La Comisión Provincial (bonaerense) de la Memoria (CPM), en el día de ayer, se presentó como querellante en una causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares argentinos contra los soldados que combatieron bajo sus mandos en la guerra de Malvinas y que en la actualidad, se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Rio Grande, en Tierra del Fuego.
El titular del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (CECIM), Ernesto Alonso, señaló que “queremos darle un impulso a una investigación que tiene más de 10 años y que resulta fundamental para avanzar con el proceso de memoria, verdad y justicia para los excombatientes”.
Alonso viajó a Tierra del Fuego en su calidad de titular de una entidad que defiende los derechos de los veteranos de guerra y como integrante de la CPM.
La delegación de la CPM estuvo compuesta por su presidente, a quien le fue entregado el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo (línea fundadora) Nora Cortiñas, Roberto Cipriano García (secretario), y Sandra Raggio (directora).
La CPM presentó un escrito ante el juzgado de Rio Grande que hoy subroga el magistrado Gustavo Calvete, en el que resalto que “pesa en cabeza del Estado, a través de sus poderes (erguidos en la Constitución Nacional), la obligación de investigar todos aquellos casos en que se presuma han existido crímenes de lesa humanidad o bien, graves violaciones a los derechos humanos”.
En esta causa se consignaron 105 hechos de tortura y violaciones a los derechos humanos a soldados que estuvieron en el escenario de operaciones, y figuran en el expediente testimonios que responsabilizan a 95 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.