Contar la historia de un buque tiene sentido sólo si se percibe la trascendencia social que la misma contiene. El buque Amalia del Bene fue construido por el hoy desaparecido Fondo para la Marina Mercante. Para construirlo, Naviera Del Bene solicitó un préstamo de US$30 millones, cuando el costo hubiese sido US$8 millones. Quienes manejaban el Fondo junto a las empresas convenían con el astillero que lo construía mayores costos, y obtenían así una financiación a tasa preferencial para otras actividades.

    Los créditos nunca fueron pagados, y los resultados negativos fueron cargados a la cuenta de nuestras espaldas. El buque navego un año y medio y luego desapareció “legalmente” gracias a la Justicia Nacional. Hoy el buque pertenece a la empresa privada Del Bene SACIF, que nunca lo abonó. Esta empresa se encuentra manejada por Fluviomar SA y opera en nuestra hidrovía.

    Fluviomar SA se asocia con la paraguaya Conosur que transporta hidrocarburos para Petropar, Petróleos Paraguayos. El presidente de Fluviomar Andrés René Guzmán, es el titular de Conosur. Fluviomar-Conosur, muy comprometida en sus finanzas, hipoteca el buque Amalia del Bene, para luego venderlo a la norteamericana Ocean Bulker en US$17 millones, con el compromiso de volverlo a comprar tiempo después en US$25 millones. Fluviomar realiza la operación con el objeto de obtener fondos para apuros financieros. Fluviomar nunca cumplió con Ocean Bulker y fue demandada hace unos meses en Estados Unidos por presunta defraudación y estafa a través de la venta fraudulenta de una embarcación, que nunca salió de patrimonio Fluviomar porque estaba hipotecado.

    La deuda de Fluviomar a distintas compañías llega a ¡US$ 150 millones!


El rescate de Cristina, bendición para Fluviomar

    Gracias a los acuerdos bilaterales que firma Cristina Kirchner con su par venezolano, Fluviomar se asocia a PDVSA —Petróleos de Venezuela—, para formar una mega naviera bautizada Fluvioalba. La alianza Fluviomar-PDVSA rescata a Fluviomar de una quiebra técnica y convierte a Fluvioalba dominante en el transporte de hidrocarburos en la hidrovía Río de la Plata y del río Uruguay, así como en la hidrovía Paraguay-Paraná, conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia.

    El acuerdo que firma Cristina es “para la logística, distribución y transporte entre Fluviomar SA y PDVSA Naval”. La alianza estratégica para PDVSA no solo permite el control de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a través del transporte de petróleo y sus derivados sino que ata a Petropar a ser provisionada por PDVSA en el 100% de su gas oil, y a contratar los fletes a una sola naviera en Paraguay: Conosur. "Impresionante" y en palabras de Chávez “con ello Venezuela tendrá cada vez más presencia en el Cono Sur”.

    El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela informa que se firmó “el Memorándum de Entendimiento entre PDVSA y Fluviomar SA, sobre logística, distribución y transporte para establecer una alianza estratégica en logística internacional y con experiencia en transporte marítimo, fluvial, ferroviario y terrestre, en la región de influencia de la Cuenca del Río de la Plata, río Uruguay e hidrovía Paraguay - Paraná, para facilitar la presencia de PDVSA en los países del Mercosur”.
    Mientras Cristina firma los acuerdos millonarios que jamás hace públicos, que otorgan negocios fuera de la ley y entrega nuestro futuro a intereses foráneos y a empresarios espurios, Fluviovía no paga salarios ni realiza aportes previsionales. Ni la tripulación del protagonista de esta historia, el buque Amalia del Bene, ni las tripulaciones de los otros buques de Fluviovía, ni personal alguno de Fluviovía, tienen asegurado su porvenir, porque Cristina asegura el futuro de funcionarios y empresarios corruptos y negocios de países amigos, otorgando posiciones dominantes, práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, Ley de la Nación 25.156, a empresas incumplidoras de sus obligaciones legales, sospechadas de corrupción y de fraude, envueltas en escándalos y maniobras financieras con la anuencia de funcionarios del estado.


