Este jueves, se produjo un masivo cacerolazo en el área metropolitana de Buenos Aires y en las principales ciudades del país en rechazo a las prisiones domiciliarias de los presos que cumplen condenas en diferentes penales, dispuestas por miembros del Poder Judicial en el marco del avance de la pandemia de coronavirus.

El reclamo, convocado por medio de redes sociales bajo el lema, "Cacerolazos 30A: NoalaLiberacióndePresos", se hizo notar en la mayoría de los barrios de la Ciudad, en especial en Recoleta, Villa Crespo, Colegiales, Agronomía, Palermo, Núñez, Caballito, Belgrano, Almagro, Flores, y también en Villa Lugano, Mataderos, Floresta, en el Microcentro porteño, Villa Soldati, Coghlan, Villa Devoto, Liniers, Villa del Parque, Retiro y Villa Luro, entre otros.

Lo propio sucedió en distintas ciudades y localidades bonaerenses, como Olivos, San Isidro, Martínez, Bahía Blanca, Mar del Plata, y en otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba y La Pampa.

La protesta, convocada para las 20:00, encontró a miles de personas golpeando cacerolas o haciendo palmas en balcones de edificios o patios de casas en rechazo a las excarcelaciones de presos como medida de prevención contra una eventual propagación del coronavirus en cárceles.

El reclamo también se hizo notar en las calles de la Capital Federal con bocinazos de taxistas y automovilistas exceptuados de la cuarentena que regresaban de trabajar a sus casas.

En redes sociales, referentes de la oposición se sumaron a la iniciativa y respaldaron la protesta: "Ignorar a las víctimas es ignorar la ley. Es un orgullo ser parte de una sociedad que se hace escuchar pidiendo una Justicia que actúe responsablemente. El #Cacerolazo30A demuestra que la impunidad no tiene cabida para los argentinos", sostuvo el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja.

"Emociona el rechazo a la impunidad. No somos pocos, no estamos solos. #Cacerolazo30A", enfatizó, por su parte, la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Piparo.

En medio de la pandemia de coronavirus y de la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno a partir del 20 de marzo para combatir el avance de la enfermedad, una serie de motines en distintas cárceles del país se registraron en las últimas semanas, desde fines del mes pasado.

En las prisiones, los reclusos comenzaron a demandar medidas sanitarias para evitar que se propague el virus en los penales, pero también excarcelaciones, mediante el otorgamiento de prisiones domiciliarias a quienes hayan sido detenidos, en principio, por delitos menores e integren grupos considerados "de riesgo" frente al Covid-19.

En este contexto, según trascendió a la prensa en los últimos días, centenares de presos, acusados incluso de robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad y/o venta de drogas, entre otros delitos, abandonaron cárceles en distintos lugares del país, en especial, en la provincia de Buenos Aires, lo que motivó el masivo cacerolazo registrado este jueves.

Incluso la Justicia le otorgó a principios de este mes el beneficio de la prisión domiciliaria a Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra de la imprenta Ciccone, a pesar de que el ex vicepresidente de la Nación no integra grupo de "riesgo" alguno.

Según información oficial, hasta el 22 de abril 753 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 320 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se beneficiaron con los arrestos domiciliarios.

Sin embargo, se calcula que la cifra pudo haberse duplicado en esta última semana, ya que hasta el viernes pasado había 2.600 reclusos que presentaron hábeas corpus colectivos.

Finalmente, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistió este jueves por la noche en que existe una "decisión política, ideológica" de parte del Gobierno de liberar presos con "la excusa" de la pandemia de coronavirus.