si entendemos por “indigenismo” la defensa de los derechos de los pueblos originarios, la RAM no debe ser incluida dentro de dicha categoría. Hacerlo significaría concederle un inmerecido velo de legitimidad. Los verdaderos héroes del indigenismo son los líderes aborígenes democráticos y pacíficos, que aceptan el Estado de Derecho y se rebelan todos los días, poniendo el cuerpo y dando el ejemplo, contra el clientelismo, la explotación y el abuso de poder, sin ejercerlos.
La RAM no defiende los derechos de los pueblos originarios por varios motivos: Por un lado, la organización mencionada posee una ideología autoritaria de extrema izquierda, de corte colectivista, incompatible con la noción misma de “derecho”. Por otro lado, el extremismo de izquierda no ve a la identidad étnica o nacional como un fin en sí mismo (a diferencia del extremismo de derecha) sino como un mero medio al servicio de un objetivo mayor, que es el ataque al capitalismo, generalmente maquillado como “antiimperialismo”. Por último, la justificación del uso de la violencia por parte de la RAM deja en evidencia que no defiende derechos, sino privilegios, puesto que es inconcebible la existencia de un derecho contrario a los derechos de los demás.
En las últimas décadas, ha ganado peso un “nacionalismo de izquierda”, también conocido como “nacionalismo popular” (ideología enarbolada por el kirchnerismo), que no es más que una aparentemente contradictoria fusión entre marxismo y nacionalismo.
Tradicionalmente, el nacionalismo fue un componente exclusivo de la “extrema derecha”, tendencia que prioriza la libertad del grupo por sobre los derechos y las libertades individuales. La extrema izquierda, que suprime o desdeña la libertad con la excusa de asegurar una igualdad absoluta, ha hecho un esfuerzo por incorporar a su discurso el elemento nacional, al efecto de nutrirse de las emociones y tradiciones vinculadas con él. Para lograrlo, asume la lucha por la liberación nacional o étnica como un eslabón de una lucha mayor contra el capitalismo y la democracia liberal.
Dicho esto, queda claro que la RAM, grupo anarquista violento de extrema izquierda, con un discurso fuertemente anticapitalista y antidemocrático y con vínculos con las FARC (y según fuentes del gobierno también con La Cámpora y otras agrupaciones reivindicadoras del terrorismo setentista), no cree en los derechos ni en la identidad indígena. Sólo usa el indigenismo y los derechos como excusa para promover su lucha anticapitalista.
Los integrantes de la RAM (o de la CAM, su equivalente chilena, así como de otros grupos asociados o satélites, como FPMR o MIR) no son ningunos improvisados. Recibieron entrenamiento de las FARC, imitan tácticas de Sendero Luminoso, han agredido, secuestrado y torturado a inocentes y están completamente decididos a usar la violencia para adquirir tierras y recursos, atemorizar a la sociedad civil y concentrar poder. Son capaces de justificar el uso de la violencia y de negar el Estado de Derecho democrático públicamente. En algunos casos, incluso se han adjudicado asesinatos.
Si no han ejercido hasta ahora una violencia más visible, es sencillamente porque no han podido o no les ha convenido. Pero la violencia va en aumento y en Chile ha llegado a niveles mayores que en nuestro país. Se niegan a plantear pedidos concretos y esbozan un genérico reclamo de tierras, que intentan justificar con la excusa de que estarían en manos de “grandes terratenientes” (aunque han llegado incluso a tomar parques nacionales), como si eso de por sí habilitara la violencia y la ocupación ilegal.
Si los argentinos no somos capaces de diferenciar tajantemente entre la lucha indigenista verdadera y la lucha de la RAM; si no asumimos la realidad de que un nuevo grupo terrorista pretende atacar los cimientos de nuestra joven democracia y que debe ser combatido dentro de la legalidad por todos los medios posibles; si creemos que la violencia puede estar justificada porque cientos de años atrás se cometieron injusticias contra los antepasados de un grupo determinado; si no entendemos que nunca hay excusa para la violencia en el marco de un Estado de Derecho y que todos debemos ser iguales ante la ley, sin espacio para los privilegios, los hechos consumados ni los “territorios sagrados” ajenos a la legalidad, pues entonces nuestra cultura democrática se verá debilitada y, con ella, nuestras imperfectas pero perfectibles instituciones políticas.
