No queda lugar para la compasión en la política argentina. El lunes pasado, mientras el ex presidente Néstor Kirchner se recuperaba de una intervención urgente en un hospital privado de Buenos Aires, la diputada opositora Margarita Stolbizer espetó que Kirchner se parece tanto al ex presidente Carlos Menem que ambos han acabado sufriendo los mismos achaques. Esa misma mañana, en el popular programa que conduce en Radio Continental el periodista Víctor Hugo Morales manifestó su conmoción ante las decenas de mensajes que los ciudadanos habían dejado en el contestador de la cadena felicitándose por el accidente vascular del ex presidente y deseándole, incluso, un fatal desenlace. Dos días después, el ex corredor de fórmula 1 y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, peronista, hasta hace poco correligionario de Kirchner, dejó la siguiente perla sobre el matrimonio K: "Los argentinos vamos a estar contentos si para cuando se vayan en 2011 no se han robado la Casa Rosada y la plaza de Mayo".

Éstas son apenas tres muestras del hartazgo creciente de un sector cada vez mayor de la sociedad argentina con un Gobierno de discurso progresista, el de Cristina Fernández de Kirchner, que asumió el poder en 2007 con la promesa de distribuir la riqueza del país y luchar contra la enquistada corrupción. El desprestigio del matrimonio presidencial crece semana a semana, a medida que se acumulan denuncias y escándalos por presunto enriquecimiento ilícito que amenazan con tapar cualquiera de sus iniciativas políticas. "Hay una visceralidad muy llamativa que se explica por la fuerte defraudación de expectativas en las clases medias", explicaba ayer la socióloga Graciela Römer, para quien el "error garrafal" del Gobierno es "agudizar el malestar en lugar de reconocer sus errores y tender puentes con la opinión pública".

La presidenta ha acusado repetidamente a los medios de comunicación de orquestar un complot informativo en su contra, pero el repudio al incremento constante de su patrimonio (que se ha multiplicado por siete desde 2003) influye en su notable descenso de popularidad, que hoy es sólo del 20%.

La semana pasada se conoció que Néstor Kirchner compró dos millones de dólares en octubre de 2008 para adquirir un hotel en El Calafate, localidad turística de Santa Cruz, la provincia patagónica donde nació y donde fue gobernador entre 1991 y 2003. La operación, denunciada ante la justicia por la opositora Coalición Cívica, ha sufrido la condena moral en Argentina porque se sospecha que el ex mandatario se valió de información privilegiada para hacer esta compraventa de divisas. Llueve sobre terreno mojado: la querella se suma a las que ya hace tiempo acusan a los Kirchner y a su entorno familiar de haber obtenido ilegalmente ganancias en El Calafate por la venta de suelo público recalificado que habían adquirido a un precio 10 o 15 veces de mercado.

Los cuatro secretarios privados que asisten a la presidenta también son investigados por presunto enriquecimiento ilícito debido a incrementos patrimoniales comprobados que van del 750% al 11.000% en cinco años (uno de ellos, Fabián Gutiérrez, dimitió la semana pasada). Esta misma semana se ha sabido que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el actual titular del área, Juan Pablo Schiavi, serán interrogados por un juez por presunto cohecho (aceptar viajes en aviones de alquiler pagados por empresas del sector). En otro caso de gran repercusión, el Gobierno tuvo que admitir hace dos meses, después de negarlo durante más de dos años, que Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano-estadounidense que trajo en agosto de 2007 un maletín con 800.000 dólares para financiar presuntamente la campaña de Cristina Kirchner, estuvo en la Casa Rosada y se reunió con miembros del entorno de la pareja presidencial.

A muchos partidarios de Cristina Kirchner les preocupa que la corrupción oculte algunos logros del Ejecutivo cuando sólo queda un año y medio para las presidenciales. Martín Sabatella, figura emergente de la política nacional y presidente del bloque Nuevo Encuentro -aliado del kirchnerismo en el Parlamento-, pide al Gobierno que reconozca los "errores" para defender los "pasos positivos" del Ejecutivo en materias de renovación judicial, derechos humanos o la asignación universal por hijo, un subsidio recientemente aprobado para desempleados y familias de renta baja.

Pedro Cifuentes

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