Bastaron tres crímenes alevosos en el conurbano bonaerense, cuyas víctimas fueron mujeres a las cuales se les intentó sustraer el auto, para que Carlos Stornelli exhumara la teoría conspirativa de que en dichos sucesos existía la participación de menores digitados por policías en actividad, retirados y exonerados. Y cuyo fin último sería, qué duda cabe, la desestabilización del tambaleante gobernador Scioli.

Si bien el ministro de Seguridad bonaerense se excusó a la hora de requerirle pruebas al respecto en un principio, luego aportó documentación donde se afirmaba la existencia de bandas mafiosas que asolaron ese castigado distrito durante 2002.  Puntualmente, según información vertida por el sitio colega Urgente 24, “en aquel momento el gobierno bonaerense vinculaba dos casos, el del prestamista Marcelo Penna, quien apareció esposado y asesinado de dos tiros en el Parque Pereyra Iraola el 11 de julio de 2002)y la aparición de tres hombres acribillados y decapitados, en el asiento trasero de un auto en José Ingenieros, con antecedentes de robo y narcotráfico.”

A esto hay que agregarle el aún no aclarado el asesinato del empresario de la construcción Jorge Fernández Prieto, quien fue ultimado por dos killers que se desplazaban en moto cuando intentaba ingresar en el garaje del edificio de su ex mujer e hijos. Esto acaeció el martes 6 de agosto de ese mismo año, a la 1 de la madrugada, en la calle San Martín 919 de Avellaneda.

Aunque en ese entonces la Bonaerense aseguraba que se trató de un intento de robo de automotor o de secuestro extorsivo, la saña demostrada por los ejecutores barrió de plano dicha hipótesis. Pues en el escenario se encontraron casquillos de pistolas 22 y de escopeta 3,80, calibre demasiado pesado para unos improvisados embretados en un asalto al voleo.

Pero a ojo de buen cubero, es preciso aventurarse un poco más atrás en el tiempo y desempolvar unas teorías en boga durante las décadas de los 70 y 80.

La solución italiana

El 16 de marzo de 1978 un grupo de terroristas de las Brigadas Rojas secuestra en un audaz y cruento operativo al ex primer ministro Aldo Moro. Mantenido cautivo hasta el 9 de mayo, su cadáver cruzado por una ráfaga de ametralladora es encontrado dentro del portaequipaje de un auto abandonado en la calle romana de Via Caetani, muy cerca de las sedes de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista. Este detalle aparentemente sin significación aparente al momento del hallazgo, luego evidenciaría una punta de una teoría muy inquietante. Su artero homicidio sería parte de un oscuro entramado conspirativo cuyo objetivo sería el derrumbe del Estado italiano mediante un golpe de estado neofascista. Para perpetrar el mismo, la CIA utilizó a su subsidiaria P2 y su brazo armado la Red Gladio con el fin de crear una desestabilización en cadena denominada ley de tensión mayor. Moro fue la víctima propiciatoria de dicho plan, al ser puesto primero en la lista negra por intentar un cogobierno con el citado comunismo italiano.

Un par de años después, el 6 de agosto de 1980, una bomba hace volar el techo de la estación de Boloña, provocando 85 muertos. Al principio se endilgó la responsabilidad a las Brigadas Rojas, pero luego trascendió que los verdaderos responsables de la masacre fueron las autodenominadas Brigadas Negras, como parte integrante del plan citado.

Es cierto que en estos lares no existe, felizmente, la larga mano de los empleadores de las dos brigadas de asesinos seriales, pero no deja de ser inquietante la posibilidad real de que una banda de parapoliciales esté obrando de titiriteros de menores asesinos atiborrados de paco.

Esta tarea incluiría seguramente no sólo la provisión de armamento, sino también la marcación de blancos con la consiguiente profusión de zonas liberadas para tal efecto.

 De ser cierto esto, negros nubarrones se seguirán cerniendo sobre el futuro de los argentinos, atribulados en un extraño fin de año que remeda pasados inciertos. 

 Fernando Paolella