El gobierno continúa con su tesitura de transformar la realidad mediante el manejo discrecional de las estadísticas.
    Cuando la suba de los precios de los commodities era favorable porque le arrimaba recursos al Tesoro, no generaban inflación y tampoco distorsionaban las estadísticas.
    Ahora cuando ese alza de precios deja de arrimar recursos al Fisco, los commodities generan inflación y por lo tanto no se adecuan a las ilusorias estadísticas oficiales.
    Pero contrariamente a la posición oficial, el alza de las materias primas tiene un rasgo claramente especulativo y ello provocará un efecto recesivo más que un daño inflacionario.
    Un precio alto de las materias primas provocará un efecto de desaliento en el consumo aunque en el caso de los alimentos podría ser menor.
    Contrariamente a lo que sostiene la posición oficial, no faltan alimentos en el mundo, sólo tienen precios elevados por la presencia de especuladores y por las barreras arancelarias que imponen algunos países como la Argentina y que generan irritación en todo el planeta frente al hambre que sufren unas 1.000 millones de personas. La Argentina está en el blanco de todos los organismos ecuménicos por el efecto que provocan las retenciones sobre el precio de los alimentos.
    Si la burbuja especulativa de los "hedge funds" se retira del mercado de commodities, asistiremos en poco tiempo a un derrumbe de los precios de los alimentos muy marcado, con consecuencias muy perjudiciales para la economía argentina.
    Así como en algún momento, se armó la burbuja en torno de las compañías "puntocom", o como se fue creando en torno de las hipotecas en los EE.UU., los fondos especulativos buscaran otra forma de apalancamiento y se retirarán de los commodities.
    La prolongación del conflicto con el sector rural y la incertidumbre económica derivada de ella, impactarán en toda la actividad económica. El mantenimiento de la resolución 125 significa el puntapié inicial de un ciclo económico recesivo por la caída abrupta de la inversión.
    Está claramente expuesto por el gobierno que la suba en las retenciones tiene una necesidad fiscal imperiosa. Es como un respirador artificial. Pero, ¿qué es lo que afecta este apretón impositivo? En primer lugar, se verán afectados los consumos energéticos. Esto si bien impactará reduciendo las necesidades de importación de combustibles, gas y gas-oil, al mismo tiempo provocará una caída sistemática de la demanda agregada. Los precios de los combustibles continuará elevados y en todo caso se acomodará la demanda con los stock.
    En segundo lugar, la retracción de la demanda llevará a una abrupta caída de los niveles de inversión y de la mano de obra, lo que conducirá también a una baja del consumo.
    En tercer lugar, algo que ya viene verificándose, el menor consumo, inversión y exportaciones, traerá consigo una reducción de los ingresos públicos, ante un gasto público creciente.
    Todo esto lleva inexorablemente a la reaparición del déficit fiscal y un aumento de las necesidades de financiamiento para garantizar el repago de la deuda pública.
    Esto se ve reflejado en el nivel del índice de Riesgo País que ya supera los 650 puntos básicos, lo cual revela no sólo el diferencial de tasas respecto de los bonos del Tesoro de los EE.UU. sino también las dificultades que encuentra el país para hacer frente al pago de la deuda pública.
    ¿Cuánto le cuesta al país mantener tamaña tozudez? Es difícil medirlo pero de acuerdo con estimaciones privadas, el abrupto freno de la actividad económica desde marzo se comerá unos 4 puntos del producto, hacia fin de año.
    El conflicto rural es la bisagra de un modelo que navega al garete y comienza a naufragar. Si se resuelve en favor de la inversión se podrá estabilizar una economía que presenta daños concretos pero que con el tiempo podrá reponerse, no sin costos y ajustes. Si se resuelve en favor de la apetencia fiscal, las consecuencias serán pérdidas multimillonarias y una ruptura del tejido social difícil de reparar en el corto plazo.

Miguel Ángel Rouco
DyN