Los signos de deterioro de la actividad económica no vienen como consecuencia del lock-out rural sino derivados de la falta de confianza de los agentes económicos en el futuro del oficialismo.
    Los analistas e inversores creen que el ajuste económico es inexorable. O bien paulatinamente, se acomodan las variables —y el proceso es silente—, o de lo contrario se practica una operación quirúrgica desde el poder.
    Un ajuste de variables implicaría realizar la ingrata tarea de actualizar las tarifas de los servicios públicos esenciales, tener que disminuir subsidios y giros a las provincias, entre otras cosas, y tener que soportar la suba de precios que ello traerá aparejado, más la presión salarial consecuente.
    Si tanto molestó el pedido de recomposición salarial que hizo Hugo Moyano días atrás a la administración Kirchner, una nueva ronda de paritarias antes de fin de año, trasladará la tensión sobre los costos de las empresas.
    Sin embargo, los síntomas de deterioro de la economía argentina y su permanencia en zona de alto riesgo de default para las calificadoras internacionales, no son casuales.
    La caída de los términos de intercambio, la constante salida de capitales, la baja performance fiscal, generada por el incremento del gasto público y el aislamiento financiero internacional conforman el fangoso territorio sobre el que reposa el modelo K.
    Para colmo, los viejos aliados, comienzan a avivar el fuego inflacionario a partir del deterioro del tipo de cambio y, elípticamente, invitan al gobierno a revisar la actual política cambiaria.
    El fallido intento de neutralizar una corrida terminó en la creación de un virtual seguro de cambio para los especuladores que se hacen de pingües ganancias, en medio de la debacle del modelo.
    Esta errática política cambiaria de querer arbitrar la paridad, primero comprando dólares y luego vendiéndolos a precio vil, ha revivido la frenética carrera entre dólar y tasas en medio de una espiral inflacionaria. Una situación ya vivida a mediados de los '70 y a fines de los '80 que derivaron en sendas hiperinflaciones, estancamiento y abrupta caída del PBI y del nivel de vida de la sociedad.
    La ilusoria política de comprar títulos de la deuda pública liquidando reservas, no hizo más que completar un proceso de transferencia de recursos hacia los sectores de alta concentración financiera.
    Al no poder hacer pie en este terreno pantanoso, el gobierno no hace más que huir hacia adelante con medidas que van tornando al ambiente económico en un caldero.
    La pelea por las retenciones es apenas un episodio menor y poco significativo en medio de la sostenida caída de la actividad económica, a pesar de las dudosas estadísticas oficiales. 9 de cada diez empresas no planea tomar personal ni aumentar horas extras.
    A todo este proceso, se le suma una frágil situación política donde la Casa Rosada se va alejando cada vez más de los factores y grupos que le dieron sustento desde 2003.
    La economía necesita un sinceramiento de las variables y de las estadísticas oficiales, manipuladas por las necesidades políticas de subsistencia.
    Lo que no queda claro —y este es el interrogante común que domina los principales escritorios de la City—, es, si este ajuste será llevado adelante por la administración actual o bien será ejecutado por un nuevo habitante de la Casa Rosada.
    Tal vez el mayor error del gobierno haya sido haber repetido errores anteriores y haber sometido a la economía a la voracidad política, disparando el arma letal de la inflación.
    Nadie se anima a dibujar un horizonte próximo. El gobierno, aislado política y financieramente, cercado por propios y extraños, se está quedando exangüe, sin salidas, a las puertas de un tobogán final.

Miguel Ángel Rouco