Al principio, fue la Iglesia católica; opositor tan avejentado que nadie se atrevía a compartir banco con él. Los roces fríos comenzaron con el mandato de Néstor Kirchner, quien ya a partir de 2004 dejó de asistir a las homilías por el contenido político de éstas. Pero el entredicho más importante ocurrió en 2005, cuando el Gobierno dispuso el apartamiento del obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, quien había sugerido —mediante una cita bíblica— "tirar al mar" al entonces ministro de salud, Ginés González García, por su postura favorable a la despenalización del aborto. Con discursos que reprochaban la capacidad de combatir la pobreza y la habilidad para olvidar el pasado, la Iglesia católica se percibía por aquella época, como primera y única opositora al Gobierno.

A fines de 2007, ya con Cristina Fernández al mando, se intentó recomponer relaciones con el episcopado, cardenal Jorge Bergoglio de por medio, mientras éste le regalaba una medallita de la Virgen Desatanudos, deseándole fuerza en una futura función “llena de escollos”.

Había un cierto aroma de disconformidad en el aire, pero nadie se aventuraba a enfrentarse a lo desconocido y mucho menos, sin un mejor plan.

Para marzo de 2008, ya se había unido el campo, considerado como un factor determinante en la picada kirchnerista, ya que en marzo de 2007, la administración K contaba con más del 50% de aprobación. Más de 120 de días de paro agropecuario, en repudio al incremento de las retenciones a la soja —mediante la famosa ley 125— y provocando desabastecimiento básico de alimentos y combustible, conflictos en las rutas y con discursos kirchneristas (ella y él) que parecían echar más leña al fuego en vez de poner paños fríos a la situación. El conflicto no tardó en politizarse y ya se vislumbraba una suerte de oposición surgente del apoyo a estos sectores agropecuarios.

Al mismo tiempo que se percibía el nacimiento de una oposición política, el kirchnerismo ganaba adeptos, Moyano, D´elía y Madres de Plaza de Mayo acusaban a Eduardo Duhalde de operar —junto con el Grupo Clarín— desde las sombras, para desestabilizar al Gobierno y provocar así, la inminente caída de Cristina Fernández. Fueron los primeros vestigios de la imposibilidad de un diálogo concreto entre Gobierno y cualquier oposición.

La presidente envió al Congreso dicha ley de retenciones para que el campo viera con sus propios ojos la inequívoca medida impulsada por el Ejecutivo. El proyecto recibió media sanción del Congreso y aún con el voto en contra de Hilda “Chiche” Duhalde y Carlos Menem, fue responsabilidad de Julio Cobos desempatar la cuestión rechazando el proyecto de ley enviado por el PEN. Su voto “no-positivo” comenzaba a determinar la futura suerte de las iniciativas kirchneristas en el Senado. Así emprendía también la pésima relación con el sector empresarial, la cual mantiene la Presidente hasta el día de hoy.

Con las cartas echadas, comenzó la cacería de brujas contra el periodismo; que si bien el gobierno aseveraba que no era la prensa en sí, sino el monopolio al que el diario Clarín —entre otros— representaba, jamás ocultó la aversión que tiene el matrimonio presidencial hacia el periodismo independiente. Aparte de no aceptar críticas, lo que sería relativamente normal, no se admite denuncia o impulso de investigación judicial alguna. El hostigamiento que el periodismo no alineado ha sufrido en este gobierno, mediante los inquisidores de turno por excelencia, la SIDE, es inhóspito. Lamentablemente el papel de dicha Secretaría no es el de investigar presuntos conflictos que atenten contra la seguridad del país, muy por el contrario, estos últimos años se han caracterizado por abusar del ilegal uso de la Inteligencia interna hacia todo posible funcionario descarriado y la totalidad de la comunidad periodística. Nada más manifiesto que la oportunamente derogada “Ley espía”, la cual proponía que el Estado se apropiara la posibilidad de intervenir comunicaciones telefónicas y por Internet, con la excusa de avanzar en investigaciones judiciales para combatir la inseguridad y así dilucidar, de manera ilegal, no sólo cuáles eran los futuros pasos a seguir de aquellos funcionarios o periodistas ajenos a la ideología K, sino tener el material asegurado en lo referente a su vida personal, para usarlo apropiadamente y de forma extorsiva en el caso de que hiciera falta; sin nombrar falsas denuncias e increpaciones directas. Aunque la modalidad mermó, las huellas quedan.

El último afiliado de los enemistados con el Gobierno fue el Congreso Nacional: si bien las discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, denotan el ritmo normal de toda democracia que experimenta independencia de poderes, el PEN ha arremetido una fría ofensiva contra el Parlamento, que radica mayormente, en hacer de cuenta que el mismo no existe. Casos evidenciados los de los últimos días con DNU —que no son tan “U”— y decretos anunciados mientras los mismos eran ya puestos en práctica a espaldas del Congreso.

Años tardó, pero la oposición, elemento fundamental para evitar el absolutismo, viene organizándose y el kirchnerismo, rindiéndose.

Raras veces hemos visto un Gobierno que supo ganarse tan bien a sus enemigos. La Iglesia, el campo, el periodismo y el Congreso. Nada menos para un Gobierno que no acepta críticas ni planteos y que a la larga, resulta enemistándose con el pueblo.

Equipo de Política Tribuna de periodistas