“La Cámara de Diputados de la Nación DECLARA: Expresar su beneplácito por la decisión tomada por el Gobierno Nacional de cancelar el acuerdo que la República Argentina mantenía con el Reino Unido de Gran Bretaña para la exploración y explotación de hidrocarburos en una zona aledaña a las Islas Malvinas. Dicho acto no hace más que reafirmar la coherente política de defensa de nuestra soberanía y recursos naturales que lleva adelante el Gobierno Nacional a través de su Cancillería. FUNDAMENTOS
    Señor presidente: El martes 27 de marzo del corriente año, el Gobierno Nacional resolvió cancelar el acuerdo que nuestro País mantenía desde 1995 con el Reino Unido de Gran Bretaña, firmado oportunamente por el Presidente Carlos Saúl Menem. Este convenio revocado, es la Declaración Conjunta argentino-británica sobre cooperación aguas afuera, para la exploración y explotación de hidrocarburos. Tal como lo expresó el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana: "no tuvo ventaja alguna para nuestro país, exponiéndolo, por el contrario a continuas medidas unilaterales ilegitimas por parte del Reino Unido, que está explorando áreas de la plataforma continental Argentina. La medida adoptada le resta seguridad jurídica a las concesiones unilaterales e ilegales que vienen otorgando los Kelpers, alguna de ellas tan increíbles como licencias de pesca por un plazo de hasta 25 años. Este convenio estuvo signado desde su inicio por un DESACUERDO entre Argentina y el Reino Unido. Para nuestro país el ámbito de aplicación era de 430.000 kilómetros cuadrados mientras que para ellos era de 21.000. A pesar del desacuerdo los isleños siguieron concediendo áreas de exploración al norte sur y este de las Islas Malvinas. Por otra parte, la Secretaria de Energía emitió una resolución mediante la cual se prohibirá la inscripción en el registro de empresas petroleras a las que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarboníferas en la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación emitida por nuestro país”.
    Quienes firmaron esto, no se imaginaban probablemente que, algunos meses después, Gran Bretaña haría conocer su pretensión de aumentar su área de influencia en el Atlántico Sur hasta 563 Km.: “Según el diario británico The Guardian, Gran Bretaña se apresta a registrar su reclamo ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, en un intento por conseguir una nueva lectura legal para la actual política internacional de las aguas. La decisión británica fue confirmada por un vocero de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, quien aseguró que su país “está considerando lo posibilidad de hacer una presentación ante las Naciones Unidas” sobre los límites de la plataforma continental alrededor de las Islas Malvinas, pero que todavía “no se ha tomado esa decisión”, según un artículo escrito por María Laura Avignolo, del domingo 23 de septiembre.


Crónica de un despojo

    Mirando con interés ambas informaciones, probablemente tengan poco impacto al no analizarlas dentro del contexto de la historia reciente. Pues ambas se entroncan con un infausto acontecimiento, consecuencia directa de la derrota militar en 1982, acaecido en 1990. Ese año, el presidente Carlos Menem y el entonces ministro de Relaciones Exteriores Domingo Cavallo, suscribieron en Madrid la denominada “Declaración conjunta de las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido”, el 15 de febrero de ese año: “El artículo séptimo (7°) del Tratado a la “BILATERALIDAD” de las Fuerzas Armadas Argentinas y Británicas adiciona otra “BILATERALIDAD ECONOMICA” para la explotación pesquera entre el paralelo 45 S y el paralelo 60 S (aproximadamente la zona marítima que se extiende desde Puerto Camarones en la Provincia del Chubut hasta las Islas Orcadas en la Antártida). Las operaciones de las flotas pesqueras británicas y argentinas intercambiarán informaciones, estadísticas y evaluaciones sobre la fauna ictícola en esa región. Así el alimento que debería proporcionar la fauna marítima a los argentinos será compartido con Gran Bretaña. Nuestro país se aviene a compartir una vasta extensión alimentaria que le pertenece con la Potencia Extracontinental con la cual ha estado en guerra hace menos de una década y de la cual ha debido soportar las consecuencias de Tratados Económicos Leoninos. Todo esto también se concede y acepta sin ninguna contraprestación del Reino Unido. Es decir, la Argentina adhiere a todo a cambio de nada.
