En estos días hemos escuchado al director de la AFIP, Dr. Ricardo Etchegaray, en un programa periodístico con Samuel Chiche Gelbung, explicó que el sector pesquero no ha sido beneficiado por una ley de emergencia como hoy lo es otro sector productivo de nuestra Nación. Sin embargo, la pesca posee su propia ley de emergencia, Ley 25.109 sancionada en 1999, hoy vigente, que tiene como protagonista a la especie merluza común (merluccius hubbsi). Esta ley sigue el mandato de otra ley que regula el sector, la Ley 24.922, Ley Federal de Pesca, que en su Art. 1 ordena: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.
    La citada norma posee los elementos necesarios para proteger el caladero de un colapso originado “en los excesos que se producen en la explotación del recurso pesquero, que vulneran los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Ley Federal de Pesca y el Art. 41 de la Constitución Nacional porque se ocasionan importantes perjuicios en las disponibilidades del recurso existente”, tal como surge del Informe sobre Pesca, análisis de la AGN (Auditoría General de la Nación) 2008. La AGN hace llegar sus conclusiones e informes al Congreso, específicamente a la Comisión Bicameral Permanente de mayoría oficialista. En el citado informe concluye que “aún no se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar excesos en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad”, a pesar de las recomendaciones vertidas por la propia AGN, y otros organismos científicos.
    Es raro que la opinión pública pueda conocer sobre la situación del caladero. Y si se intenta colocar el tema dentro de la agenda pública, éste es silenciado, tal como ocurrió hace unos días en el programa “Tiene la Palabra”, ante la pregunta sobre “la merluza” realizada a Felipe Solá, lanzado hoy en plena campaña. Quien pregunto fue velado, y al insistir, el ex gobernador de La Provincia Buenos Aires, lo calló al aire diciendo “no me vas a preguntar sobre la merluza”. Durante la gestión del ex gobernador pescaron buques congeladores y factorías con permisos de pesca oficiales e ilegales, que agravaron la situación de sobreexplotación que provocó la legislación sobre la emergencia pesquera nacional. Años atrás el Dr. Procaccini, ex Legales de Secretaría de Pesca de la Nación, públicamente explicó que en la gestión de Felipe a quien no pagaba se le revoleaba el expediente detrás del fichero y este allí moría, a no ser que el “Toco” Gonzáles Fernández, cuñado de Felipe, mandase a pedir el mismo. El Dr. Procaccini fue eyectado de sus funciones por negarse a avalar las ilegalidades que le entregaban a firmar. La zaga de Felipe continúa hasta la fecha pues tiene instalado recientemente como Director de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, al “Gato” Novero, ex diputado provincial que durante su gestión no presentó ni un solo proyecto para apartar del mar argentino la flota de buques congeladores ilegales que nos depreda, siendo el mismo un lobbista de los grupos congeladores mas poderosos de la provincia de Buenos Aires. Es destacable que Novero es además titular del sindicato amarillo SIMAPE. Que curriculum…


