La incertidumbre por los despidos derivados de la crisis financiera global, la persistencia de una pobreza estructura que "no sólo genera excluidos sino ya sobrantes" y la debacle de las economías regionales a raíz de la protesta del campo y la sequía, son apenas una muestra de las preocupaciones sociales que los obispos argentinos llevarán al Papa entre marzo y abril. Los prelados llegarán a Roma en medio de la ebullición por el caso del obispo Richard Williamson, a quien Benedicto XVI levantó la excomunión junto a otros tres prelados de la ultraconservadora Fraternidad San Pío X, decisión que desató una interna sin precedentes en el seno de la Iglesia católica.
    Se trata del mismo prelado que negó la existencia del holocausto judío y a quien el Gobierno conminó ayer a abandonar el país "en un plazo perentorio de diez días", bajo apercibimiento de "expulsión", por considerar que sus dichos "agredieron profundamente a la sociedad argentina, al pueblo judío y a la humanidad toda".
    Sin embargo, esa decisión gubernamental "no afecta en absoluto" la relación del Estado argentino con el Vaticano, según aclaró el embajador ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero.
    El diplomático también distanció del escándalo Williamson al Episcopado argentino, al asegurar que ese era "un caso marginal y no central" para la Iglesia local, en coincidencia con los obispos que afirmaron "no mantener ningún contacto institucional con los lefebvristas", pese a que Williamson dirigía un seminario de ese grupo religioso, que no acepta las reformas del Concilio Vaticano II, en la localidad bonaerense de La Reja. Precisamente con Cafiero, algunos obispos mantendrán "conversaciones" en el marco de la visita "ad límina", a fin de poder avanzar en temas bilaterales pendientes, que generaron cierta fricción, como el futuro status del obispado castrense, y la designación de su respectivo obispo.
    El embajador, que afirmó hoy que en el Vaticano "hay un clima más positivo hacia la Argentina", trabaja desde noviembre pasado en un "acuerdo viable" —pudo saber DyN— para eliminar el Obispado Castrense, posibilidad que Roma rechaza, o al menos se busca retrotraer el acuerdo bilateral a 1992, cuando se elevó esa jurisdicción de vicariato a obispado. Cafiero opina que debe revisarse su existencia porque ese obispado está constituido sobre cartas reversales jurídicamente "endebles" y de "cuestionable validez", por no contar con aprobación parlamentaria.
    Pese a que en el Episcopado no confirman ni desmienten estos "encuentros" con el diplomático, no es un dato menor que en el primer grupo, que estará en Roma del 7 y el 14 de marzo, figure —entre unos 30— casi la totalidad de la cúpula episcopal encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio. Además, en esa comitiva también viajarán el actual administrador diocesano del Obispado Castrense, Pedro Candia, y el emérito Antonio Baseotto, a quien el gobierno intentó echar sin éxito en marzo de 2005, tras la utilización de una frase evangélica —tirar al mar a quienes escandalicen a los niños— que la Casa Rosada interpretó como apología de los "vuelos de la muerte" en la última dictadura militar. El resto de los obispos cumplirá el requisito canónico de visitar al Papa y los dicasterios vaticanos, con sus respectivos informes pastorales, en dos tandas. Una del 26 de marzo al 3 de abril, y la otra del 20 al 30 de abril.
    Esos diagnósticos, que habitualmente irritan la sensibilidad de los gobiernos de turno, incluyen además de cuestiones socio-políticas, otras de especial consideración en un país católico, como pérdida acentuada de fieles, escasa participación en los oficios religiosos y curva declinante de vocaciones sacerdotales.

Guillermo Villarreal