En las últimas horas trascendió la difusión de las actas del Libro de Protocolo de Resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (*) por parte de su titular Cristina Caamaño, lo cual ha puesto a la funcionaria al borde de la eyección de esa agencia.
No solo por el hecho de que ello podría “afectar intereses de la Nación”, sino porque se filtraron los datos personales de un centenar de espías y exagentes de inteligencia enviados al exterior oportunamente.
Ello ocurrió en el marco de la causa por espionaje ilegal a 24 dirigentes políticos, empresarios y gremialistas, que se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Ciertamente, según pudo saber Tribuna de Periodistas, detrás de lo ocurrido subyace la intención de la propia Camaño de hacer caer a Incardona. Pero el tiro le salió por la culata, ya que ahora es ella la que peligra en su cargo.
Con un adicional: al menos 20 agentes han decidido hacer juicio contra el Estado por haber sido puestos en riesgo al revelar sus identidades.
La primicia fue confirmada a este portal por dos mediáticos abogados, que han sido convocados por los espías.
“Es muy grave lo que sucedió, porque ahora quedaron expuestos, en temas complicados, algunos de narcotráfico. ¿Cuánto vale la vida de esos agentes hoy?”, opinó uno de los letrados.
Lo que plantea el profesional es claro y elocuente, porque han quedado expuestas más de 3.800 resoluciones de la AFI, con detalles de esas operaciones encubiertas.
La complicación de Caamaño refiere al hecho de que levantó el secreto de las actas donde aparecen los datos confidenciales a efectos de enviarlas al juzgado de Lomas de Zamora.
Sin embargo, también hay responsabilidad de los fiscales respectivos, porque fueron los que subieron esas resoluciones al sistema informático donde tenían acceso todos los abogados de la causa judicial.
Ello explica el contexto que llevó a la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora a emitir un comunicado intentando desvincularse del escándalo.
“Las defensas pidieron que se incorpore como prueba un listado con todas las resoluciones firmadas por Gustavo Arribas, durante su gestión como director de la Agencia Federal de Inteligencia. En consecuencia, se solicitó esa documentación al organismo que, previa desclasificación, remitió copias de un libro de actas de las resoluciones en cuestión, y se reservó en la Fiscalía junto con otros documentos relevantes”, comienza el documento.
Luego, puntualiza que “se cargaron los documentos en el sistema informático Lex 100 del Poder Judicial de la Nación, al que solo tienen acceso las partes de este expediente (…) Transcurridas unas semanas, el libro de actas llegó a manos de periodistas, quienes no estaban autorizados judicialmente a obtener dicho material”.
Ello, según el comunicado, “motivó que los fiscales que investigan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pusieran inmediatamente en conocimiento al juez, a quien le solicitaron se baje del sistema la copia digital de la documentación, la cual sólo estará a disposición de las partes en las oficinas de la Fiscalía”.
Y culmina despegándose de la cuestión: “Los fiscales pidieron que se intime a las partes a que presten especial cuidado en la protección de la información sensible que obra en todo el sumario”.
Como sea, el daño ya se ha hecho, ahora resta esperar qué ocurrirá con Caamaño, ya que ha sido puesta en su cargo por Cristina Kirchner.
De más está decir que se trata de una persona de su entera confianza... Al menos hasta hoy.
*Por pedido de la jueza María Romilda Servini, en un acto que este portal considera lisa y llanamente "censura", debió eliminarse el listado al que refiere la nota