La exhibición de ineptitud que hizo el gobierno de Alberto Fernández para organizar un velorio no debe llevar a confusión. Hay otras cosas que el gobierno sigue haciendo, muy bien, sin descansar un segundo y sin errar un solo bochazo.

Estamos hablando de las distintas medidas para colonizar la Justicia y garantizar la impunidad. Ya jubilaron jueces casi de prepo y designaron reemplazantes del palo, usaron el coronavirus para sacar de la cárcel a condenados firmes como Amado Boudou, forzaron demoras procesales lo suficiente como para que Lázaro Báez pudiera mudarse a un country, armaron una comisión de expertos integrada por los abogados de Cristina Fernandez para que recomiende meterle un subtribunal a la Corte y otras cosas que le gustan al Instituto Patria, presionan para trasladar jueces que intervienen en causas donde se investiga a Cristina y ya buscan un juez amigo que declare inconstitucional la ley del arrepentido para voltear la causa de los cuadernos, entre tantas otras cosas destinadas a domesticar el sistema.

Sin embargo, mientras unas decenas de barrabravas en chancletas le usurpaban la Casa Rosada, el presidente tuvo tiempo para mandar al Senado el pliego del juez hiper K Alejo Ramos Padilla para colocarlo como juez federal 1 de La Plata, que es el que tiene competencia electoral federal en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es el que puede dificultar que alguien se presente a elecciones o decidir si una elección fue limpia o no en el mayor distrito electoral del país. Ramos Padilla, además de procesar al fiscal Carlos Stornelli, acusador de CFK en la causa de los cuadernos, tuvo una larga actuación contra el macrismo. Como cuando buscó trabar aumentos tarifarios del macrismo, iguales a los que se apresta a imponer ahora Alberto Fernández.

No fue lo único.

En el Senado, los empleados de Cristina Fernández dejaron todo listo para que los senadores reduzcan la autonomía y la independencia del jefe de los fiscales (el jefe de quienes acusan a CFK y los suyos).

La bancada K sacó con fritas la ley por la que el procurador general de la Nación ya no va a tener que ser elegido por dos tercios sino solo por la mitad más uno. En lugar de 48 senadores, Cristina va a necesitar sólo 37 para nombrar al tipo que es jefe de quienes deben investigarlas.

Lo dicho. Cuando las cosas realmente le importan, el kirchnerismo casi nunca comete errores.