"Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado". Alberto Moravia (1907-1990)

    La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al Honorable Congreso de la Nación en el control del Estado. Verifica el cumplimiento legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, con sus informes de auditoría, que incluyen comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la hacienda pública.
    Cuando observamos las instituciones constitucionales percibimos que están "secuestradas por el poder político", visualizando que tenemos una gran cantidad de instituciones de control y fiscalización y ninguna funciona en beneficio del país, sino que todo funciona en beneficio de una mafia política que esta destruyendo el futuro pesquero argentino.
    La Auditoria General de la Nación elevó a la Comisión Bicameral Permanente reiterados informes alertando sobre la situación del caladero, la corrupción imperante en el sector, y el impacto socio económico que enfrentara la Nación por el colapso de la pesquería Argentina.
    A la fecha ni su presidente ni el vice, ni el secretario de la Comisión Bicameral hicieron nada fehaciente al respecto. Tampoco los miembros restantes de la misma. Ingresando a los últimos años, en las paginas webs de las autoridades de la Comisión Bicameral, no hay mención alguna sobre acciones en referencia a la gravedad de la denuncia auditada por la AGN, siendo que su Presidente, el Dr. Leandro Despouy, hizo públicos sus dictámenes alertando sobre las violaciones constitucionales, corrupción enquistada y riesgo de destruir el patrimonio de generaciones futuras, "valuado" en más de 1.100 millones de dólares al año (Ver video al pie).
    Es dable señalar que la Nación Argentina posee una batería de legislación de rango constitucional de control y fiscalización sin precedentes, sin que las mismas arrojen resultado alguno. Nadie se atreve a colocar "trajes a rayas" a los funcionarios políticos, los cuales a su vez están cubiertos por otros funcionarios políticos que garantizan su impunidad para seguir destruyendo los cimientos de la Nación colocándonos entre los países de mayor inseguridad e ilegalidad.
    Tanto en las auditorías que se realizaron para los años 1996 y 1997, como para la que analizó la situación pesquera hasta el 2006, el organismo detectó que se había "incrementado la explotación e inclusive se habían pasado los niveles autorizados, se establecían metas, se disminuían los cupos y cuando uno los medía al año siguiente se veía que las restricciones como consecuencia del riesgo del agotamiento del recurso por sobreexplotación no solamente se habían violado sino que era en porcentajes que en algunos casos llegaban al 200%". Despouy dixit.
    Esto demuestra que los integrantes de la Comisión Bicameral no ordenaron acciones contra los responsables de la destrucción del patrimonio pesquero nacional ya que la situación se agravó en el tiempo. En su informe de 2001, la AGN estableció que se estaba "frente a situaciones alarmantes" adunando que los excesos que se producen en la explotación del recurso pesquero, vulnerando los objetivos establecidos en el Art. 1 de la Ley Federal de Pesca como también en el Art. 41 de la Constitución Nacional. La violación sistemática de lo establecido en dicha Ley —y de lo dispuesto en nuestra Carta Magna— ocasiona importantes perjuicios en las disponibilidades del recurso existente. Todo ello repercute negativamente en la actividad económica pesquera y en los sectores sociales vinculados a ella en nuestro país, así como también en la preservación y conservación del medioambiente.


¿En la Argentina hay controles institucionales manejados políticamente?

