El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuará la semana próxima exhibiendo elementos de prueba a las supuestas víctimas de espionaje ilegal llevado a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri; mientras continúa analizando otros incorporados al expediente en los últimos días tras una serie de allanamientos.

Con buena parte de la causa todavía bajo secreto de sumario, el juez Villena seguirá manteniendo el hermetismo mientras analice el producto de las medidas de prueba ordenadas, por ejemplo, sobre los penales de Ezeiza y Melchor Romero en los que se encontraron elementos que confirmarían que el espionaje ilegal también alcanzó a detenidos en esas cárceles.

El desfile de presuntas víctimas comenzó esta semana con los nombres de las dos personalidades políticas más trascendentes que incluye el expediente: a pesar de su rivalidad política, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta solicitaron ser tenidos por querellantes luego de que se les exhibieran fotos, videos y audios que darían cuenta que fueron espiados.

En los próximos días pasarán por el mismo escenario el ex intendente de La Plata Pablo Bruera y el titular del PJ de esa Ciudad Luis Lugones, que ya fueron advertidos por el juzgado de Lomas de Zamora acerca de que se estaba ordenando la información recolectada sobre ellos para que pudieran verla.

La tensión subirá, según estiman fuentes que siguen de cerca la investigación, cuando se sienten ante el juez el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex titular del bloque de legisladores de ese cuerpo por Cambiemos, Nicolás Massot; otrora piezas claves del entonces armado político oficialista que fueron perdiendo lugar la toma de decisiones de ese espacio.

Otros dos nombres fuertes de personas que serán convocadas a visitar los tribunales de Lomas de Zamora para conocer de qué forma habrían sido espiados son el del líder camionero Hugo Moyano y el de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En todos los casos, las supuestas víctimas del espionaje se reunirán con el juez y la fiscal Cecilia Incardona y podrán ver personalmente todo el material probatorio que el magistrado exhibe mientras explica sus puntos de vista apoyado en dos pizarras, según contaron quienes ya pasaron por ahí.

La tensión en el expediente comenzó a crecer en los últimos días a partir de los rumores de que podrían activarse detenciones preventivas a partir de dos hechos: por un lado, el rechazo a dos pedidos de eximición de prisión formulados por dos imputados y, por otro lado, el intento de confundir a los investigadores con la implantación de prueba falsa horas antes de que se efectuara el allanamiento el penal de Ezeiza.

Los imputados a los que les fue rechazada la eximición de prisión fueron dos ex agentes de la AFI, el abogado Facundo Melo y el policía porteño Leandro Araque: ambos se pusieron a derecho, nombraron abogado defensor y, en simultáneo, solicitaron ir a hablar a la Comisión Bicameral del Congreso que fiscaliza a los organismos de inteligencia.

De acuerdo a los elementos que hay en la causa, Melo y Araque serían parte del último eslabón de la cadena de responsabilidades de la supuesta organización criminal investigada por espionaje ilegal: se encargaban de la recolección de información.

Melo, además, fue sindicado por un narcotraficante que dijo haber sido contratado por él para cometer un atentado contra de un ex funcionario del ministerio de Defensa durante el gobierno de Cambiemos.

Desde el entorno de Melo y Araque señalaron que ambos están dispuestos a colaborar con la investigación, que realizaron tareas de campo como agentes de inteligencia y que respondían ordenes de superiores, en una cadena de mando que llegaría, al menos, hasta la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani.

El allanamiento al penal de Ezeiza generó tensión en el mundo penitenciario federal donde su ex titular, Emiliano Blanco, quedó envuelto en sospechas al igual que el renunciado director del área de inteligencia, Cristian Suriano: ambos dejaron sus cargos en el último mes.

El hallazgo de un "cableado" que daría cuenta de la instalación de micrófonos en los penales de Ezezia y Melchor Romero abrió una nueva puerta en el expediente: quienes estuvieron detenidos allí o aún lo están buscaran convertirse en querellantes en el expediente (como víctimas de espionaje); como tiene previsto hacerlo en los próximos días el empresario Lázaro Báez, según pudo saber la agencia de noticias Télam.

En esta causa se investiga "una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", según consta en el expediente.

"Algunas de las maniobras habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones", según se detalla en el fallo.

Por lo pronto, desde el juzgado se informó a una veintena de personas que habrían sido víctimas de espionaje ilegal, entre las que se encuentran también el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon; y el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun.