"Argentina recuperó la democracia en 1983, como consecuencia del desmoronamiento de una dictadura que había sido víctima de sus propios fracasos. La fuerte presión social y política popular –que se había manifestado en nuestro país en 1973- estuvo ahora ausente. Y no menos la posibilidad de una transición ordenada y controlada por un régimen autoritario que pudiera dominar la situación y fijar las reglas del juego, en base a algún éxito innegables en su gestión –como el caso de Chile en 1988-. Lo que importa aquí es la consecuencia de esta peculiaridad de la transición argentina de los 80: la reflotada sociedad civil y en especial el gobierno constitucional, heredaron casi imprevistamente toda la carga de los fracasos del régimen militar y todas las consecuencias de sus experimentos”.  Así comienza un interesante documento elaborado por el entonces Frente Grande a finales de 1993, coincidiendo con el décimo aniversario de la restauración institucional argentina. Con un tono bastante crítico, se intenta explicar el arduo pasaje que desembocó en octubre de ese año con la firma del Pacto de Olivos. Conformado desde sus comienzos por peronistas desencantados con la gestión menemista, dicha agrupación consideró ese acto como el principio del fin de la UCR y el comienzo de la carrera hacia la reelección dos años después.
   Casi al filo de un nuevo onomástico el 10 de diciembre, es preciso señalar que lo que se vierte arriba es absolutamente certero. Pues no más está decir que, de salir triunfante Galtieri en Malvinas, difícilmente se hubiera convocado a elecciones en octubre del año siguiente. O como el caso chileno, cuando Pinochet ya no fue más funcional a la estrategia estadounidense, seguramente desde allí se hubiera planteado una salida más o menos honorable para el elenco militar. Hacia seguramente una democracia controlada al estilo Bordaberry, en el Uruguay a comienzos de los 70.
   "Muy pronto el desarrollo de los acontecimientos se encargaría de hacer patente el peso fenomenal de dicha carga. La Argentina volvía a ser gobernada en democracia por partidos cuyo conocimiento de la situación, sus disposiciones a la cooperación y sus capacidades de gobierno se encontraban –por diversas razones- muy ciertamente por debajo de sus requerimientos de la hora. La Unión Cívica Radical descubrió con estupor que la democracia no traía bajo el brazo el pan que todos habríamos de disfrutar tras volver a levantar las cortinas de las fábricas. Traía, en cambio, la odiosa tarea de convertir un aparato estatal en situación crítica y colonizado por los intereses privados, en una eficaz maquinaria de captación de recursos que tendrían que ser puntualmente transferidos al exterior en pago de una deuda absurda”. A poco de asumir Raúl Alfonsín, cayó en la cuenta que era casi imposible plasmar en la realidad su slogan electoral de "con la democracia se come, se educa y se vive”, dada la desastrosa herencia recibida. El plan Martínez de Hoz había arrasado con la incipiente industrialización, y aumentado en cifras astronómicas la deuda externa. Además, se encontró con la cerrada oposición de dos corporaciones de peso: la Iglesia y los sindicatos justicialistas. Con el agregado de cerrar el doloroso episodio de la guerra sucia, el no tan sutil eufemismo con el que los heraldos negros procesistas disfrazaban al genocidio.
   "Los años que van desde 1983 y 1989 podrían ser muy esquemáticamente resumidos de la siguiente forma: el comprensible intento de eludir la ejecución de tan impopular como inevitable cometido. Luego, la tentativa de hacerse cargo del mismo cuando ya era tarde. Por fin, la acelerada descapitalización política. Esta tuvo lugar ante una oposición cuyas tendencias más obstruccionistas fueron incentivadas por los ingenuos intentos de hegemonismo que en su fugaz hora de gloria había desplegado el partido gobernante. Esa fragilidad instaura un clima de incertidumbre en el que el desmesurado poder adquirida por los operadores financieros, en una economía dolarizada al calor de una década de elevada inflación y fuertes desequilibrios fiscales, se revela nítida y dolorosamente en el estallido hiperinflacionario”. De visita a EEUU, unos periodistas le preguntan al flamante presidente Alfonsín sobre las medidas económicas a adoptar. Este, con tozudez galaica les responde que no sabe del tema y les indica que hagan lo mismo con Bernardo Grispun, su primer titular en esa cartera. Este no tuvo mayor suerte, puesto que debió ceder su puesto a Juan Vital Sourruille, quien se vio obligado a establecer el tristemente célebre Plan Austral. Sin embargo, la nueva moneda no pudo parar el desmadre y este tecnócrata también se vio obligado a tomarse el olivo. Juan Carlos Pugliese tampoco pudo, pero dejó en el recuerdo su frase célebre dirigida a los empresarios: "Les hablé con el corazón, y me contestaron con el bolsillo”. El bolsillo de millones de argentinos quedaría pelado luego de este fracaso mayúsculo, que desembocaría en la hecatombe de mayo de 1989, con saqueos y muertos incluidos, que precipitaría la salida de Alfonsín.


