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Diputados de Argentina presentaron un proyecto de ley que busca eliminar la pensión de privilegio y la custodia del expresidente Alberto Fernández, a raíz de la denuncia que presentó su expareja por hechos de violencia.
La iniciativa fue llevada al Congreso por un grupo de legisladores del partido Pro que encabeza la diputada Silvana Giudici, informó el canal Todo Noticias (TN).
El proyecto propone que el exmandatario deje de cobrar beneficios previsionales, honores y tratamiento especial, beneficios que están establecidos por ley para un jefe de Estado en Argentina.
Fernández fue acusado la semana pasada por Fabiola Yáñez, su expareja, quien asegura haber sido golpeada, maltratada y amenazada por el expresidente argentino desde hace tiempo, incluso antes de que iniciara su campaña presidencial para las elecciones de 2019.
“Esa conducta deplorable agravia sin lugar a dudas la investidura presidencial”, señala el proyecto de ley del bloque conservador en la Cámara de Diputados.
Dignidad y honor
La radical Giudici, autora de la iniciativa, se expresó desde su cuenta de la red social X: “No podemos permitir que una persona acusada de delitos aberrantes y violencia de género siga gozando de los privilegios a los que accedió en su condición de expresidente”, manifestó.
La iniciativa promueve la modificación de la ley 24.018, de Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo primero establece asignaciones mensuales vitalicias para el presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema, una vez que dejan su cargo y hasta su fallecimiento.
Para Giudici, el otorgamiento de este beneficio debe estar acompañado de la “dignidad y honor” que le confiere el pueblo argentino a esas investiduras, replicó Actualidad.rt.
“Cuando esa dignidad se mancilla, tal como sucede en los casos de condenas por malversación de fondos, corrupción sistematizada o, por conductas impropias que revisten de falta de moral o comportamientos delictuales de sus beneficiarios, es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial“, señala el proyecto.