    Mientras tanto la población argentina nativa víctima de un sostenido genocidio económico provocado por la perversidad de sus gobiernos ha de seguir con la humillación miserable de alimentarse a través de la caridad Estatal. Con cajas del “Plan Alimentario Nacional” o con “Bonos de Solidaridad”. Con limosnas. No con derechos. El artículo octavo (8°) para otorgar permanencia a la “BILATERALIDAD DE LAS FUERZAS NAVALES Y AEREAS”, con exclusión del EJERCITO ARGENTINO, y a la “BILATERALIDAD ECONOMICA PESQUERA” organiza un “Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur”. Esta es una administración del condominio que ha sido formado entre Gran Bretaña y la Argentina a expensas del pleno dominio que nuestro país, como Nación Independiente –en virtud del Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816- debe tener sobre su territorio y mar continental como corresponde a todo Estado Soberano dentro de la Comunidad Internacional. El artículo noveno (9°) adiciona otra “BILATERALIDAD” referida a posibilitar las comunicaciones argentinas y los actos comerciales entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental Argentino. De esta manera, mientras el desplazamiento de los argentinos nativos dentro del país se aumenta por los “tarifazos”, el aumento semanal de los combustibles, el levantamiento de los ramales ferroviarios y el pago de peaje sobre rutas y caminos ya construidos, se promueven las relaciones comerciales con los usurpadores. Es de observar que si los pocos habitantes de Malvinas son considerados “argentinos” han de estar liberados del pago de impuestos aduaneros por los productos británicos que ingresen a los puertos patagónicos. Con esto la población artificial de los kelpers aberrojados en las Malvinas con el carácter de cuidadores de la usurpación han de constituirse en argentinos liberados de contribuciones aduaneras. Con esto la “Bilateralidad Comercial Anglo-Argentina” será otro elemento multiplicador de los perjuicios que desde 1976 vienen soportando los productores argentinos. En síntesis: aunque los kelpers no votaron en las elecciones del 14 de mayo de 1989, THIS IS THE PRODUCTIVE REVOLUTION IN THE FALKLAND ISLANDS. Para que todas estas cesiones de derechos territoriales y económicos hechas a título gratuito no exhiban su brutal naturaleza de sumisión a la LEY DEL VENCEDOR EN LA GUERRA DE MALVINAS, el artículo décimo (10°) introduce en el Tratado un eufemismo sentimental. Es tal el derecho de visita por parte de los “familiares directos” al cementerio donde reposan las osamentas de los héroes argentinos de la Guerra de 1982. Todo un sarcasmo que manifiesta la omnipotencia sin concesiones de la fuerza bestial con que el Imperio Británico mantiene su hegemonía. Al mismo tiempo un mensaje disuasivo para las Fuerzas Armadas Argentinas que intenten quebrar –en el continente o en el archipiélago- la nueva sociedad bilateral anglo-argentina.
    En el artículo decimoprimero (11°) se determina perfeccionar la “bilateralidad” por medio de un Acuerdo General de Cooperación. El artículo decimosegundo (12°) extiende esta singular sociedad Anglo-Argentina a las actividades propias del Gobierno Argentino en el territorio continental, esto es dentro de la superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados, que es la extensión de tierra que abarcan las veintidós (22) Provincias Federales. En este aspecto, elevando al rango de política económica internacional, lo establecido en la Ley de Privatizaciones N° 23.696 (mal denominada Ley de Reforma del Estado) este artículo establece la “PROTECCION RECIPROCA” de las inversiones privadas. Al parecer tales inversiones serán cuantiosas por parte de Gran Bretaña, dado que se proyecta en este artículo un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones del cual por supuesto se hallan excluidos otros países. Con esto se ratifica una vez más el Tratado Anglo-Argentino del 2 de febrero de 1825 que en su artículo IX adjudica a los intereses británicos la “cláusula de nación más favorecida”. Con esta estipulación no se pueden otorgar a otros terceros países o a sus habitantes prerrogativas que no se adjudiquen a los británicos (8). De esta manera Inglaterra muy pronto podrá exhibir una cifra como la que tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial: el 50% de sus inversiones de capital se hallaban radicadas en la Argentina (9).
