En medio del alucinante caos en que hemos convertido la realidad nacional, donde una PresidenteVice está siendo juzgada por comandar una asociación ilícita creada para saquear al país y un líder subversivo reivindica públicamente el terrorismo, resulta lógico preguntarse qué país queremos y, sobre todo, cuál será el que conseguiremos dejar en herencia. Esta misma semana, el panorama general dejó algunos penosos ejemplos que justifican dudar acerca de qué, realmente, podremos lograr cuando nos toque volver a votar y logremos desalojar a los ladrones que nos gobiernan.

Nadie duda ya del pavoroso cuadro que todos los análisis pintan respecto al profundo deterioro, casi terminal, de la educación en nuestro país, con tantos chicos excluidos de las escuelas por la pobreza, la falta de capacidad y la ausencia permanente de los docentes, amén de la carencia de conectividad en los hogares humildes durante la tan malsana “cuareterna” que impuso el Gobierno. En ese marco, el principal sindicato de “trabajadores de la educación”, CTERA, conducido por el nefasto Roberto Baradel, profundizó el drama al decretar una huelga nacional para respaldar a uno de sus representantes, condenado por la Justicia por incendiar la Legislatura de su provincia. O sea, dejó sin clases –y, en muchos casos, sin comer- a millones de niños por defender a un delincuente.

En paralelo, tampoco ignoramos el monumental déficit que conlleva la operación de Aerolíneas Argentinas, “su (de La Cámpora) compañía”, que llega a una cifra de US$ 800 millones por año. Y eso a pesar de cerrar los cielos y hasta el aeropuerto de El Palomar y perseguir y expulsar del país a las empresas “low cost” para evitar su leal competencia, que tantos beneficios habían llevado a todos los argentinos por la gran vinculación que permitieron entre las provincias sin necesidad de pasar por Buenos Aires. La cantidad de pilotos por avión apto para volar que mantiene la empresa supera en mucho a esa relación en todas las líneas aéreas del mundo, y los salarios que aquí se pagan son tan elevados que resultan obscenos en comparación con el resto de la población.

El Poder Ejecutivo, acosado por una crisis económico-social a la cual no parece encontrar salida, anunció -sin detalles- que recortaría el gigantesco gasto público que él mismo ha llevado a las nubes y que, ante la falta de fuentes genuinas de financiación, pretende compensar con una emisión de moneda ya fuera de control. Ante ese potencial peligro para sus ansias de rapiña, el desmadrado Pablo Biró, que comanda el gremio de los pilotos, APLA, avisó que decretará nuevos paros si ese inevitable ajuste afectara a sus insólitos privilegios, privando –como siempre en épocas de gran tráfico aéreo- a la población del derecho a viajar.

Y el último de los pantallazos, sin duda el más grave, que complican aún más el panorama de esta trágica Argentina, fue la celebratoria presencia de tantos y tan poderosos representantes de la “patria contratista” en la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía. Ese coro tan festivo de pescadores en bañaderas y cazadores en zoológicos augura que, por delante, tenemos todo el pasado nacional –gracias, Jorge Luis Borges- que nos empobreció por generaciones, ya que sin duda se beneficiarán de la arbitrariedad con la que los funcionarios corruptos deciden temas tan relevantes como las tarifas eléctricas y de gas, las inversiones en litio, el acceso a divisas a precio oficial, los contratos de “dólar futuro”, etc., etc..

Son aquéllos a quienes cabe a la perfección el calificativo de “expertos en mercados regulados”, con el cual Repsol justificó la “venta” del 15% (+ 10%) de YPF a los Eskenazi, claros testaferros de los Kirchner que lo único que sabían de la industria petrolera cargar combustible en sus automóviles, sin poner un centavo. La operación resultó tan gravosa para la Argentina que le costó el autoabastecimiento energético, del cual derivó la necesidad de importar gas que, a su vez, produjo –además de muchos negocios turbios- un fenomenal drenaje de reservas del Banco Central y, finalmente, es causa de la inflación que nos destruye.

Cuando digo que fue gravoso me refiero, claro, no sólo al precio que pagó Axel Kiciloff (US$ 10.000 millones) a la empresa española después de haber asegurado, pública y registradamente, que sería ella quien debería pagar al Estado por los daños ambientales que había producido durante su administración de la compañía, sino que la expropiación del 51% de YPF, que aún pertenecía a Repsol, se hizo violando el estatuto social, que obligaba a quien tomara el control ofertar por el resto del paquete accionario. Eso es lo que está en juicio en los Tribunales de Nueva York, al borde de una sentencia que podrá resultar contraria a los intereses nacionales por un monto que oscila entre US$ 5.000 millones y US$ 20.000 millones; sospecho (así lo escribí y fue profusamente publicado hace siete años) que, detrás de esos “fondos buitres”, está la propia familia bi-presidencial.

En resumen, y dada la situación en que el Gobierno está condicionando gravemente el futuro a través de un impagable endeudamiento en pesos,  que se ha transformado en una inmensa bola de nieve que crece a razón de billones por mes, y hasta rapiña los encajes de los depósitos en dólares de los particulares, cierro esta nota con la pregunta del título: con este estado de cosas, con la anomia que reina en el país, con el geométrico crecimiento del narcotráfico, con el 50% de la población bajo la línea de pobreza y con los incontrolados y múltiples planes sociales clientelistas, ¿es viable esta Argentina en democracia o deberemos refundarla?