En una controvertida resolución, la Suprema Corte de Justicia bonaerense instó a los jueces a tomar medidas de penas menos lesivas tanto para los ya condenados como para los futuros presos, a fin de evitar situaciones de hacinamiento ante la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo a través de una serie de medidas tomadas el pasado 20 de septiembre, y en el marco de la ejecución de la causa “Verbitsky”. Los integrantes de la Corte son los dres. Sergio Torres, Daniel Soria, Hilda Kogan, y Esteban Genoud,

«El grave problema que refleja la superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de jurisdicción provincial configura un estado de cosas lesivo e inconstitucional que debe ser remediado, en gran medida, a partir de la implicación a conciencia de los diversos actores institucionales comprometidos en esta materia», afirmó el Tribunal Supremo.

En otro de sus párrafos, la Corte remarcó que hay que «insistir respecto al carácter complejo, dinámico y multicausal del grave problema que refleja la superpoblación y hacinamiento».

En este sentido, el máximo Tribunal bonaerense resolvió «encomendar a los jueces competentes, al momento de resolver medidas de ejecución menos lesivas en los casos concretos, evalúen la aplicación de posibles remedios”.

La pregunta se impone. ¿Cuáles serían esos otros remedios?

Consultado al respecto, un funcionario de la justicia ordinaria de la ciudad de Mar del Plata sostiene que “en la provincia de Buenos Aires se contempla la detención domiciliaria, libertad asistida, régimen abierto, y salidas transitorias, prisión discontinua y semidetención, trabajos para comunidad, semilibertad y salidas a prueba”.

Por último, la Corte también recomendó en su resolución “proceder a la revisión de las denegatorias de libertades anticipadas o alternativamente, evaluar la aplicación de una medida de ejecución menos lesiva”.

La “sugerencia” de los jueces supremos de la provincia no es nueva.

En mayo del año pasado, también en el marco del mismo del caso Verbitsky, la Corte reconoció que “el sistema de encierro provincial se encuentra en una situación crítica”.

¿Qué es la causa Verbitsky?

El periodista Horacio Verbitsky interpuso en 2001, en su carácter de director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una acción de Hábeas Corpus en defensa de las personas detenidas en establecimientos policiales superpoblados, incluyendo a aquellas que legal y constitucionalmente deberían de haber estado alojadas en cárceles.

Según daba cuenta la acción, en aquel momento existían 340 comisarías en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con una capacidad para 3.178 detenidos, en las cuales se alojaban -en ese momento- a 6.364 personas.

Según los datos abiertos del Sistema Penitenciario Bonaerense hay, al 30 de septiembre de 2023, 54.625 personas detenidas, de los cuales 27.358 tienen condena firme. El problema es que el sistema tiene capacidad para alojar poco más de 25.000 reos.

Es decir, una sobrepoblación del 100%.

En la provincia de Buenos Aires hay 52 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 13 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito, lo que hace un total de 70 establecimientos.

“Lo que plantea la Corte es para Suecia, no para Argentina”, afirma lacónico un ex funcionario marplatense experto en seguridad, quien prefiere no revelar su identidad por tratarse de un área muy sensible.  

Y amplía: “El remedio que se plantea tiene que ir acompañado por la construcción urgente de más cárceles”, agregando que “claramente hay hacinamiento y malas condiciones, pero no sueltes a los presos ni apliques penas menos severas, hace más cárceles”.

A su vez, sostiene que el problema del sistema actual “es que hay expectativas de penas muy bajas, es un esquema punitivo muy laxo, por eso los detenidos por delitos menores salen rápido y al otro día están robando otra vez”, por lo que asegura que “a la sociedad la perjudica el punga, el chorro. Son delitos de todos los días”.

Un dato. En la ciudad de Mar del Plata, la estadística marca que se detiene un promedio de 8 a 15 personas por día, de los cuales la mayoría sale en horas, en parte justamente debido a que no hay lugar para alojarlos.

La fuente consultada concluye, en abierta disonancia con la resolución suprema: “Hay que endurecer penas y construir más cárceles”.

Más datos que sirven como ejemplo.

En el distrito de General Pueyrredon, que comprende las localidades de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres, se encuentran la Unidad Penitenciaria de Batán, dividida en Unidad 15, destinada a reos con condena firme, la Alcaidía 44, para personas que se encuentran “de tránsito”, y la Unidad 50 para mujeres.

Según un informe confeccionado por la Comisión de Asuntos Penitenciarios y Derecho Penal de la Federación del Colegio de Abogados y el Patronato de Liberados, que data de 2022, se concluyó que debido al hacinamiento, “hay un grave problema tanto para presos como para el personal que allí trabaja».  

El informe señalaba que “la unidad 50 con 100 detenidas, está prolija y ordenada”. Pero en la 44 “hay innumerables situaciones jurídicas donde se ve gente con prisión preventiva, gente que no lo está, como así también procesados y condenados. Lo que rescatamos es el trabajo de los profesionales y que hace falta más recursos«.

