Aunque se trate en realidad de un cuarto intermedio, este martes, a partir de las 14, arranca otra sesión en la Cámara de Diputados. En efecto, la votación en general del viernes, pasadas las 18, marcó un pequeño y esforzado triunfo para el oficialismo y sus aliados, más todavía falta bastante para concluir la faena. Transcurrirá antes el debate en particular, que se presume extenso, y luego el trámite en el Senado, donde al menos los funcionarios deberán concurrir para informar y no son pocos los que descuentan que habrá modificaciones. Si ello sucede -“y sucederá”, garantizó a parlamentario.com un experimentado legislador “dialoguista”-, deberá volver a Diputados para concluir este extenso proceso.

De cuanta sustancia tenga el proyecto que terminen aprobando dependerá que este haya sido un éxito o un calvario para el Gobierno nacional.

Pero no nos adelantemos, que el eje central de esta duda comenzará a develarse este martes, cuando comiencen a dirimirse los artículos de esta mega ley que terminará siendo una ley muy grande, pero no tan ambiciosa como originalmente fue. Comenzando por la cantidad de artículos, que eran originalmente 664 y quedan ahora 386.

Esta “poda” que tuvo su punto culminante cuando el ministro de Economía Luis Caputo anunció el viernes 26 de enero la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, no alcanzó para convencer del todo a quienes el oficialismo necesita para garantizar los votos que permitan completar la media sanción. Es así que se llega a este martes con algunas dudas todavía no subsanadas y que tal vez terminen de resolverse durante el transcurso de la misma sesión.

Una sesión que no necesitará quórum para reanudarse y que tendrá cuestiones de privilegio en su inicio. Una cantidad módica, se presume, que como en las dos reanudaciones anteriores tendrán como eje los incidentes ocurridos enfrente del Palacio Legislativo, donde este martes nuevamente las autoridades dispondrán un gigantesco operativo de seguridad que tendrá como objetivo inicial la aplicación del protocolo antipiquete.

Transcurrida esa primera parte del debate, se abocarán sí finalmente al debate en particular, y a partir de entonces la Cámara baja deberá contar con el quórum necesario para votar. La intención es que las votaciones sean a mano alzada, pero es obvio que en muchos de los artículos se pedirá la votación nominal. Sobre la marcha se decidirá si a medianoche se vota un nuevo cuarto intermedio. Todo indicaría que así será.

Arrancará esa parte del debate con uno de los temas más ríspidos del proyecto, las emergencias y las facultades delegadas. Originalmente eran 11 las emergencias pedidas por el Gobierno: económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.

De esa cantidad quedan 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No se descarta que a instancias de la oposición también se elimine de esta lista la emergencia de seguridad.

El plazo para las emergencias estaba fijado originalmente hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años. En la negociación se fijó un año para la emergencia, prorrogable por otro, con autorización del Congreso.

Los bloques “dadores de gobernabilidad” continuaron en las últimas horas sus reuniones para determinar de qué manera votarán y exteriorizarán sus planteos, artículo por artículo.

El Pro ya anticipa que mantendrá su alineamiento con La Libertad Avanza. En el caso de los radicales, según pudo saber parlamentario.com, no variaron mucho en las posiciones, pero seguían este lunes esperando novedades de las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada por la coparticipación del impuesto PAIS. Recordemos que de ese gravamen, el 70% va a Nación, a repartirse entre la ANSeS y el PAMI, y el 30% lo manejan las organizaciones sociales a través el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los gobernadores piden que ese porcentaje sea para ellos, compensando la pérdida que han sufrido con el impuesto a las Ganancias que era coparticipable. El Gobierno ya anticipó su rechazo, argumentando que se trata de un gravamen a ser eliminado próximamente, y que, si antes se coparticipa, después será muy difícil quitarlo.

Como sea, si la oposición consigue aprobar una norma en ese sentido, el ministro del Interior ya anticipó que el presidente vetará ese artículo.

Se aguardan también las tratativas respecto del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde los gobernadores piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre las ANSeS y las Cajas de Jubilaciones locales.

Puntualmente sobre ese punto, los radicales defienden la existencia del FGS, y están a favor del Capítulo IX del proyecto, denominado Consolidación de Deuda del Sector Público Nacional, pero hay que tener presente que ya se eliminó de lo que llega este martes a la sesión la posibilidad de que el ministro de Economía venda los activos del FGS. La oposición dialoguista reivindica haber alcanzado ese “logro”.

Otra cosa en la que coinciden en el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal es que hubo cosas del paquete fiscal que se eliminaron que debieron haber permanecido en la norma, como el blanqueo y la moratoria, que hubieran votado sin mayor discusión. Este lunes el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó que con la eliminación del paquete fiscal, el Gobierno también postergó a los jubilados y sus ingresos. Y advirtió que “la Coalición Cívica no va a ceder a que el ajuste caiga sobre ellos, vamos a defenderlos”, con lo que anticipó que este martes pedirán en la discusión particular de la ley que se reconsidere la inclusión de una nueva propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria mensual por inflación y que se recompongan sus haberes.

“Confiamos en que habrá voluntad mayoritaria para evitar esta injusticia”, expresó el presidente de la CC.

En cuanto a las privatizaciones, buena parte de esa oposición dialoguista está conforme con la nueva redacción, que permite votar en 4 artículos y 4 anexos las empresas sujetas a privatización. Pero los radicales exigen algunos cambios en los artículos que hablan de transparencia y se empodera a la Comisión Bicameral.

Según pudo saberse, hay libertad de acción en este tema, pero fuentes radicales aclararon que ese bloque no sería obstáculo para que estos artículos prosperen en el recinto.

Los incidentes que rodearon el debate en el Congreso y lo que muchos diputados consideran como un accionar de las fuerzas de seguridad “desmedido” enrarecieron el clima de las negociaciones por los artículos del capítulo de seguridad. En el radicalismo hay particular recelo en esta cuestión, al punto tal que, según trascendió, solo unos ocho diputados estarían dispuestos a apoyar lo que pide la ministra Patricia Bullrich. Hay particularmente mucha resistencia a la suba de penas -que mayoritariamente consideran “desproporcionadas” respecto a la organización y participación de y en las movilizaciones. Y también respecto de los artículos referidos a la legítima defensa y la resistencia a la autoridad. La UCR podría ser clave para que Bullrich se quede sin estos instrumentos.

A propósito de la bancada radical, este lunes mantuvo una reunión por Zoom, de la que no participó Facundo Manes, quien fue el viernes uno de los únicos dos miembros de ese bloque en votar en contra en general.