    El artículo decimotercero (13°) introduce otro elemento de “BILATERALIDAD” que virtualmente incorpora todo el territorio argentino al territorio del Imperio Británico. Por este artículo se suprime la exigencia de visación para el ingreso de los súbditos ingleses a la Argentina. Es obvio que esto conlleva a una reciprocidad. Empero, una pregunta elemental cabe formularse:¿Qué sentido tiene esta franquicia en un momento en que los argentinos padecen inanición y sus empresas están todas en quiebra? ¿O es que se posibilita a los británicos la visita de inspección a los despojos patrimoniales –estatales y privados- que podrán adquirir por valores irrisorios? El artículo decimocuarto (14°) crea otra “bilateralidad” de actividad anglo-argentinas. Está referida a una situación conjunta en las “instituciones internacionales” para proteger el medio ambiente. Esta nueva “bilateralidad” ha de ser considerada con la “bilateralidad” en la represión del Tráfico de Drogas a que se refiere el artículo decimoquinto (15°). Este artículo no especifica si la República Argentina podrá combatir el Narcotráfico a través de una acción conjunta con otros países tal como lo determina el “MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE DROGADICCION” firmado con los Estados Unidos de Norte América el 15 de febrero de 1972 y ratificado por Decreto del Presidente Juan Domingo Perón N° 1495 de fecha 14 de mayo de 1974.
    Finalmente todas estas “bilateralidades” anglo-argentinas referidas a tantas cuestiones eclosionan en una bilateralidad absoluta y excluyente en materia de Política Exterior Argentina. El artículo decimosexto (16°) expresa que la actividad del FOREIGN OFFICE y del PALACIO SAN MARTIN (Ministerios de Relaciones Exteriores de Inglaterra y la Argentina respectivamente) se efectivizarán por medio de “consultas por la vía diplomática sobre los procesos de integración en curso particularmente los de la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y AMERICA LATINA”.
    Este texto tan claro nos exime de otros comentarios. Al postulado latinoamericano de Perón en cuanto a que “el año 2000 nos encontrará unidos o dominados”, este extraño documento cuyos autores se empecinan en no denominarlo “Tratado”, lo reemplaza por un hecho consumado. “El año 2000 nos encontrará unidos o dominados”.
    Finalmente el artículo decimoséptimo (17°) para que lo acordado por este documento tenga el carácter de Tratado obligatorio para terceros Estados, determina lo siguiente:
    “Ambos Gobiernos enviarán conjuntamente el texto de la presente Declaración y de sus Anexos al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea distribuido como Documento Oficial de la Asamblea General y Consejo de Seguridad”.
    “El Reino Unido comunicará esta DECLARACION CONJUNTA a la Presidencia y a la Comisión de la COMUNIDAD EUROPEA”.
    “La República Argentina hará lo propio con la Organización de Estados Americanos”.
    CONCLUSIONES: La bilateralidad de la política militar; la bilateralidad de la política exterior y la bilateralidad de la política económica que impone este Tratado determina el reemplazo de la República Argentina Independiente por una virtual Confederación Anglo-Argentina. Incuestionablemente hemos quedado a los pies del león como lo destacó muy bien un matutino porteño.
    La política económica de vaciamiento del patrimonio del Estado vendiendo por la décima parte de su valor las empresas de servicios públicos, la política económica de vaciamiento del patrimonio de los particulares –azotados por impuestos y gravámenes confiscatorios- y la política salarial de despojo absoluto de los salarios y jubilaciones constituyen lisa y llanamente el pago de la indemnización de guerra que nos impone Gran Bretaña para resarcirse de los gastos de la guerra de Malvinas.”, según un informe elaborado por el especialista en relaciones internacionales Julio González.
    Otro frente de tormenta internacional para este gobierno timorato, que es arrollado por los acontecimientos heredados de una política de pantalones caídos, la cual avaló en su momento sin chistar.

Fernando Paolella