Los obispos se reunirán por primera vez desde el "voto Cleto" en el Congreso por las retenciones a las exportaciones agropecuarias y en medio de la controversia por el proyecto gubernamental para despenalizar la tenencia de droga para uso personal, iniciativa a la que se oponen de modo terminante.
    La inseguridad, la inflación, la pobreza y la "fragilidad" laboral –temas urticantes en la agenda del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- también serán motivo de análisis de la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que desde el martes presidirá el cardenal Jorge Bergoglio en Buenos Aires.
    Estas preocupaciones "pastorales" surgirán inevitablemente –confirmaron a DyN fuentes eclesiásticas- del intercambio que abrirá las sesiones, y que si la veintena de prelados lo dispone derivará en un nuevo pronunciamiento el jueves al cabo de las deliberaciones.
    Las jornadas –según se desprende el temario oficial- tendrán un fuerte acento en cuestiones sociales y coyunturales, pese a que se centrarán en la preparación de la asamblea plenaria de noviembre, de carácter electivo. A priori, esa elección no presentará sorpresas, ya que la mayoría de los obispos están habilitados por estatutos para ser reelectos en sus cargos dentro de la estructura episcopal, inclusive Bergoglio como presidente. Los obispos prevén meterse además en la controversia que generan los indicadores económicos del INDEC, que evalúan "poco cotejables" en la realidad, al compararlos con los resultados del Barómetro de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA). Ese informe privado revela un crecimiento de la pobreza, una depresión del empleo genuino y una baja en las expectativas económicas generales del país. Datos que molestan a la Casa Rosada, al punto que funcionarios salieron a desmentirlo en reiteradas oportunidades.
    Los prelados también prevén avanzar en el proyecto eclesiástico de "inclusión social" que elaboró la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de cara a la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. La propuesta episcopal –distinta a la mesa de concertación plural de la Presidenta- tiene como objetivo que los argentinos pasen de habitantes a ciudadanos, a fin de contribuir al bien común en una sociedad que la Iglesia advierte fragmentada y con inequidad social escandalosa. La idea –que reconocen avanza lentamente- apuntar a la búsqueda de consensos con sindicalistas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y referentes de creencias religiosas, para convertirlos en proyectos de ley o proponerlos en políticas de Estado. Entre esas políticas de Estado, los obispos incluyen la lucha contra la drogadependencia y el narcotráfico, en un país en el que advierten "el narco-negocio se instaló y prospera exitosamente", porque "dejó de ser de paso". Pese a que reconocen que el narcotráfico es una problemática "muy compleja", la Iglesia insiste en combatirlo para evitar que "desde los más altos niveles, el tráfico de drogas siga generando corrupción y muerte: asesinatos por encargo, extorsiones, dependencias esclavizantes, prostitución". El plenario acotado escuchará también un balance del programa para crear mayor conciencia en los fieles sobre la contribución al sostenimiento del culto católico y que, pese a los esfuerzos, desde hace una década no lograr echar por tierra la creencia de que la Iglesia "tiene mucha plata" o "vive del dinero que recibe del Estado".
    Los datos del Plan Compartir demuestran que desde su aplicación, las parroquias recaudaron un 25 por ciento promedio más de dinero, y que en 2007 recibió 200 millones de pesos a través de las colectas, además de los 15 millones que percibe por parte del Estado. Cifras que, los obispos aseguran, son "insuficientes" para desarrollar su obra evangelizadora.

Guillermo Villarreal