La inactividad de la Oficina Anticorrupción se interrumpió ayer para atentar contra un organismo participativo integrado “ad honorem” por expertos y representantes de la sociedad civil. Dicho organismo es el “Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas Incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023”, creado a fines del año pasado, durante la gestión de Laura Alonso.

El kirchnerista Félix Crous, quien se encuentra hoy a cargo de la Oficina Anticorrupción, envió una nota a todos los integrantes del Consejo, en la que reconoció que el Plan Nacional Anticorrupción “contó con una instancia de consulta pública, se basó en las recomendaciones formuladas por los distintos mecanismos internacionales de monitoreo y evaluación de las Convenciones Internacionales en la materia, así como en las experiencias de otros países y organismos multilaterales.”

Sin embargo, sostuvo que “los cambios acaecidos desde su aprobación ameritan una revisión que permita arribar a un plan más abarcativo, federal y democrático, que no sólo contemple los cambios ocurridos a nivel institucional, sino también a nivel social y económico, especialmente frente al actual escenario de pandemia.” Y, finalmente, destacó que “diversas organizaciones de la sociedad civil y reconocidos especialistas en la materia han expresado en la Oficina Anticorrupción su deseo de incorporarse al Consejo. En este sentido, el rediseño del plan ofrece la posibilidad de ampliar la convocatoria y reconfigurar al Consejo Asesor de modo que refleje cabalmente una representación equilibrada de todos los sectores y respete la diversidad federal y de género pretendida en la Resolución 21/2019 que le da origen.”

Cabe destacar que el mencionado Consejo, jamás convocado por el actual titular de la Oficina Anticorrupción, se constituyó a partir de una convocatoria abierta, que culminó con la selección de 19 postulantes. Las postulaciones fueron publicadas durante un plazo razonable para que recibieran adhesiones u observaciones. A tal punto que un medio periodístico llegó a cuestionar a uno de los postulantes por haber ejercido dos cargos públicos al mismo tiempo. Dicho aspirante, finalmente, no fue designado.

Más aún, tanto las aceptaciones como los rechazos de las postulaciones fueron fundamentados por la autoridad pública, en razón de la trayectoria de los aspirantes, sin que dichas decisiones fueran impugnadas.

Aplicando el manual del kirchnerismo, utilizado durante la presidencia de Cristina Kirchner para llevarse puesto al Poder Judicial, se invoca la necesidad de “reconfigurar” el Consejo para que represente “cabalmente” a todos los sectores, así como la diversidad federal y de género. Una mera excusa para no poner en movimiento un órgano participativo que garantiza la transparencia de la actividad anticorrupción.

En el Consejo se encuentran representados sectores económicos, locales y vinculados al comercio exterior, sectores profesionales, sectores académicos y organizaciones no gubernamentales especializas en la lucha contra la corrupción y la transparencia. En cuanto a la cuestión de género, la composición es equilibrada (muchísimo más equilibrada que en el gabinete de Alberto Fernández). Y, finalmente, la debilidad en cuanto a la composición federal del Consejo, no es producto de una selección antifederal, sino del origen porteño de la mayoría de las postulaciones.

No obstante lo dicho, le asiste el derecho al titular de la Oficina Anticorrupción de pensar lo que quiera sobre el Consejo y sus integrantes. Le asiste, también, el derecho de planificar modificaciones en el área a su cargo, pero mientras un cuerpo colegiado existe, con amparo en las normas vigentes, debería convocarlo, aún de modo remoto. Porque la supuesta necesidad de reformar instituciones no es excusa para suspender su funcionamiento, y mucho menos cuando el objetivo de dichas instituciones es la transparencia.