La gran carta de triunfo que tiene en sus manos la Argentina podría convertirse en una nueva frustración, si es que el nuevo gobierno no lograr dar estabilidad y seguridad jurídica a los inversores, algo que en principio va a contramano con la idea de “desdolarizar” las tarifas.

Las tarifas no son otra cosa que la retribución por las inversiones realizadas y la ganancia. Entre los inversores del megayacimiento interprovincial Vaca Muerta, hay temores que las tradicionales políticas intervencionistas del peronismo puedan entorpecer el proceso de inversión y del recupero de las inversiones.

Si bien son inversiones a largo plazo, son tan voluminosas que no aceptan muchas demoras. Ya el congelamiento de precios provocó un dolor de cabeza en la cuenca petrolera. Pero si se considera el plazo de 90 días en un proyecto que madura a los 4 ó 5 años, el daño puede absorberse.

Sin embargo, si se piensa en políticas intervencionistas de largo plazo y con mucha injerencia estatal, las cosas se complican. Para los empresarios, “estamos en un momento clave donde se requieren decisiones firmes y duraderas”.

Hay empresas que aun no dieron respuestas al atractivo del yacimiento, como es el caso de Chevron que luego de concederle ventajas inmejorables, durante la gestión de CFK-Kicillof, aun no está en ritmo productivo. Los empresarios solo quieren tener reglas de juego claras y que el gobierno no empiece por aplicar trabas a la importación de insumos, restricciones al acceso a las divisas o aplicar retenciones a las exportaciones.

Pero hay algo que si los inquieta en lo inmediato y es la alta probabilidad de que se produzca un default y que dure demasiado, colocando en las nubes el riesgo país que hoy ya se encuentra encima de los 2.500 puntos básicos.

Un alto riesgo país puede ser un obstáculo insalvable porque encarece el acceso al crédito y dispara los costos de producción. No sólo afecta la extracción de los hidrocarburos sino también el resto de las etapas productivas. En esto hay dos objetivos que tendrán que definir “Los Fernández”.

Uno, deben licitar la construcción de un gasoducto de más de 1.000 kilómetros desde la cuenca productora hasta Bahía Blanca. Dos deben construir la planta separadora de gases y la planta de licuifacción del gas que se extrae.

No hay mucho tiempo por delante porque las perspectivas mundiales hablan de un incremento en la producción de hidrocarburos convencionales en off-shore, lo que provocaría un derrumbe de los precios y ya no convendría explotar en la Argentina.