Acceder al feed de los comentarios de este artículo
En las últimas horas, se supo que Alberto Fernández rechazó un requerimiento de la Oficina Anticorrupción, que además de pedirle información sobre posibles clientes relacionados con el Estado para los que haya trabajado antes de ser presidente de la Nación, le dijo que debía renunciar a la facultad y a ser titular de una sociedad anónima.
El dictamen fue publicado por diario La Nación y allí puede verse que se le solicita al presidente que amplíe la información que presentó sobre su actividad previa a asumir la presidencia, más allá de las declaraciones juradas patrimoniales que le había entregado al organismo.
Lo hizo tras un pedido de diputados de la Coalición Cívica, que hicieron una presentación después de que Fernández dijera que tuvo relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López, holding que podría ser beneficiado por la nueva moratoria aprobada en el Congreso.
"Corresponde requerir al presidente que informe a esta oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación -y la fecha del cese de tales prestaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por este", escribió Félix Crous, titular de la OA.
Antes, el mismo funcionario había aclarado que Fernández estaba "resguardado" de un posible conflicto de interés en lo que respecta a aquellos clientes que no tuvieran vinculación alguna con el Estado y que, en esos casos, su vínculo estaba alcanzado por el secreto profesional.
No obstante, el jefe de Estado rechazó un mes después el requerimiento de la OA (ver al pie). "No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada", escribió Fernández en una nota enviada al organismo el 16 de marzo.
El mandatario hacía referencia a la declaración jurada patrimonial que entregó ante el organismo cuando asumió como Presidente, una presentación que no contiene el detalle de los clientes que le había pedido la OA a instancias de una presentación realizada por el diputado opositor Juan Manuel López.
En ese contexto, la aparición de una factura por "asesoramiento en materia penal" emitida por Fernández en 2017 por $435.000 a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, despertó todo tipo de suspicacias.