«En cuanto a la unidad 15”, finaliza el informe, “hay que decir que nació en el año 1981 con una unidad tecnológica de punta pero que hoy ya no existe, porque se fueron rompiendo las cosas y no se repararon. Que tiene capacidad para 850 presos y hoy tiene 1600. Esto genera lo que todos sabemos, que es un desastre dentro de la unidad, a pesar del gran trabajo del servicio penitenciario que hace lo que puede con los pocos recursos disponibles”.

Un año después, la población carcelaria de la 44 creció: se estima que hay más de 1.000 presos, pero el espacio es el mismo.

“En estas condiciones, el riesgo de amotinamientos en las cárceles de la provincia aumenta dramáticamente”, afirma el ex funcionario consultado.

En ese sentido, cabe señalar lo que pasa en Ecuador, tema tratado por este medio.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas. De acuerdo a cifras oficiales, hay aproximadamente 38.000 presos contabilizados en la actualidad, lo que supone un hacinamiento del 33%.

Desde 2021, se produjeron una serie de masacres carcelarias que arrojaron hasta ahora más de 468 presos asesinados en el país sudamericano, a través de diferentes motines

En la provincia de Buenos Aires, se recuerda, hay un 100% de sobrepoblación. Por ello, se torna necesario construir más unidades carcelarias.

Respecto al remedio propuesto por la Corte bonaerense, cabe recordar lo ocurrido en marzo de 2021, precisamente en Mar del Plata.

Miguel Ochoa debía cumplir una condena de 8 años y 4 meses de prisión -que vencía en 2024- por haber asaltado en la ciudad a dos mujeres, provocándole graves lesiones a una de ellas. Pero el 29 de abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por parte de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, con la firma del juez Marcelo Riquert.

El 19 de marzo de 2021, menos de un año después de su liberación, Ochoa asesinó a la psicóloga social María Rosa Daglio.

Aunque la causa de la liberación fue la pandemia, no se puede desvincular el fallo de una postura muy enraizada en la justicia penal, que va en línea con la reciente resolución de la Suprema Corte de la provincia.

El sábado 11 de noviembre de 2017, en su blog personal llamado “Cátedra Riquert”, el magistrado ya anticipaba lo que iba a hacer dos años y medio después. Con el título “Jueces de Ejecución: ¿Liberadores Seriales?”, el camarista cuestiona duramente a los medios de comunicación y defiende su postura garantista.

“Ante la irreparable pérdida de una niña a manos de quien estaba cumpliendo una parte de su condena en fase de libertad condicionada, en los medios, periodistas y políticos repitieron hora tras hora y programa tras programa, casi sin matices diferenciales, consignas como: “las medidas que implican libertad anticipada son una invitación a delinquir, una palmada en la espalda para los delincuentes”; “el juez (liberador) engrosa la lista de jueces que causan asesinatos y violaciones”, “el juez tiene que proteger la vida”; “el tema no es creer en la pena, es como dedicarse a la medicina y no creer en la buena salud”, “el juez es un liberador serial de asesinos”, “la de la niña es una muerte compartida”, “el juez es tan reincidente como el delincuente que liberó”, “el juez mató con su firma dejando libre a su asesino”.

Y finalizaba haciendo foco en el argumento central de la citada corriente de pensamiento: “La sobrepoblación carcelaria y el estado muchas veces ruinoso de nuestras prisiones son, naturalmente, parte de la posible explicación. Es más, desde el propio poder ejecutivo una situación en que el sostenido crecimiento de presos (ya llegamos a más de 42000, alrededor de la mitad sin condena) está llegando a un punto límite ante la imposibilidad de ampliar correlativamente la capacidad de alojamiento disponible”.

Y resulta importante recordar algo más.

“Orientado a resolver las necesidades de alojamiento de personas a disposición del sistema de justicia, donde se proveerán mejores condiciones de habitabilidad, el Servicio Penitenciario Federal incorporará una infraestructura moderna a fin de aumentar su eficacia y eficiencia”.

Tales eran algunas palabras de los considerandos del decreto 1183/03, publicado en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2003, es decir, hace más de 20 años. La Argentina era gobernada por Néstor Kirchner, y su Jefe de Gabinete era el actual mandatario, ya saliente, Alberto Fernández.

El Decreto, llamado “Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004”, se proponía un programa de construcción de penitenciarías federales, en 4 etapas, donde se iban a construir diferentes complejos en el Partido de Mercedes, en Salta, en Cuyo, en Misiones, en Córdoba, en Formosa, y en Santa Fé, además de efectuar ampliaciones en Marcos Paz y Ezeiza. 

Pese a los anuncios, el único que se construyó durante el kirchnerismo fue el de Salta, inaugurado recién el 26 de julio de 2011 por la actual vicepresidente Cristina Kirchner.