A la UFISES (Unidad Fiscal para Investigación de los Delitos Relativos a la Seguridad Social) se le presentó un pedido de investigación con la finalidad de examinar un presunto delito por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” por parte del titular del PAMI, Sergio Cassinotti.

Este pedido está circunscripto al caso de la aprobación de la fundación PAMI, en la que consta una obra social paralela que perjudicaría a los jubilados.

PAMI inventó una fundación con el mismo Consejo Ejecutivo que, por su estructura legal, tiene menos controles y no tiene la obligación de hacer licitaciones.

La polémica resolución del PAMI fue denunciada por gremios y el propio titular de la Defensoría de la Tercera Edad como un intento de privatización del organismo encargado de la salud de los jubilados.

El defensor, Eugenio Semino, aseguró que no está “de acuerdo con nada que tenga que ver con la privatización del PAMI. Logramos parar la privatización de Alderete en 1998 con una medida cautelar ante la jueza García. Nuestra postura sigue siendo rechazar toda forma de privatización”.

A su vez, el secretario adjunto del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEP) de la CTA de los trabajadores, Eduardo Terraneo, explico que la medida dispuesta por el organismo que interviene Sergio Cassinotti “le da funciones de PAMI paralelo y privado. Por mas que la fundación sea ‘sin fines de lucro’ es formalmente una institución privada. Puede haber un vaciamiento del PAMI a favor de la fundación transfiriéndole la plata del PAMI para que sea ella quien brinde los servicios.

La denuncia detalla que “Al constituir el organismo una forma jurídica propia del derecho privado, la misma carece completamente de controles estatales y desaparece la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones”.

En lo que al documento respecta, PAMI le confía a este organismo la prestación de servicios. La fundación de esta ONG tendría como fin “administrar el hospital Houssay en Mar del Plata”, pro las finalidades de este organismo paralelo son diversas, posee un vasto alcance como el PAMI original y funciona en todo el país.

El PAMI original es fiscalizado por el Ministerio de Bienestar Social, pero este es una ONG por lo que casi no tiene controles y será fiscalizado por el instituto PAMI.

Vale resaltar que según dicta la ley nº 19.032, a los miembros del directorio de PAMI se les prohíbe ser parte o tener vínculos con los prestadores en los que delega prestaciones.