El día 16 de diciembre de 2007, poco después de que los medios de información dieran cuenta de la acusación del fiscal norteamericano Thomas Mulvihill de que el dinero ingresado por la valija venezolana de Antonini Wilson estaba "destinado a la campaña de Cristina Kirchner", Tribuna de periodistas aseguró que en pocas horas iba a suceder un hecho fogoneado por el oficialismo para "tapar" esa acusación a los ojos de la opinión pública.

    Al día siguiente, integrantes de dos agrupaciones piqueteras ocuparon durante cuatro horas uno de los pisos del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y provocaron serios destrozos. Aunque la operación fue evidente, pocos se percataron de que ambas agrupaciones —Trabajo y Dignidad y MP 29— respondían al mismísimo kirchnerismo.

    Nuevamente, este periódico dio cuenta de lo sucedido: "¿Qué se quiso tapar? El escándalo de la valija venezolana de Antonini Wilson que hoy roza seriamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (...) Si bien es real que el Gobierno de Estados Unidos fogonea la causa políticamente, el escándalo de la valija no es menos verdad. Los detalles y parte de la documentación probatoria fue entregada por este medio a investigadores del país del norte, por lo cual se esperan nuevas revelaciones en los próximos días", esto fue publicado el 18 de diciembre.

    Esta semana, finalmente se comprobó que el Movimiento Popular 29 de Mayo (MP-29) está sospechado de realizar "trabajos" para agrupaciones políticas que la contraten. "Los investigadores de la causa judicial sospechan que es una organización de choque que cuenta con armamento pesado", aseguró diario La Nación el 31 de diciembre pasado, agregando que "según pruebas encontradas en los allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes Luis Armella, ese movimiento habría trabajado para un ex candidato a intendente de Berazategui, del Frente para la Victoria. En uno de los procedimientos, la policía secuestró afiches de ese candidato".

    Recordemos que uno de los líderes del grupo MP-29, Daniel Rodríguez, está preso desde hace dos semanas, en la Unidad Penitenciaria N° 40, en Lomas de Zamora por tenencia ilegal de arma de guerra. En su casa se encontraron tres fusiles Mauser 7.65, cuatro escopetas 12/70, 700 gramos de trotyl, 500 gramos de pólvora, tres pistolas de grueso calibre, 14 cargadores de pistolas, un chaleco antibalas, 800 municiones y un manual para armar armas caseras.

    Asimismo, en su vivienda también se secuestró una planilla que dice: "Actividad: Operación Progreso. 17 de diciembre. Ministerio". Más abajo, en esa misma planilla, también se lee una lista con 17 nombres; al lado de los nombres, se indica si cada persona estaba presente y si cobraba o no por participar de esa actividad.

    La actividad fue la toma del Ministerio de Desarrollo Social. Los piqueteros usaron por lo menos dos pistolas calibre 45, que luego fueron encontradas, desarmadas, y decenas de bombas molotov.

    Según cuenta La Nación: "destrozaron muebles, vidrios, computadoras, amenazaron a los empleados e hirieron a los policías Pablo Lozano, Mauro Ravagliate y Amílcar Calase, y al custodio privado Oscar David. Lozano terminó internado, con el 40 por ciento del cuerpo quemado. En la casa de Rodríguez la policía halló, además, documentación que condujo a los investigadores a fortalecer la teoría que indica que el copamiento fue planeado —por ejemplo, el plano del edificio donde funciona la cartera— y 22.000 pesos. Ahora, el juez pretende establecer el origen de ese dinero".


Finalmente

    En las últimas horas, la fiscal que investiga la toma del ministerio, Ana Medina, fue presionada para que no avance en la indagación sobre la hipótesis de la "actuación planificada". Es evidente que, si se analizan los hechos anteriores a la toma del organismo y se cruzan los teléfonos de los imputados, se llegará a la "pata política" de la trama, lo cual dejaría mal parado al oficialismo.

    Sin dejarse amilanar, la funcionaria acompañó al juez Armella en su decisión de ordenar allanamientos en comedores de organizaciones piqueteras y en las casas de dos dirigentes de esos grupos: Leandro Díaz, del MTD Trabajo y dignidad, y de Daniel Juárez, del MTR Trabajo, Educación, Salud y Vivienda.

    Los investigadores creen que Juárez habría sido el encargado de proveer las armas y las municiones a la organización que llevó a cabo el ataque y, si esto se confirma, se estaría a un paso de demostrar que todo se hizo en forma planificada por el kirchnerismo.

    Otra cortina de humo y van...

Carlos Forte

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3411