Tal como adelantó este periódico,
continúan los fuertes aumentos en los precios de los alquileres de inmuebles y
la odisea que ello implica.
Estos aumentos se equiparan, conjuntamente, con los abusos
existentes y que deben soportar los inquilinos de buena fe. Los cuales, después
de la firma del pertinente contrato, deben tolerar situaciones en los cuales se
comprometen sus derechos debiendo recurrir a realizar reclamos y terminar en
juicios que nunca quisieron hacer.
En lo que respecta a los precios de los alquileres,
subieron tal y como se esperaba: mas de un 30%. Ya no importa si la zona es
top o se encuentra ubicada en barrios como Palermo, Barrio Norte,
Recoleta o las Cañitas. Esta suba afecta a toda la Capital Federal y la búsqueda
continúa siendo complicada, mientras la odisea es la misma, toda vez que las
ofertas existentes se hacen ver en cuanto cartel o inmobiliaria exista, pero
justamente los montos no permiten acceder a una vivienda digna.
Una vez que se firmó el contrato y se estipuló el plazo de 24
meses, todo estaría aparentemente normal, pero los problemas surgen con
posterioridad y allí es donde salen a la luz otro tipo de problemas como roturas
de caños, desprendimientos de mampostería de unidades vecinas o de un piso
superior al que se alquiló, con inundaciones de gran magnitud para el locatorio
que se ve sometido a perjuicios y daños tanto en el inmueble —al que en muchos
casos accedió hace apenas unos días— como personales, en sus muebles y
artefactos eléctricos.
La situación es complicada y, como el contrato legalmente
recién comienza, el locador no suele asumir responsabilidades y delega toda
el problema en el consorcio del edificio y/o en el propietario que tenía el
desperfecto en su unidad.
Tampoco suele comprenderse la situación del locatario, porque
el gran interés está centrado en alquilar, y por ende cobrar los ítems
relacionados a esto: depósito, alquiler adelantado, etc, a efectos de cerrar un
"gran negocio".
A nadie le interesa contemplar la situación del inquilino. Sus quejas son en vano y, más allá de enviar cartas documentos
y contestaciones simultáneas, el único perjudicado es él, quien se encuentra con un departamento deteriorado y en el cual no se puede vivir
normalmente.
Por cierto que estos casos abundan más de lo esperado y
nadie se hace cargo, porque el consorcio realiza promesas de que todo será
"subsanado a la brevedad", argumentando que una vez que reúnan los fondos —que no
tienen— realizarán los arreglos del caso y por primera vez efectuarán
el mantenimiento que las anteriores administraciones nunca hicieron.
Así es como se está frente a un circulo vicioso que empieza
y termina de la misma forma, porque nadie responde y más allá del juicio que se
interponga, el inquilino no puede seguir viviendo de esa forma y esperar ser
resarcido por el abuso sufrido.
Entonces, termina en una nueva búsqueda y
otra vez a juntar una fuerte suma de dinero para alquilar otro inmueble,
contando además con la comisión de la inmobiliaria, la cual es bastante elevada
ya que depende del criterio empleado
por cada una de ellas, llegando a equivaler hasta dos meses de alquiler o bien el 1,5% del
total del contrato.
Un tema aparte resulta la garantía, la cual si no puede obtenerse,
el locatario termina comprándola. No es tan fácil: estas son fácilmente detectables por la
cantidad de veces que se ofrecieron. Otra opción es adelantar fuertes sumas de dinero (de 6 meses a un año)
u ofrecer recibos de sueldo en garantía, esto último puesto de moda en los últimos
tiempos por algunas inmobiliarias.
La desprotección es total, nadie sabe a ciencia cierta adónde
debe recurrir, pues si bien es cierto que la Cámara de Inquilinos o asociaciones de
esta naturaleza brindan asesoramiento —y aconsejan cómo defenderse— todo sigue
siendo
burocrático.
Graciela Catalán Álvarez