Llegan las ayudas del Gobierno

    El sector sufre los embates de la crisis y las ayudas del gobierno tardan en llegar. Como mencionáramos ut supra, la pesquería posee un plexo legal y entre sus mandatos se prioriza el “aprovechamiento racional de los recursos”, “la protección efectiva de los intereses nacionales” y “el mayor empleo de mano de obra argentina”.
    El Subsecretario de pesca, Norberto Yahuar, precisó correcciones efectuadas sobre el plan para prefinanciar exportaciones. En particular, señaló la necesidad de dar incentivos para la pesca de calamar con el propósito de evitar que la flota permanezca inmovilizada durante esta temporada. Según el informe citado de la AGN, “su explotación en cuanto a volumen es la segunda en importancia dentro de las capturas totales realizadas en el mar argentino”. El informe también alerta respecto a la sobreexplotación que ha sufrido este recurso. Los incentivos de Yahuar van a colaborar con varias empresas asiáticas, dado que se otorgarán créditos también a empresarios extranjeros, con buques propiedad de sus Gobiernos. La ayuda K es concedida para favorecer a multinacionales que compiten pescando calamar en las 200 millas con los buques argentinos. Esta prefinanciación beneficiará a coreanos, chinos, españoles que poseen pabellón argentino y que llevan a bordo tripulantes extranjeros que además poseen buques operando en Malvinas desconociendo la soberanía nacional sobre las islas.
    Siguiendo con la política pesquera K, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía, derogó un inteligente Art. de una resolución ministerial que pretendía la defensa de miles de trabajadores en tierra. El Art. 9 de la Resolución 967/99 distinguía como beneficiarios de reintegros a los empresarios que elaboraran pescado en tierra argentina. Mil toneladas de pescado elaborado en tierra generan ochocientos puestos de trabajo de forma indirecta y directa durante 30 días. Mil toneladas de pescado elaboradas en un buque dan trabajo sólo a 60 personas durante 60 días por la alta automatización que poseen las factorías. Las empresas pesqueras controladas por el Ejecutivo, exportan el producto congelado a bordo como materia prima a sus propias casas matrices en España o Asia. Todo frente al mandato legal que regula la gestión del ejecutivo, quien otorga los permisos de pesca y controla su ilegalidad, impulsando así el genuino cuidado de miles de puestos de trabajo extranjeros que brinda el pescado argentino, exportado sin valor agregado nacional. Es mas, también dentro del Mercosur, la ayuda nacional no deja de llegar a Uruguay a través de su pesquera Grinfin y su matriz charrúa Frypur, a quien enviamos diariamente miles de toneladas de merluza como materia prima para garantizar el empleo a miles de uruguayos.
    Para el Ministro de Economía Carlos Fernández, “no se verifican diferencias en términos de procesos entre un mismo producto elaborado en una planta instalada en tierra y en un buque pesquero procesador” y “que por ello, ha perdido sustento lo preceptuado por el Artículo 9º de la referida Resolución Nº 967/1999”, “ya que a partir de la evaluación de la situación de algunas pesquerías se observa una situación de crisis estructural de la actividad pesquera y se consideró necesario abordar esta situación instrumentando medidas que recuperen la competitividad y viabilicen el sostenimiento de la actividad, induciendo a un incremento del valor agregado para la obtención de productos más elaborados a partir de los recursos pesqueros” y esto implica “un cambio en la política económica, considerando que tanto la actividad pesquera como la acuícola, generan impactos positivos en las economías regionales”. Todo surge de los considerandos de la Resolución 665/2008 firmada por el funcionario K, quien desobedece un mandato legal de la Ley 24.922 en su Art. 1 ya citado. ¿A qué economía regional impacta esta resolución? ¿Dónde se garantizan los puestos de trabajo? ¿En los buques congeladores o en tierra? ¿Cuál es el nuevo incremento del valor agregado? ¿A qué pesqueras se beneficia? ¿Incluye a las empresas de doble matriculación que operan tanto con kelpers como en Argentina? ¿Hay desarrollos acuícolas exportables en la Argentina? ¿La empresa japonesa Pespasa radicada en Argentina que caza ballenas y las procesa porque no las puede llevar enteras también será beneficiada?


La crisis estructural de la actividad pesquera

    La crisis estructural que el gobierno K reconoce en esta resolución ministerial ha sido una y otra vez denunciada por distintos organismos, entre ellos la ya mencionada AGN, organismo de rango constitucional. Es por ello que la institucionalidad K pretende devastar a la AGN con su mayoría oficialista de auditores, degradando al extremo el Art. 85 de la Constitución Nacional. No solo este organismo a través de sus auditorías ha advertido la situación del sector, sino que una ley reglamenta la actividad, y por sus violaciones sistemáticas desde su gobierno la misma ha sido agravada.
    La pesca nacional sigue siendo dañada por ser los responsables los mismos lobbistas de los grupos ilegales que operan desde la pasada década. La Argentina no cambia su política pesquera, sino que aggiorna prebendas del pasado cuando el sector no tiene el tiempo de los funcionarios cajeros del poder político. La corrupción estructural de quienes nos gobierna de espaldas a las leyes explica el colapso de un caladero que ya lleva una década en emergencia, año a año agravada. Con la llegada de los Kirchner y su entorno mafioso se selló la suerte de la pesca nacional que paso a ser de una actividad extractiva de pleno empleo a caja millonaria del poder político.
    En Villa Dolores, la Presidenta sostuvo que: "seguiremos con este modelo de construir un país más justo, más solidario, más integrado y más federal".
    Al igual que los poderosos genocidas de ayer, los Kirchner, al finalizar su mandato, serán juzgados porque su política aplicada es generadora de hambre y genocidio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

http://presidencia.gov.ar

http://www.agn.gov.ar/Presentacion_Pesca/index.html

http://www.revistarecursos.com.ar/r001/index.html  * Recomendado

http://blogs.tn.com.ar/ecologia/archives/2008/10/este_sabado_en_tn_ecologia_11.html  * Recomendado

http://www.revistarecursos.com.ar/desta2.htm