Oportunidad perdida

   "Es sobre todo relevante la magnitud de los costos sociales y políticos que conllevaron esos largos años de aprendizaje. Los primeros fueron disparados cuando la crisis de la gestión económica de la dictadura estalló en masivas devaluaciones que consumaron el 'ajuste externo' –indispensable para generar superávit en la balanza de pagos, ante el efecto combinado del alza de las tasas de interés internacional y el deterioro de los términos de intercambio-. Tras ese brutal comienzo, los costos sociales se profundizaron a lo largo de una década en que la estatización de la deuda exacerbó los desequilibrios fiscales, la posibilidad del sector público de financiar esos desequilibrios se fue reduciendo dramáticamente, y los precios domésticos mostraron una tendencia a ceñirse cada vez más estrechamente a la evolución del tipo de cambio. La inflación experimentada en consecuencia por la Argentina reconoce pocos antecedentes en el mundo, en su combinación de elevados índices durante lapsos temporales tan prolongados, y distribuyó los costos de aquel ajuste de modo muy desparejo, concentrando aún más regresivamente el ingreso.
    En cuanto a los costos políticos, se evidenciaron en el progresivo desplazamiento de los temas democráticos, que habían dominado la escena de la transición durante los primeros años de gobierno radical, y en la acelerada frustración de las expectativas que la sociedad había depositado en los partidos y en su propia participación en la vida política. Así como también en el fracaso de los nunca demasiado enérgicos intentos de los partidos por concertar entre sí una gestión cooperativa de la crisis, y en la interrupción del proceso de renovación del justicialismo. Este proceso, si bien había hecho posible la democratización interna de dicha fuerza., culminó en la consagración de un nuevo líder que reagrupó los heterogéneos componentes del movimiento nuevamente en torno a las orientaciones nacional-populistas, que aquella renovación había comenzado a poner en cuestión”.  Desde octubre de 1983 a junio de 1987, se vive un verdadero reflujo de la actividad política que se evidencia por una masiva participación popular y por afiliaciones masivas a los partidos tradicionales. Esto se cae primero con la claudicación de Semana Santa y el fracaso del Plan Austral. Lo primero trae aparejado los indultos, mientras que lo segundo es el inicio hacia el infierno de la hiper. La cafieradora, el fugaz intento liderado por Antonio Cafiero de renovar al peronismo desde dentro, es arrasada en las internas del 8 de julio de 1988 que consagran a Carlos Menem como candidato a presidente para las elecciones del 14 de mayo de 1989. Así se pierde una oportunidad magnífica, que desembocarían en 10 años de entrega del patrimonio nacional conjuntamente con la destrucción del aparato productivo superviviente y con la más brutal desarticulación del tejido social que se tenga memoria hasta el presente.

Fernando Paolella