¿Qué es la ley? O para mejor decirlo, ¿qué debería ser la ley? La ley no debería ser otra cosa más que la traducción burocrática del sentido común: esto es, plasmar en un documento que haya pasado por el procedimiento previsto en la Constitución para el tratamiento y sanción de las leyes, lo que indica el orden natural y corriente de las cosas.

¿Cuál es uno de los primeros dictados del “orden natural y corriente de las cosas”? Respuesta: que quienes se comportaron mal (o están bajo un proceso en el que se esta averiguando si se comportaron mal) no pueden recibir beneficios pagados por el conjunto de perjudicados por las conductas del que actuó mal.

Eso es lo que indica el sentido común. Ahora bien, si por determinadas circunstancias (entre las que se cuentan obviamente los privilegios de la clase política) un conjunto de legisladores logra aprobar una legislación (cumpliendo con el procedimiento de tratamiento y sanción de las leyes) según la cual quien se comportó mal (o quien esta siendo sometido a un proceso para saber si se comportó mal) puede, de todos modos, ser acreedor de un beneficio pagado por los perjudicados por la conducta del causante, lo que está mal es la legislación, no el sentido común. El sentido común siempre está bien.

La Argentina esta plagada de estas fallas. Vive cotidianamente supeditada a un orden jurídico violatorio del sentido común. No en vano le va como le va.

Un último ejemplo de esta aberración lo hemos tenido con la jubilación aprobada por la ANSES para el ex presidente Fernández.

Por esta decisión el Sr Fernández pasara a cobrar una jubilación de $7000000 de pesos por mes mientras un jubilado de mínima (ahora, con los ajustes dispuestos por el gobierno) cobra $240000. Se trata de una obscenidad incalificable.

Pero si esa diferencia ya sería vergonzosa en condiciones “normales” lo es mucho más  tratándose de Fernández.

Alberto Fernández fue un presidente que deshonró su cargo y que avergonzó al país. Y esto no es un juicio de valor subjetivo sino una comprobación empírica derivada de su gestión.

Alberto Fernández supeditó la salud de los argentinos (en el momento mas crítico de la humanidad en más de un siglo) a un acuerdo ideológico y geopolítico con Rusia impuesto por su jefa, Cristina Fernández de Kirchner. 

Dejo de lado su deber de cuidar la salud publica para privilegiar un capricho resentido de aquella que lo contrató como su hombre de paja en un gobierno de marionetas.

Alberto Fernández encerró sin miramientos a la sociedad mientras él se divertía con los amigos de su pareja en la quinta de los presidentes desde la que, días antes, les había robado a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires miles de millones de pesos para derivárselos al inservible gobernador de la provincia, también por orden de Cristina Fernández de Kirchner.

Alberto Fernández  organizó una banda de brokers de seguros para obligar a distintas dependencias del Estado a contratar pólizas con empresas vinculadas al marido de su secretaria personal, operaciones por las cuales los contribuyentes tuvieron que pagar miles de millones de pesos extra que se repartieron entre los cabecillas del negocio.

Alberto Fernandez generó un país con 50% de pobres; recibió un país con el dólar a $60 y lo entregó con un dólar a $1200. En sus cuatro años produjo una inflación de mas del 1000%; asoció a la Argentina con las lacras mas autoritarias del mundo y no dejó papelón por hacer en cuanta reunion internacional participó.

Ese marco debería inhibirlo de cobrar una jubilación que es mas de 29 veces superior a la mínima de los argentinos comunes. Otro tanto, obviamente, debería decirse del caso de la jefa de la banda (sucesora del mastermind que la creó, Nestor Kirchner) Cristina Fernandez de Kirchner.

Se trata de un perfecto caso de divorcio entre el sentido común y la ley: no importa si los extremos fríamente burocráticos de estos sujetos cumplen los requisitos de la legislación vigente. Esos extremos deberían ponerse en suspenso hasta que se demuestre, al menos, la ausencia de dolo en el accionar de estos individuos mientras ejercieron el poder.

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner el dolo ya fue probado porque la señora ha sido condenada por administración fraudulenta contra el Estado (léase “robo a los argentinos”) en el aso vialidad y es técnicamente una delincuente. 

Dicho esto, Cristina Fernandez de Kirchner no podría gozar de un beneficio pagado por quienes fueron sus víctimas. Esto es lo que indica el sentido común mas allá de lo que diga la ley. Y si la ley y el sentido común tienen divergencias, pues lo que hay que revisar es la ley.

Mas allá de las cuestiones no judiciables de su gestión, Alberto Fernandez fue también condenado por violar las disposiciones que él mismo había firmado durante la pandemia, en un hecho de cinismo pocas veces visto. Por lo cual también es un condenado doloso de la justicia, más allá de que encontró en el dinero un salvoconducto para eludir penas mayores.

Por lo demás, el ex presidente se encuentra incurso en una investigación que lo tiene como uno de los principales sospechosos de estafar al Estado (estro es, a todos los argentinos) con la contratación de pólizas de seguro completamente innecesarias y creadas al solo efecto de generar comisiones que terminaron en sus propios bolsillos.

Por si todo esto fuera poco, que dos integrantes del coro de la “justicia social” y de la “reivindicación de los pobres” (de los que no se tiene noticia que en su perra vida hayan donado, por ejemplo, un céntimo a una organización de caridad) les infrinjan cachetazos en la cara a esos mismos pobres todos los santos meses con la forma de millones de pesos que siguen chupándole del Estado como si todo lo que robaron no les alcanzara, constituye una afrenta moral que ningún cumplimento  burocrático de “requisitos legales” puede compensar.

Es absolutamente imprescindible que un juez con sentido común ponga en la balanza de la justicia todos estos elementos y suspenda los privilegios jubilatorios de Cristina Fernandez de Kirchner y de Alberto Fernández como una contribución, aunque sea mínima, con el arrastrado concepto de justicia que los argentinos lamentablemente sufren como consecuencia de una insoportable desigualdad usufructuada por los adalides de la igualdad y de la defensa de los que menos tienen.