El Gobierno nacional implementa medidas que van del lado opuesto a lo que la Argentina necesita. Con una crisis económica que se profundiza a ritmos acelerados no entran inversiones, se fustiga al sector privado y continúan las peleas con los Gobiernos vecinos.

El último de estos casos tiene que ver con el desencuentro entre el presidente Alberto Fernández y su par uruguayo Luis Lacalle Pou, mientras el jefe de Estado argentino continuó con el relato, del otro lado del Rio de La Plata aseguran que se contará hasta 1000 antes de responderle a quien ocupa el Sillón de Rivadavia.

Con respecto a Jair Bolsonaro, Alberto Fernández pasó seis meses sin hablarle desde el 10 de diciembre de 2019, día en el que asumió la primera magistratura. Se trata del distanciamiento más prolongado luego de la llegada a la democracia en Argentina en 1983 y en Brasil en 1985.

Para colmo llegó a decir que su par brasilero era un “misógino” y un “violento”. ¿Cuál es la necesidad de pelearse con países vecinos que pueden beneficiar a la Argentina a través del comercio? ¿Por qué un presidente, que representa a todo un pueblo, se enrosca en discusiones personales?

Ello puede denotar dos cosas, o falta de experiencia política, o cinismo liso y llano con el propósito de continuar con el relato kirchnerista.

Para colmo, Argentina decidió salirse del Grupo de Lima tras el rechazo del resto de los países a Venezuela. Sin bien parece que la idea central no fue respaldar al Gobierno de Nicolás Maduro, lo cierto es que Cancillería anunció que “aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes no han conducido a nada”.

De allí proviene el temor de que Argentina se parezca al país caribeño con la economía más afectada de todo América, los más escandalosos actos de corrupción y un nivel de cerrazón pocas veces visto.

Nadie invierte en un país de tales características, todo lo contrario teniendo en cuenta que el sector privado está completamente quebrado y el éxodo venezolano, según la ONU ya alcanzo a casi 5 millones y medio de personas, aunque el propio Maduro asegura que son apenas 600 mil.

Pero si de inversión se habla, ¿Quién inyectaría dinero en un país cuyos dirigentes aseguran no tener plata para pagar deuda, que fustiga al sector privado y que cobra la mayor carga impositiva de la región?  

Para colmo hay un Gobierno que permanece ausente ante los avasallamientos del secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano a quien el propio presidente lo tildó de “ejemplar” y que terminó, en parte, con la salida de Mercado Libre del país, siendo que emplea en blanco a unas 6 mil personas.

Hoy Moyano impone su propia ley que, en términos básicos, se trata de la cesación de empleados de grandes empresas, con indemnización y recontratación asegurada. Una verdadera locura nunca antes vista.

Es lo que pasa hoy con empresas como Walmart y Garbarino, pero no son las únicas perjudicadas. Como ya se contó mediante Tribuna de Periodistas, algunas PyMEs también han sufrido problemas con este gremio. 

El dato que resulta altamente llamativo es que nadie del Gobierno salió a cuestionar la actuación de Camioneros, ni siquiera cunado desobedecieron a la justicia en el marco de un bloqueo al Parque Industrial Ader en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.

“Decile al juez que vamos a seguir y que no la complique”, fue la respuesta que un camionero le brindo al fiscal Alejandro Musso al momento de hacer lectura de la resolución del juez Esteban Rossignoli que exhortaba el desalojo. En el Gobierno silencio absoluto.

Tampoco puede olvidarse cuando se quiso expropiar Vicentin por una cuestión meramente partidaria, con el fin de dejar mal parada a la gestión del ex presidente Mauricio Macri que, si bien fue perniciosa, no quita la mala imagen que ello exporta al mundo sobre el país.

Asimismo la lucha del oficialismo contra el campo, aquel sector que aporta ingentes cantidades de divisas y con el cual la vicepresidenta Cristina Fernández quedo atragantada tras el derrotero de la 125.

¿También puede mencionarse el impuesto a las grandes fortunas? Se trata de aquel impuesto que los economistas especializados señalan como confiscatorio.

A esta altura, de más está decir que, de continuar el Gobierno por el mismo camino, difícilmente la Argentina pueda tener alguna recuperación económica sostenida en el tiempo.

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