“La mistificación es un fenómeno frágil”. Laurence Debray

Con impredecible velocidad, las caretas que diferenciaban a Alberto Fernández y la viuda de Kirchner, ya algo desteñidas por una afirmación del primero (“Cristina y yo somos lo mismo”) y, sobre todo, aquéllas que pretendían otorgar al Presidente electo una independencia inédita frente a quien lo había elegido a dedo y llevado al triunfo, cayeron con estrépito.

Y no me refiero sólo a la radicalización de sus posiciones internacionales y pseudo-jurídicas, al relevante cargo reservado a Eduardo Wado de Pedro en el entorno de la Casa de Gobierno y, tampoco, al veto definitivo a Florencio Randazzo para ocupar el Ministerio de Transportes.

La imagen de las reiteradas visitas del futuro mandatario a los domicilios político y personal de la segunda, que no pueden ser imputadas a un mero gesto caballeresco, ya venía dando una pauta de subordinación inconstitucional; pero el lunes, esa actitud llegó al paroxismo cuando, al salir de la casa de Cristina, luego del recargado regreso de Cuba de ésta, Alberto declaró sin empacho que la elección de los integrantes del futuro gabinete ministerial estaba casi terminada.

Lo más llamativo, aunque no sorprendente dados sus antecedentes en la materia, fue que lo hizo pocos días después de asegurar que ella no tendría injerencia en la designación de los ministros. Sin embargo, al transcender algunos movimientos en las autoridades de los bloques del Frente para Todos en el Hº Aguantadero, quedó clarísima la decisión de Cristina.

Para lograr para su hijo Máximo la jefatura de ese rejuntado en la Cámara baja, por ejemplo, Agustín Rossi, que pretendía lo mismo, fue elegido como futuro Ministro de Defensa, pese a sus nefastos antecedentes en ese cargo (por ejemplo, el “extravío” de un misil y toneladas de municiones) por los cuales se encuentra bajo investigación judicial. Y escoger a José Mayans –una de las primeras espadas del impresentable y eterno Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán- para ocupar idéntica función en la Cámara alta, seguramente requerirá ofrecer también a Carlos Caserio, alfil del Gobernador Juan Schiaretti, el caramelo de otra silla en el gabinete.

Esas actividades de la Vicepresidente electa tienen tres objetivos: abortar la gestación de un “albertismo” competidor e independiente, posicionar a su vástago para reemplazarla como candidato en 2023, y evitar intranquilidades en el ámbito de la Justicia. Las maniobras que, seguramente, realizará Cristina para lograr la impunidad de su hija Florencia ameritarán el alquiler de balcones, pero eso es algo que nunca le preocupó.

Carlos Pagni, el jueves, en una nota absolutamente imperdible, describió algunos de los intereses contrapuestos que afectarán, en la gestión y en la Justicia, a los integrantes de la fórmula triunfadora.

Cómo funcionará entonces esta conducción bicéfala –por ser optimista- que se prevé para la Argentina a partir del 10 de diciembre es, obviamente, aún una incógnita, pero todos los antecedentes han sido nefastos y terminaron con graves hechos institucionales y hasta de sangre; Héctor Cámpora, ese ex Presidente a quien debe su nombre el núcleo de los jóvenes –ya no tanto- kirchneristas, podría atestiguarlo.

Aunque es probable que esa contienda, que en los primeros 70’s se zanjó a tiros y bombas, ahora se resuelva en transacciones “comerciales”, ya que los aliados y socios regionales de Cristina disponen de ingentes fondos non sanctos que le permitirían comprar al más pintado de los gobernadores y legisladores, por muy díscolos que sean.

En todos los escenarios conflictivos que se han suscitado en los últimos meses en América del Sur, aparecieron grupos terroristas dispuestos a destruir e incendiar ciudades para intentar derrocar a las autoridades (Ecuador, Colombia, Perú y Chile) o para reponer en el poder a mandatarios exiliados o presos (Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia); lo curioso es que el posicionamiento de los vándalos refleja exactamente la actitud contemporizadora o frontalmente enemiga de cada gobierno frente al narcotráfico.

La irrupción del comercio de estupefacientes como actor político resulta fundamental, tanto como el gigantesco desarrollo de las comunicaciones, para entender por qué las protestas legítimas contra el real deterioro de la situación económica de grandes proporciones de las sociedades a partir de la caída en el precio de las commodities –sus enormes alzas permitieron la instalación de los regímenes clepto-populistas aliados del “socialismo del siglo XXI” chavista- han adquirido tamaña virulencia.

Existen muchas denuncias y suficientes pruebas sobre las actividades de Cuba y del “Cártel de los Soles”, esa terrible organización que encabeza Diosdado Cabello e integran los más de dos mil generales venezolanos (más que los de Estados Unidos), tendientes a desestabilizar a los países que no tranzan con el narcotráfico; la enorme masa de dinero que maneja ese negocio, incrementada con el contrabando de combustibles y oro, le permite financiar sin medida a los violentos, a los cuales entrenan y arman.

Además, al hacer participar a los mandos militares del reparto del cuantioso botín le ha servido a Nicolás Maduro para asegurarse su lealtad y perpetuarse en el poder, a pesar de la catástrofe humanitaria en la que ha sumido a su país.