    Según vimos, se estima que correspondería haber aplicado del 2002 al 2006, aproximadamente 116 millones de pesos en multas, pero se certificaron para cobrar 26 millones y solamente se percibieron 6 millones. Hay una diferencia tan grande, que cuando se ven las cifras se piensa que es un incentivo para incumplir, no tiene sentido cumplir.
    "Cada vez se agravan más los factores que inciden en el colapso" de los recursos pesqueros del mar argentino, reconoció el presidente de la AGN. Por eso, entendió que para revertir la situación hay que atacar todos los factores que lo están causando.
    Ahora, ¿las comisiones de control parlamentario cajonean los dictámenes oficiales? Pareciera que sí.
    La explotación pesquera, como otras tantas, repite el carácter "minero" del resto de la economía argentina. La escandalosa sobrepesca terminó por enfrentar a las corporaciones de buques congeladores y factorías, que realizan procesos a bordo y se llevan casi el 70% de las capturas, con las empresas locales de buques fresqueros que procesan sus capturas en plantas en tierra.
    Las empresas de buques congeladoras y factorías se llevan más de la mitad de la merluza hubbsi y casi el ciento por ciento del calamar y el langostino. La cantidad de pescado que tiran al mar, por tratarse de "pesca incidental", en muchos casos alcanza la cuarta parte de la captura y tiene un impacto anual del 40% sobre la biomasa. Este "desperdicio" se valúa en más de 200 millones de dólares que no llegara jamás a los pobres sino al fondo del mar.
    La declaración de la emergencia pesquera votada en 1999 confinó la operación de la flota congeladora a zonas de bajas densidades de merluza ubicadas al sur del paralelo 48º y estableció límites de captura por buque para la flota fresquera. La inacción de las autoridades, inoperancia de los controles y las medidas cautelares otorgadas por jueces de Rawson y Ushuaia viabilizaron a la flota congeladora que hizo de las medidas de emergencia letra muerta con el apoyo silencioso de las comisiones de pesca y de la Comisión Bicameral permanente que, insisto, tenían y tienen en mano dictámenes de distintas auditorias sin tomar los recaudos legales previstos a la fecha.
    Cabe entonces otra pregunta: ¿impulsaron las comisiones parlamentarias acciones concretas en defensa del impacto social generado por el colapso?
    No. A la administración argentina le sobran denuncias de corrupción e irregularidades en el otorgamiento de las licencias de pesca, lo que convierte al Estado en el principal depredador del mar toda vez que no controla a las empresas pesqueras. En 2001 una auditoria realizada por un equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, financiados por la misma Secretaría de Agricultura, reveló abrumadoras violaciones a las normas vigentes. Ese informe, entre otros, fue ignorado por el ejecutivo kirchnerista puesto que tocaba fibras sensibles como los contactos entre el poder político y los intereses empresariales.


La Argentina y sus controles constitucionales

    La autoridad de la AGN abarca a toda la administración pública centralizada y descentralizada. También la Comisión Bicameral Permanente.
    La Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas está integrada por seis senadores y seis diputados, regida por la ley 23.847 y la LAFSC Art 128-129. Sus funciones establecidas encuadran encomendar a la auditoria la realización de estudios, investigaciones y dictámenes.
    Sus actuales competencias surgen de la Ley N° 24.156. Tiene a su cargo el análisis de la Cuenta de Inversión a que se refiere la Constitución Nacional, así como también el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación, el análisis de su presupuesto, y el examen de los informes de auditoría del citado organismo Analizando los dictámenes y ordenando acciones en referencia a cada auditoria.
    El senador oficialista Alejandro N. Fernández es el presidente de la Comisión Bicameral, su vice es el Diputado Radical Mario A. Nieva, el secretario es también el conocido Oficialista Juan José Pampuro, quienes entre otros integrantes debieron hace años impulsar actuaciones judiciales contra las autoridades de la Secretaria de Pesca, Consejo Federal Pesquero en pleno y contra los particulares favorecidos por la violaciones sistemáticas denunciadas también, por la PTN- (Procuración de Tesoro de la Nación) y por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación). A la fecha, hay más de una veintena de buques con dictámenes de nulidad en sus permisos de pesca de empresas extranjeras y mixtas que pescan ilegalmente en el caladero argentino. También hay otros que pescan en el territorio y Malvinas desconociendo nuestra soberanía, empresas a las cuales además les pagamos reintegros a las exportaciones.
    El Presidente de la Comisión Bicameral, el senador Fernández, el 16-11-2004, tal como consta en su pagina Web, presentó un proyecto de ley concediendo con efecto suspensivo las apelaciones interpuestas contra las medidas cautelares respecto del accionar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La traducción sería: en el caso que un juez ordenare la interrupción del accionar de la Secretaria, y ésta pidiere la revisión de la decisión del juez ante un tribunal superior, se debe suspender la orden del juez, es decir que la Secretaría continuaría con su accionar, hasta tanto el tribunal superior resolviera su petición.
    El fundamento de este cuestionado legislador, es que las decisiones del ejecutivo, por su carácter "político", no deberían suspenderse en su ejecución, al ser cuestionadas por el poder judicial, hasta tanto no quede firme la instancia. Esta teoría interpreta que las decisiones "políticas" no son revisables, por ello es tan utilizada por nuestros "políticos", dado que no se condicen con el principio republicano de control de los actos de gobierno, artículo 1º de la Constitución Nacional, tan bien e inteligentemente plasmado en toda la normativa que permite fiscalizar el accionar del ejecutivo. En pocas palabras: el presidente de la Comisión Bicameral que controla el accionar de la AGN, que controla al ejecutivo, impulsó una salida legal para evadir sus irrenunciables facultades de control.


