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La violencia de algunos empleados de la Municipalidad de Córdoba en protestas del Suoem dio lugar a muchos debates. Uno de ellos, es por qué la Municipalidad de Córdoba no puede sacarse de encima empleados de ese tipo, como puede hacerlo cualquier empresa, en todo caso pagando la indemnización de un despido sin causa. Listo. Chau. La cuestión quedó expuesta cuando el intendente, Martín Llaryora, exoneró al empleado que en una marcha había apuntado a personas con un mortero.
Los concejales de la oposición se negaron a apoyar esa exoneración. A mí me pareció que actuaban más como abogados del Suoem que como abogados de los vecinos, que pagan impuestos altísimos para sostener ese paraíso de sueldos altos y baja productividad en el que viven muchos municipales, en una ciudad decadente y atrasada.
Según ellos, el intendente no puede echar a nadie si antes no completa los eternos sumarios administrativos que la misma burocracia del Suoem debe completar y si no logra sentencias judiciales firmes contra el exonerado. Hasta ahora fue así. Por eso es casi imposible echar a un municipal. Así, los empleos municipales se transforman en puestos, una propiedad de cada empleado, que nadie les puede sacar, trabajen o no. El salario se transforma en una renta. En lugar de cobrar la renta de un departamento, cobrás la renta de tu puesto. Es una visión patrimonialista del Estado.
Para demostrar que no son abogados del Suoem, los concejales Olga Riutort y Juan Pablo Quinteros dijeron que iban a promover cambios al estatuto laboral. Bueno, lo hicieron. Pero resulta que los cambios que proponen, lejos de atacar los privilegios, profundizan esta visión de que el municipio pertenece a los empleados.
Es cierto que Quinteros y Riutort agregan la destrucción de patrimonio municipal, el no pago de cuotas alimentarias o el incumplimiento de tareas de teletrabajo como causas para iniciar un sumario. Pero toda esa maquinaria burocrática donde mueren los sumarios no se toca.
En cambio, agregan una novedad: si alguna vez un empleado o una empleada municipal fuera despedido o despedida porque la Justicia lo o la condena por ejercer violencia de género (no precisa contra quién, podría ser alguien extrafamiliar), entonces su cónyuge o sus hijos o cualquiera que muestre depender del echado va a tener derecho a ser colocado en un puesto municipal sin de selección ni nada.
La verdad, es asombroso. Está todo bien con proteger a las víctimas de violencia, ¿pero por qué sólo a las que sean víctimas de empleados o empleadas municipales? ¿Por qué no proteger a las víctimas de otros violentos o violentas, que no son empleados municipales? También son vecinos de la ciudad y también pueden quedar sin sustento si quienes los violentan son condenados por la Justicia.
Claro, sería una desmesura hacer eso porque si la Municipalidad le diera un empleo a todas las víctimas de violencia de la ciudad de Córdoba no habría presupuesto que alcance.
Pero entonces ¿por qué hacer eso sólo con algunos vecinos y vecinas cuya única diferencia con los demás es que el violento/a que los ataca es un empleado municipal?
O sea, aún en el supuesto de que la Municipalidad echara a un violento, seguiría privilegiando con fondos públicos a un grupito privado, en este caso a la “familia municipal”, perpetuando, agravando y agrandando los privilegios de una corporación que ya hace demasiados años se apropió de la Municipalidad de Córdoba.
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