En una nueva puesta en escena desde
Olivos, el Gobierno acaba de arrojarle un salvavidas de plomo a los
productores rurales, confirmando las sospechas de la total ignorancia oficial
acerca de los reales problemas que afronta el sector agropecuario, uno de los
principales generadores de divisas de la economía.
Lejos de cambiar el clima o de arrimar una ayuda para aceitar
la decisión de vender el tonelaje de soja que está guardado en los silos-bolsa,
las medidas anunciadas hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
no sólo no varían la ecuación económico-financiera de los productores de la
Pampa Húmeda, sino que muestran cómo se acentúa el divorcio con el sector.
En realidad, todo este galimatías encierra el costado oscuro
y crónico de la Argentina: un tremendo desequilibrio fiscal.
Tal vez, las medidas sumen algún alivio para aquellas producciones regionales
del complejo fruti-hortícola aunque, la felicidad no es del todo completa cuando
se trata de productos altamente perecederos.
En primer término, la Jefa del Estado reiteró que recién
desde mañana regiría el tenue recorte en las retenciones a las exportaciones de
trigo y maíz. Estos, tal vez sean los cultivos que han sido más afectados por la
sequía. Pero como hay que asegurar primero el abasto interno, los saldos
exportables serán mucho menores a los de la campaña anterior, por lo cual el
impacto será mínimo en la caja del productor.
Pero además, las autoridades le han lanzado otra "ayuda" al
hombre de campo: en plena recesión mundial, con caída del precio de las
commodities, el gobierno condiciona al productor con una baja adicional
de las retenciones, siempre y cuando incremente la producción por encima de los
promedios históricos que están muy por encima de los niveles actuales.
En otros términos, en lugar de ayudar a la producción en
tiempos de crisis, le exige más. En segunda instancia, la "Operación Feed-Lot"
abre un gran interrogante. ¿Quién invertirá en forraje para engordar animales
que, en el mejor de los casos, pueden alcanzar un precio de venta de un
peso/kilo y son destinados a manufactura, cuando puede destinar ese alimento
para ganar kilos en animales de alta calidad, con destino a exportación que se
pagan un dólar/kilo? Dicho de otro modo, ¿quién va a invertir capital en
producir hamburguesas cuando puede, con igual capital, producir lomo, cuadril o
peceto? Un tercer tópico está dado por la dramática relación costo-beneficio de
la explotación agrícola, a partir del aumento de los primeros por la incidencia
de un tope de 48 horas semanales, para los trabajadores rurales. Esto provocará
un profundo desequilibrio financiero en muchos establecimientos rurales, en
especial en aquellos con una gran participación de mano de obra.
Y, entonces, el supuesto alivio de la producción
frutihortícola se desvanece porque el costo laboral crece. No se ha tomado en
cuenta que el trabajo rural tiene picos y valles a lo largo del año y que, en
materia de agricultura, mientras en épocas de siembra y de cosecha las labores
se incrementan, por lo que habría que pagar horas extras, en tiempos de
floración, las tareas disminuyen sensiblemente. Y lo mismo ocurre en la
producción pecuaria. La distorsión es más sensible en la producción tambera,
donde la jornada laboral se extiende desde el alba hasta el ocaso. Pero es más
ostensible, en la fruti-hortícola donde siembra y cosecha requieren mucha mano
de obra intensiva y el producto no puede esperar. Este tope horario producirá
incrementos de costos y el desbalance impactará inexorablemente de lleno en la
caja de las pequeñas explotaciones de chacras.
En síntesis, con la pátina de la preocupación del Gobierno
por un sector que podría arrimarle los dólares que pueden escasear desde lo
comercial y correlativamente los pesos que necesitará el Tesoro, hoy se han dado
a conocer medidas en un solo sentido, que demuestran no entender las necesidades
del sector, medidas que encierran más esfuerzos para el productor, pero que
carecen de estímulos ni tienen casi costo fiscal alguno para el Estado.
Miguel Angel Rouco