Comisiones y recursos pesqueros en colapso

    Sería interesante referirnos a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. La misma lleva el nombre de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y esta integrada por 25 Diputados.
    Quien preside la comisión de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios es el Chubutense oficialista Juan Mario País, el vicepresidente quien representa a la provincia de Santa Cruz es radical, Juan Erwin Bolívar Acuña Kunz. El vicepresidente segundo es Evaristo Arturo Rodríguez, es también oficialista y de Santa Cruz.
    Es dable mencionar que, dentro de esta comisión de "cúpula patagónica" están las espadas más filosas del kirchnerismo, como lo son Carlos Kunkel, Alejandro Rossi, Fernando De Petri y Ariel Basteiro. Personalmente me sorprendió la ductilidad del diputado Basteiro, que formo parte del directorio de Aerolíneas Argentinas y también de la Comisión de Pesca de la que nunca hizo mención alguna. Al Dr. Kunkel, tan reconocido por sus opiniones mediáticas, jamás se le oyó decir una palabra sobre los informes de la AGN referente al colapso de los recursos pesqueros y su impacto en los más pobres. Fernando de Petri, tan enjundioso luchador por los mas pobres, tampoco habló jamás una palabra de la merluza, quizás ni la coma. De esta comisión no se conocen actuaciones fehacientes sobre la Comisión Bicameral para impulsar acciones convergentes a terminar con las gravísimas ilegalidades de orden Constitucional que denuncia la AGN-PTN-SIGEN-UBA.
    Luego, tenemos a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la Nación.
    La presidente de la misma es Silvia E. Giusti, del bloque oficialista de la provincia de Chubut, Juan Carlos Marino radical pampeano y la senadora pampeana oficialista Silvia E. Gallego. Les corresponde entender y dictaminar en todo lo relativo a la explotación, preservación y desarrollo de los recursos naturales renovables y no renovables del mar según el Art 73 del HSN. Dicha comisión esta formada además, por 15 senadores.
    La Senadora Giusti impulsó la modificación de la ley para evitar la doble radicación de empresas que operan en Malvinas y la Argentina. No se conocen en el seno de esta comisión acciones de nulidad tendientes a revocar pagos de reintegros a piratas. Tampoco se conocen opiniones de las auditorias, pues no hay pedidos de informes, ni publican acciones fehacientes ante a la Comisión Bicameral para que comunique medidas tomadas en referencia a las auditorias de la AGN-PTN-SIGEN-UBA. Nadie reclama acciones en defensa del patrimonio a resguardar. Según la Carta Magna, en su artículo 71, "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".
    Por todo lo expuesto es incomprensible que la situación pesquera continúe en el actual estado calamitoso de corrupción y colapso que nos genera actualmente cientos de desocupados en Mar del Plata y la Patagonia.
    De la misma manera que hoy juzgan a los genocidas que detentaron el poder político ayer, se juzgara a los Kirchner mañana pues su política pesquera es otra clase de genocidio.
    "Lo que fue pecado e injusticia también necesita ser bendecido con el perdón, el arrepentimiento y la reparación. Y lo que fue bueno, necesita ser bendecido con el reconocimiento y la acción de gracias que sabe valorar la vida que se nos dio, la tierra que recibimos". Cardenal Jorge Bergoglio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

Ver también:

http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/42277

http://www.malvinense.com.ar