La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".

Se trata de un expediente en el que la legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.

En este sentido, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que se trató de una contratación "completamente viciada".

En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó esta mañana, en declaraciones formuladas a la señal de cable C5N, que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, lo que hizo Ayala fue "bajar un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios".

Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió "desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble", según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal en sus declaraciones periodísticas.

Además, detalló que cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa a la que se le realizaban las compras, se encontraron "con un taller de reparación de aires acondicionados".

"Existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi", argumentó la jueza Niremperger en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

En este punto, entendió que, si se conjuga la "falta de realización del procedimiento correspondiente para efectuar la contratación, en este caso, una licitación pública", con las "diferencias significativas entre los precios de mercado y los importes efectivamente abonados", y otras pruebas, "no resulta excesivo afirmar que nos encontraríamos ante una contratación completamente viciada".

Además de la diputada nacional Aída Ayala, también fueron procesados -en todos los casos sin prisión preventiva- sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa.

Ayala dejó en diciembre de 2017 su cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación para pasar a desempeñarse como diputada nacional por Chaco, función para la que había sido electa en las legislativas de ese año, cuando compitió por el radicalismo dentro del marco de Cambiemos.

El pedido de desafuero de la diputada solicitado por la Justicia en el marco de este expediente, nunca llegó a ser tratado en la Cámara baja.