De acuerdo a información proporcionada por el panfleto oficial del gobierno kirchnerista, Página 12, Aníbal Fernández, actual Interventor de YCRT denunció penalmente en los tribunales de Comodoro Py por asociación Ilícita a Omar Zeidán, su hermano Samir, Raúl Guimard, ex subgerente de Recursos Humanos y a Sergio Lumachi, ex Coordinador de YCRT, por haber causado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma de 156 millones de pesos y hasta acá, digamos que está bien el hecho de recurrir a la justicia para investigar dónde fue a parar una suma de dinero tan abultada.

El hecho es que los fundamentos de la denuncia es por la “incorporación ilegal” de 417 empleados de YCRT que fueron pasados a planta y tras lo cual la nueva Intervención decidió despedirlos, sin poner a consideración ningún tipo de análisis previos, sino, simplemente, que fueron ingresos producidos por el Interventor Zeidán; es decir razones estrictamente políticas.

La estrategia del Interventor actual ha sido la de decirles a los 417 echados, que la culpa no es de éste gobierno nacional, sino del anterior y puntualmente del Interventor que dejó el cargo, por cuanto los nombró “ilegalmente” a los trajadores, dejando “ad referendum” del Ministro la confirmación que nunca firmó; y eso “no corresponde”, aludiendo que ante esa realidad, él (Aníbal F) “no puede hacer nada” y tras estos dichos que se pueden leer en nuestro informe anterior, comenzó a despachar los telegramas de despidos, ante la indiferencia e inacción (sumamente vergonzosa) de los gremios de la empresa.

El problema y que seguramente va a ser el eje de la defensa de los cesanteados por Aníbal Fernández, es que durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, donde el propio Interventor de hoy fue Jefe de Gabinete, jefe de MInistros y senador, se usó exactamente la misma modalidad y con iguales herramientas, pero diferente resultado.

El kirchnerismo fue el cultor de esta modalidad de ingresos contratados y pase a planta de personal, dejando “ad referendum” del Ministro las confirmaciones y jamás se concretó esa firma. Esto, sin duda simplificará el trámite judicial por cuanto cualquier juez advertirá que lo único de diferente entre las veces anteriores que ocurrió y la de esta oportunidad, es el gobierno que lo instrumentó: históricamente lo hizo el kirchnerismo, en el 2019 lo hizo el macrismo; por ende, una simple regla de razonamiento básico, determina que las razones para echar a 417 personas de YCRT son meramente políticas y no funcionales, alegando “ilegalidades” que en todo caso, el propio kirchnerismo cometió en reiteradas oportunidades sin las consecuencias de impacto negativo en la desocupación generada en la cuenca, después de que el actual presidente y la gobernadora se llenan la boca en cada discurso, aludiendo a la desocupación en tiempos de Macri y en la finalidad de “cuidar el empleo” que tiene tiene la actual administración.

Los ingresos masivos que hizo el kirchnerismo en el 2008 y 2013, al menos de la documentación que puede mostrar OPI, son exactas copias de lo que hizo la intervención de Macri en YCRT. Nombraron a cientos de empleados “Ad referendum”, el ministro jamás firmó la confirmación de esos cargo y quien llegó luego, incluyendo el propio Zeidán, hicieron que el plantel de planta permanente quedara como lo había fijado su antecesor. Hoy, los propios cultores de aquella anormalidad e ilegalidad, autores intelectuales de esta maniobra absurda de sumar “capas de cebolla” a la empresa, solo por razones estrictamente políticas y partidarias, hizo que cuando en el 2015 el kirchnerismo dejó YCRT hubiera alrededor de 3.000 empleados, consumiendo un presupuesto sideral que provenía del gobierno nacional y se dilapidaba entre decenas de gerentes, cientos de Jefes y Directores, centenares de dirigentes sindicales que tenían licencia gremial y no trabajaban y de allí para abajo, más de un millar de empleados VIP que tenían todo tipo de prebendas, las cuales hoy quieren recuperar.

Está claro que si la justicia falla en esta denuncia, difícilmente lo hará en contra de los 417 trabajadores, a menos que parta de un juzgado preparado políticamente por el gobierno. 

No existen antecedentes de que un Juez, deje en la calle a 417 trabajadores o avale una medida similar y menos en la actual circunstancia del país, pero hay algo más: suponiendo que haya un fallo adverso para los 417 echados por el gobierno nacional, ésto pondría  a todos los ingresados a YCRT en años anteriores, merced al mismo mecanismo, es una inestabilidad jurídica y laboral única en el país, ya que por el mismo método, habrá cientos de trabajadores que podrían ser despedidos de YCRT aludiendo a las mismas circunstancias o bien, ante denuncias que pueden llegar a interponerse, ser despedidos por haber sido ingresados de la misma manera “ilegal” por la cual hoy Aníbal Fernández, despide a los 417 trabajadores del yacimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)