El dato genera preocupación. Según los resultados definitivos del Censo 2022 dados a conocer por el INDEC, en General Pueyrredon, sobre un total de 259.623 viviendas particulares que hay en el distrito, 86.285 que están completamente deshabitadas.

Lo que representa más del 33%. Un guarismo que se replica en todo el territorio bonaerense.

¿Por qué un mero dato estadístico se convierte en un indicador inquietante?

Cabe recordar un episodio al que este medio ya hizo referencia. En octubre de 2022, se presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña de la agrupación Inquilinos Agrupados, que proponía la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Sistema de Alquiler Protegido.

La iniciativa era y es muy controvertida. La misma determinaba que “toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido”. A su vez, sostenía que “las viviendas que ingresen al alquiler protegido serán alquiladas y administradas por el IVC (Instituto de la Vivienda). El precio del alquiler será equivalente al 1% del valor fisca

El titular de Inquilinos Agrupados es Gervasio Muñoz, muy cercana al kirchnerismo.

El 7 de diciembre de 2018, se lanzó en CABA un nuevo espacio político, llamado “Tres banderas”. Quienes presentaron el lanzamiento fueron Juan Grabois, Gabriela Carpineti -presente en la célebre toma de El Marquesado-, y el mencionado Muñoz. La flamante agrupación se integraba al Frente Patria Grande, de Grabois, que fue lanzado justamente en Mar del Plata.

Si bien el Presidente electo Javier Milei está en las antípodas de este proyecto, en la provincia de Buenos Aires, desde la administración de Axel Kicillof el mismo es observado con simpatía.

Hace pocos meses, Gervasio Muñoz volvió a la carga. “En 2022 y por datos parciales que el censo ya oficializó vemos que hay 17.780.210 viviendas construidas y 46.440.703 habitantes”, afirmó el dirigente en declaraciones a Página 12.

“Y como un hogar hoy se estima en tres personas, el resultado arroja más viviendas que familias. Tantas, que el número alarma: según la proyección habría tres millones de viviendas vacías”, agregó.

Y concluyó: “La estadística indica que hay una vivienda cada 2,6 personas, y sin embargo, hay un escenario de marcado déficit habitacional. Y frente a una población de inquilinos que hoy además, ve peligrar sus contratos de alquiler por las embestidas del mercado inmobiliario contra una Ley de Alquileres que recuperó, luego de décadas, el control de estos contratos por parte del Estado”.

Es decir que, según Muñoz, aquella Ley que el nuevo gobierno quiere derogar no tiene nada que ver con los graves problemas que hoy sufren los inquilinos por la falta de oferta.

De acuerdo a una investigación llevada a cabo por la agrupación que comanda, “se demuestran a lo largo de los censos, que cada vez hay más viviendas en la Argentina para una población que crece menos que el nivel que la construcción: En 1991, en la relación vivienda-hogar, había una vivienda cada 3,6 personas. En 2001 fue cada 3,1 personas. En 2010 este índice sigue bajando. Y en 2022 hay una vivienda cada 2,6 personas”.

Aquel trabajo estaría siendo estudiado por el gobierno de Kicillof, de acuerdo a lo que pudo indagar este medio a través de dos fuentes cercanas a Fernanda Raverta en Mar del Plata, titular de la ANSES y esposa del senador provincial Pablo Obeid, muy cercano al gobernador.

La provincia de Buenos Aires, cabe señalar, es el refugio desde donde el kirchnerismo intentará hacer valer sus fuerzas.

El Estado provincial puede legislar sobre la materia, habida cuenta de un dictamen del procurador fiscal ante la Corte de marzo de 2019, quien afirmó entonces que “es constitucional la ley bonaerense que protege la vivienda única familiar”.

Según un prestigioso abogado consultado al respecto, “así como la provincia puede legislar sobre la protección de la vivienda llevando la discusión al terreno de la seguridad social, también puede cobrar un impuesto local amparándose en lo que hacen otros países”, concluyendo que “habría que estudiarlo mejor pero en principio podría hacerlo”.

¿Qué pasa en el mundo?

