Suceden hechos extraños en torno al millonario negocios de los peajes viales. Desde sindicalistas pidiendo que aumenten las tarifas que pagan los conductores en vez de reclamar por mejores salarios en negociaciones paritarias hasta abogados del Estado que presentarán nuevas pruebas para reactivar una causa en la Justicia Federal por presuntas irregularidades en la extensión de la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste.

Además de estos acontecimientos hay que anotar los poderosos nombres propios de los protagonistas involucrados en estas discrepancias por las concesiones.

La familia Moyano que va contra los funcionarios que responden al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el caso de la Autovía 2 y, el tándem, Alberto Fernández-Gabriel Katopodis frente a la dupla -política-futbolera de Mauricio Macri- Florentino Pérez, en el expediente que se analizan los contratos por los Accesos Norte y Oeste.

La diplomacia del fútbol, muy activa en tiempos de la administración de Cambiemos, vuelve a estar presente para comprender las críticas señaladas públicamente por el Presidente y su ministro de Obras Públicas.

Macri y Florentino Pérez tienen una vieja amistad desde los años 90, que luego reforzaron cuando coincidieron como presidentes de Boca y el Real Madrid.

Esta sintonía fina posibilitó que en el año 2018 se alcanzaran, rápidamente, acuerdos para renegociar el contrato de las concesiones de las autopistas de los accesos Norte  y Oeste con las compañías Autopistas del Sol S.A. y con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que vencían en el año 2020 y que la administración de Cambiemos decidió alargar hasta el año 2030.

Este hecho fue calificado como “inaceptable” por los abogados del Estado consultados por NA que responden al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, cuya función es la de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicios y dirigir el cuerpo de abogados estatales.

El letrado consultado aseguró que “...lo expresado por el ministro Gabriel Katopodis es absolutamente cierto. Los contratos con Ausol y GCO son distorsivos y generaron un enorme daño económico al Estado y a los usuarios”.

Con respecto al perjuicio a los usuarios de los accesos, funcionarios de Vialidad sostienen que “...según los contratos rubricados con Albertis, la empresa central de Florentino Pérez, en algunos peajes los automovilistas deberían estar pagando cerca de 1.800 pesos para circular, por las obligaciones de actualización que figuran en el contrato”.

Un acuerdo catalogado de “escandaloso” por Alberto Fernández que aspira que el juez de la causa, Julián Ercolini, incorpore nuevas pruebas que aportará su gobierno para lograr la nulidad de los contratos.

A la declaración testimonial de la funcionaria de carrera, Julieta Lucila Ripoli, ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional que dio detalles de funcionarios macristas que llegaron a Vialidad, en ese tiempo conducida por Javier Iguacel, se sumarán pruebas contables que intentarán probar que "los decretos 607 y 608 del año 2018 permitieron un ajuste del 8% anual en dólares que le permitieron a las dos empresas concesionarias obtener una rentabilidad extraordinaria”.

Los ex funcionarios de vialidad de Cambiemos sostuvieron que “los decretos tenían por objeto la cancelación de una deuda del Estado Nacional por montos superiores a los 2.000 millones de dólares entre las dos autopistas que hubiera terminado con un litigio millonario contra el Estado”.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner. Les dijimos esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de US$2.000 millones. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, explicó Javier Iguacel, actual intendente de la localidad de Capitán Sarmiento en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto de intereses de funcionarios bajo sus órdenes en la oficina de Vialidad durante el anterior gobierno fue desestimado por Iguacel que, en declaraciones al diario La Nación, sostuvo, “...había personas que estuvieron trabajado muchos años atrás ahí, (en empresas concesionarias) es verdad, pero no tenían algún interés o algo como si lo tiene Pablo Moyano, porque estamos acostumbrados a gente así”.

Los Moyano y su crisis con Kicillof por la autovía 2

Aumentar los peajes en una cifra cercana al 125% entre los meses de diciembre y marzo próximos no alcanzó para calmar la furia de la familia Moyano contra uno de los funcionarios más cercano al gobernador Axel Kicillof.

Voceros de la familia gremial aseguraron a NA que “para superar el conflicto entre el Sindicato de Peajes con la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) es necesario que Ricardo Lissalde se vaya de la empresa provincial”.

Lissalde, que se desempeñó como diputado provincial del Frente Renovador y hoy jura lealtad a Axel Kicillof, fue denunciado en redes sociales de cometer irregularidades en actos administrativos y de ser un maltratador según se lee en un tweet de Facundo Moyano.

