El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente de la nación, Javier Milei y sus ministros, en el que se pretende “desregular totalmente la economía”, es claramente inconstitucional. No hay jurista serio que no lo haya calificado de esa manera, sin importar su ideología o posicionamiento político.

«Es un claro intento del Poder Ejecutivo de obtener la suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva solo una necesidad de imponer un proyecto político». (Andrés Gil Domínguez)

«Su aceptación conduciría a la ruptura del principio de división de poderes y nuestro régimen republicano de gobierno, en desmedro de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Les corresponderá a los jueces efectuar el control de constitucionalidad del decreto”. (Ricardo Gil Lavedra)

“Por distintas razones, es atacable y sería rarísimo que un juez sostenga este DNU».
(Roberto Gargarella)

«Si uno observa el marco del DNU no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido en cuestiones de materia fiscal como el Código Aduanero. Dicen que es procedimental, pero un código es un todo. En este marco yo digo que es lamentable». (Daniel Sabsay)

Es posible que desde distintos sectores de la política se puedan encontrar en los 366 artículos enumerados, cuestiones razonables y con fundamento destinadas a propiciar el cambio que votó la sociedad, pero el lugar para esos debates es el parlamento. Los constitucionalistas reconocen, además, que no hay razones que obliguen a su dictado con el Congreso en funcionamiento. Salvo en unas pocas de las cuestiones que menciona el DNU se podrían argumentar las condiciones de necesidad y urgencia aludidas. Lo más burdo es la inclusión de la posibilidad de convertir en Sociedades Anónimas a los clubes de fútbol, un pedido expreso del ex presidente y actual aliado Mauricio Macri. Milei cumplió el deseo del necesitado, urgido y tal vez dolido ex presidente por la derrota en las elecciones en Boca Jrs.

En un texto que quedará en la historia jurídica argentina, el presidente libertario no sólo se atribuye funciones propias del Poder Legislativo, modificando normas, derogando decenas de leyes y aboliendo derechos adquiridos (algo expresamente prohibido en el artículo 99 de la CN), también habilita negocios a sectores del poder económico de manera explícita. La mención a la empresa Starlink -de su nuevo “amigo”, Elon Musk- en medio del discurso de presentación por cadena nacional, funcionó como un cartel de neón. Todo está en venta y la prioridad para comprar la tendrán los amigos. Eso sí, en nombre de la libertad. Unos días después, en el programa de Mirtha Legrand, Milei reconoció el interés del millonario en el litio argentino.

Una curiosidad: ¿Por qué la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hizo punta en el apoyo al DNU? ¿Por qué los empresarios más poderosos del país, que siempre manifestaron su preocupación por la seguridad jurídica, celebraron semejante avasallamiento institucional? Es simple: porque algunos de sus miembros, a través de sus equipos de abogados y economistas, participaron de la elaboración de la norma. Se trata de una reforma elaborada por sus propios dueños. Federico Adolfo Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central durante el macrismo, contó con una colaboración inestimable. No es difícil detectar por qué Techint, Arcor, Clarín, Ledesma, Mercado Libre, Farmacity, entre otras firmas, de pronto olvidaron la independencia de poderes, y ponderaran las reformas. Se preparan para una época gloriosa, las formas sólo son cuestionables cuando limitan las ganancias extraordinarias, nunca cuando las propician.

Que estudios jurídicos privados reemplacen a los representantes del pueblo en la elaboración de leyes y regulaciones es algo sin antecedentes en la historia democrática y vulnera la idea misma de República.

Vale un ejemplo: la derogación de un plumazo de la Ley de Tierras, que limita la venta a extranjeros, pone en riesgo la soberanía nacional de manera expresa. La ley condiciona la venta, en especial si los terrenos tienen ribera de cuerpos de agua. Con la vigencia del DNU de Milei cualquier empresa extranjera podría hacerse con las reservas de agua dulce del país. Otro tributo a los asistentes a los cónclaves secretos en Lago Escondido y a su anfitrión.

La mayoría de los legisladores, salvo los referenciados con La Libertad Avanza o con el Pro de Macri, cuestionaron el DNU. Si bien desde el radicalismo aseguran que acompañarían muchas de las propuestas que incluye, no admiten el manotazo a sus atribuciones. El titular de la UCR, Martín Lousteau pidió “una ley espejo” para debatir tema por tema ya que se entusiasman con las reformas laborales, entre otras cuestiones. El inefable Miguel Ángel Pichetto, decano de legisladores, primero se expresó en forma contundente en contra del DNU, pero el lunes pasado en televisión cambió de idea y dijo que podría avalarlo. Un verdadero ejemplo de cambio de humor.

Estas son las cosas que animan a los nuevos habitantes de Casa Rosada. Además, cuentan con el tiempo a su favor, pretenden que se discuta recién en marzo, mientras el esperpento jurídico sigue en vigencia. Y se puede hacer reflexionar a más legisladores, hay mucha gente con el sí fácil. Para rechazarlo se necesita obtener la mayoría en ambas cámaras y eso “nunca pasó”, dicen. Es cierto, debería ser la primera vez, caso contrario será mejor cerrar el Congreso. Si los legisladores se resisten a debatir, controlar a los poderosos y legislar para el bien común, para que incurrir en semejante gasto. Congreso, ¡afuera!