Los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) quieren reflotar el instrumento de los contratos temporarios para reflotar el empleo caído. El tema ya se está estudiando en la central fabril con vistas a la salida de la crisis sanitaria. En la UIA se sabe que hay personas que hoy están en sus casas que no volverán más a sus trabajos.

En la Argentina existen dos clases de contratos laborales temporarios, que para los sindicatos se trata de contratos “basura”, que plantean conflicto con la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de ellos es el de Plazo Fijo, que pueden tener una duración de hasta 5 años con una indemnización del 50% al final el período. El otro es el contrato Eventual, que es el que permite a una empresa a incorporar un trabajador en reemplazo de otro que tuvo que salir por una cuestión inesperada. Por ejemplo, un tratamiento prolongado de una enfermedad. En un caso de ese tipo, ni el empleador ni el empleado tienen claro cuándo se concluirá la eventualidad.

En el caso de un contrato de Plazo Fijo si el empleador quiere usarlo tiene que justificar muy claramente en un contrato por qué va a contratar a esa persona por el plazo que indica el acuerdo. Tanto en uno como en otro, pasado el año de la relación laboral existe el riesgo para la empresa de judicialización. En la UIA sostiene que “hablar de esto con los sindicatos no se puede ahora, ponen el grito en el cielo”.

Lo que va pasando es que en la medida en que se termina la emergencia del COVID19 las empresas están retomando cada vez más la actividad pero eso no implica que crezcan de la misma manera las ventas. Una proyección hecha por el economista Emmanuel Alvarez Agis indica que con la flexibilización que dió el gobierno de la cuarentena, más del 70% de la industria ya se encuentra operativa, pero la circulación de personas por centros comerciales todavía es inferior a la mitad de la que había antes de la crisis.

Es decir, que las empresas están comenzando a enfrentar los mismos costos que tenían antes de la pandemia, pero con mucha manos venta. Uno de los costos que más le golpean es el laboral. “Hay muchas empresas que todavía tienen a mucha gente en sus casas pagando el salario. Hay personas de más de 60 años que está aislados, a los que se les sigue pagando y no se los puede reemplazar”, señaló un dirigente de la UIA de primera línea.

Lo que advierten los industriales es que el mercado laboral tiene una puerta de vaivén. Si se la traba de un lado, no se puede abrir del otro. Para ellos, la piedra que frena la incorporación de personas es la dificultad legal que tienen para despedir. El gobierno impuso una doble indemnización y prohibió los despidos. No obstante, según datos del Ministerio del Trabajo, en base a las planillas de la Seguridad Social, en plena pandemia con la prohibición de despedir hubo 315.000 puestos menos registrados. Lo que indica que aún así las empresas lograron reducir plantillas mediante acuerdos de renuncia con el pago de la indemnización correspondiente. Lo único que hizo la doble indemnización, desde el punto de vista de los industriales “es poner una piedra mas pesada en la puerta de vaivén”.

“Habrá que ir viendo mecanismos que puedan dinamizar el empleo”, señaló un industrial del sector de la entidad fabril más próximo al gobierno de Alberto Fernández. Lo que se plantea es una discusión con la CGT en en mediano plazo para ver si se pueden instrumentar contratos de trabajo temporarios que no impliquen un riesgo de judicialización. Los empresarios están atentos.

Si bien una reforma laboral podría ser un punto de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los analistas creen que por ahora no se incluirá en la lista de reformas, simplemente, porque no habría masa crítica política para aprobarla. Aunque si habría chances de llevar a cabo modificaciones parciales, sector por sector. Algo que podría tener el mismo efecto que una gran reforma, pero que sea políticamente viable para el peronismo.