En Austria, por ejemplo, el Estado es dueño del 50% de las viviendas en alquiler, un 25% está regulado y el 25% restante es libre. Por su parte, en la legislación neozelandesa el porcentaje de alquileres regulados asciende al 90%.

Por su parte, en Alemania, el Estado regula el precio, el metro cuadrado y ofrece viviendas en alquiler.

La regulación en el Reino Unido combina incentivos fiscales y regulaciones mediante la Agencia de viviendas Vacías, creada en 1992. Además, esta medida se complementa con un impuesto a inmuebles deshabitados desde 2013.

Pero el caso al que hay prestarle atención es España. Allí, la legislación es local y algunos estados complementan con impuestos y regulación del precio. 

En líneas generales, hace pocos meses salía una ley que proponía “rebajar el número de viviendas que tiene que poseer alguien para ser considerado gran tenedor”. Hasta entonces, informaba el diario español As, “el número establecido era de 10 inmuebles. Cuando entre en vigor la nueva norma, pasará a ser de 5. Además, en 2024 se impondrá un tope a la subida del precio del alquiler en zonas tensionadas que será del 3%. A partir de 2025, esta regulación será variable y se calculará teniendo en cuenta el estado del mercado y los índices del IPC”.

Mientras, en el vecino Portugal se registraron a fines de septiembre multitudinarias protestas en Lisboa y en varias ciudades del país. ¿El motivo? La crisis de la vivienda, que viene de lejos, y se ha agudizado con las políticas públicas que han impulsado la expansión de pisos turísticos y la concesión de visados de oro a extranjeros por inversiones inmobiliarias. 

En América Latina, en tanto, son pocos los países que regulan las operaciones. Se pueden citar los casos de Colombia y Brasil, que tienen en su legislación el precio de los alquileres atados a la inflación, y Uruguay, que establece mediante una ley sancionada en 2018 un procedimiento de ejecución judicial sobre los inmuebles urbanos vacíos en un plazo de al menos dos años.

Pero claro, al menos en los países europeos, la situación es muy distinta a la Argentina. El Estado, allí, cumple históricamente un rol fundamental y hay una cultura muy distinta a la nuestra. El rol estatal es muy valorado. Aquí, en cambio, pasa todo lo contrario, debido, en gran parte, a los atropellos y desaguisados que han hecho los gobernantes, en especial en los últimos 20 años.

Un operador inmobiliario afirma que “no está mal la idea de regular el mercado, pero el problema es que hacemos cualquier cosa y el Estado interviene mal. Mejor dejarlo en manos de la gente”.

Un colega suyo va más allá: “Hemos visto en la Argentina en las últimas décadas una presencia omnipotente del Estado, que se ha metido en todos los rincones de nuestras vidas, y ha hecho abuso de su fuerza. La gente votó hace poco que quiere al Estado lo más lejos posible de sus vidas”, afirma.

En cualquier caso, los datos que arrojó el Censo 2022 en cuanto a la situación habitacional, al menos en Mar del Plata, se miran con atención.

De acuerdo al INDEC, de las 86.285 viviendas desocupadas en el distrito, 41.087 corresponden a personas que la utilizan como segunda residencia o uso temporal, 5.411 como oficina o comercio, 11.666 se encuentran en alquiler o en venta, 4.413 están en construcción, 8.007 eran viviendas donde habitualmente había personas pero que no se encontraban presentes y 15.701 estaban en “otra situación”, según el relevamiento.

La situación se agrava cuando se analiza el contexto actual.

“Desde el 18 de octubre que está vigente la ley de la reforma, no se celebra ningún tipo de contrato con destino vivienda. Lo poco que hay en alquiler es para uso profesional o comercial. La oferta con destino vivienda es 0”, aseveran desde el sector.

Y algo más.

Desde 2020, la toma de tierras en la ciudad balnearia fue una constante. Motorizadas, según se cree, mayormente por el MTE de Grabois, que tiene en el distrito una fuerte presencia.

Y que, pese a la derrota del kirchnerismo, nadie duda que seguirán.