Se habla de desplazamientos injustificados de directivos de AUBASA y Moyano, además, criticó a la gestión bonaerense por “la negligencia e impericia del gobierno provincial que no solo destruyó una empresa, sino también un sistema”.

Al respecto, la crítica principal del fundador del Sindicato de Peajes, se debe a que no se aumentan las tarifas que pagan los usuarios por utilizar las autovías.

Para justificar una huelga de siete días de mediados de septiembre en las que se levantaron las barreras y le generó a la Provincia de Buenos Aires una pérdida de recaudación cercana a los 140 millones de pesos, Facundo Moyano, afirmó, “Acá se está aniquilando una actividad, no solo destrozan una empresa sino también destrozan la actividad. El problema de fondo es que tienen una tarifa insignificante, porque hacen populismo barato con la tarifa”.

La respuesta parece haber llegado recientemente, porque el viernes 25 de septiembre, el gobernador Kicillof decidió avanzar con la actualización de los cuadros tarifarios de las rutas del sistema vial atlántico y de la autopista La Plata-Buenos Aires que comenzará en diciembre con un primer recargo del 90% que se sumará al ajuste del 50% que rige desde agosto y para marzo se aguarda otra “readecuación” tarifaria del 35%.

Traducido a los bolsillos de los automovilistas esta medida significará que el peaje para los autos en las estaciones de Dock Sud y Hudson de la autopista Buenos Aires- La Plata aumentará de $60 a $100 en diciembre y a $130 en marzo. En tanto, en la autovía 2, la tarifa en las cabinas de Samborombón y Maipú que deberán abonar los usuarios se elevarán de $180 a $350 en diciembre y luego a $450 en marzo.

A pesar de estos ajustes Florencia Cañabate, la titular formal del Sindicato de Peajes, insiste con el desplazamiento de Ricardo Lissalde.

Y, en esa cruzada no está sola. Este fin de semana se sumó a la demanda de renuncia de Lissalde el Sindicato de Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano. El viernes 25 realizaron un primer paro de los 30 trabajadores de su gremio que prestan servicios en las 12 grúas de la autopista La Plata- Buenos AIres, la autovía 2 y las rutas 11 y 74.

De esta manera, la presión sobre el funcionario de Kicillof va en aumento teniendo en cuenta el paro por tiempo indeterminado al que ha convocado la secretaria general, Florencia Cañabate.

Cañabate, que sucedió a Facundo Moyano en la dirección del gremio, ingresó como cajera en Autopistas del Oeste, en 2007, y dos años más tarde fue elegida delegada. La reeligieron durante cinco mandatos hasta que se incorporó en la comisión directiva del sindicato. A fines de 2021, asumió la conducción nacional del gremio luego de ser electa con lista única.

Sin embargo, Facundo Moyano continúa siendo la persona de interés a la hora de negociar con el sindicato y la relación con Kicillof no ha hecho más que empeorar en las últimas semanas.

Hubo un encuentro, tenso, entre los dos políticos durante el cual se levantaron las medidas de fuerza, pero la ratificación de Lissalde en su cargo, volvió a tensar las negociaciones hasta un peligroso punto de no retorno.

Fuentes del sector explicaron a NA que “detrás de esta pelea mediática hay intereses gigantescos que van desde concesiones menores, como el corte del césped de la autovía 2, pasando por el requerimiento de mayores funciones para el representante gremial en el directorio de AUBASA, hasta la idea de estatizar las concesiones de las autopistas para que el gremio que conducen Moyano y Cañabate tengan un porcentaje societario”.

Lo cierto es que, éste último punto, tiene un antecedente en el proyecto de ley que presentó Facundo Moyano en la última semana de julio pasado para crear una nueva empresa estatal denominada Autopistas Metropolitanas SA (AUMET) que tendría como objetivo hacerse cargo de los dos accesos capitalinos que controla el grupo privado español Abertis. Efectivamente, los mismos corredores viales puestos en entredicho recientemente por el Presidente Alberto Fernández y su ministro, Gabriel Katopodis.

La letra de ese proyecto indica que el paquete mayoritario estaría en manos de los ministerios de Obras Públicas y Transporte con el 35% de las acciones cada uno, quedando la porción restante repartida entre Vialidad (13%), el gremio de los peajistas (7%) y un operador privado seleccionado por medio de una licitación pública, el restante (10%).

Es en este proyecto de ley donde los intereses aparentemente divergentes por las autovías en cuestión se cruzan y encuentran un sentido único de dirección que, por el momento, está lejos de concretarse.