Daños colaterales

    Los políticos en la Argentina desde hace décadas impulsan negocios para sus intereses por sobre el interés de la Nación, por sobre el ciudadano. La destrucción de dignidad y ciudadanía se continua cualquiera sea el nombre del modelo. El negocio de la destrucción de la Marina Mercante Argentina comienza con los decretos de la democracia 1772/91 y el 817/92, aun vigentes. Gracias a ellos durante años buques antes argentinos navegaron sin ajustarse a convenios internacionales ni normas de la OIT, y permitieron enarbolar pabellones extranjeros en nuestras naves. Los derechos de miles de trabajadores argentinos de las hidrovías y del mar, fueron literalmente borrados. La falta de justicia y el compromiso de los mas altos estamentos jurídicos que avalan todo tipo de ilegalidades, hacen que aunados a legisladores se haya pisoteado la Constitución Nacional y con ello todas las garantías del ciudadano en pos de mas dinero y poder del status quo político.

    La corrupción institucional permite que se vendan buques hipotecados. El Registro Nacional de Buques es quien “otorga nacionalidad a los buques y asegura el tráfico jurídico mediante la publicidad registral, funciones que se encuentran acabadamente diferenciadas entre sí, pero profundamente entrelazadas. La primera de ellas se materializa con la inscripción en la Matrícula Nacional. Esta inscripción, además de otorgar la nacionalidad argentina, autoriza el uso del Pabellón Nacional y sujeta al buque a las leyes de la República. La otra, es la que tiene por objeto el registro del dominio y sus distintas afectaciones, función directamente vinculada al orden jurídico, para resguardarlo y dar seguridad y eficacia a las transacciones que se realicen sobre buques, teniendo en mira la importancia de los valores económicos en juego. Esta es la función de policía de la propiedad, que va más allá de los fines administrativos, redundando directamente en los intereses de los particulares y evitando que se produzcan alteraciones en el orden jurídico. Nuestro país tiene una larguísima tradición en materia de registro de la propiedad naval, siendo de destacar que los principios que se procuran generalizar universalmente para la matriculación de los buques, incorporados en un convenio específico y a la Convención sobre Derecho del Mar, concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, están comprendidos desde hace mucho tiempo en los procedimientos del Registro Nacional de Buques”. ¿Cómo se vendió el buque Amalia Del Bene hipotecado?


La explicación: corrupción y mas corrupción

    No sólo los buques quedan sujetos a las leyes de la Nación, sino también los empresarios, los funcionarios y los Presidentes, que no sólo firman acuerdos bilaterales, sino convenciones internacionales. Entre estas convenciones firmadas por el Ejecutivo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerza de Ley (ley 26.097) y compromete internacionalmente a nuestro Estado. En el Preámbulo de la Convención se encuentran los fundamentos que llevan a los mandatarios a firmar la misma, entre ellos:

    “Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

    Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.

    Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados.

    … Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.

    ... Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces.

   La democracia depende de una gestión clara, pública, que no silencie denuncias, que genere dignidad y seguridad a sus ciudadanos. En un Estado cuyos representantes han roto todos los frenos inhibitorios morales en pos de su enriquecimiento personal, la Convención contra la Corrupción pareciera solo una declaración que no plasma hechos y realidades que la Argentina vive día a día reflejada en la pobreza y en el ranking de corrupción intencional que detenta. No existe preocupación alguna de los presidentes de turno y sus funcionarios por la pobreza generada desde la corrupción.

    Los Kirchner y sus funcionarios colaboradores deberán ser juzgados y enviados a cárceles comunes junto a los genocidas de ayer pues su política de robo y destrucción a la Patria es otra clase de genocidio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante- Investigador