A una semana del discurso de Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa, todavía repercuten aquellos espasmódicos 100 minutos de enunciados poco felices.

Como si no hubiera sido poco arremeter contra el Poder Legislativo, esta vez fue el turno del Judicial. Además de invitar a los jueces a no basar sus veredictos según la tapa de Clarín, aseguró que los magistrados tienen "tabulados los precios de las excarcelaciones y eximiciones de prisión”, en lo que asemeja a un retruque caprichoso al derogado FOBI, que evidentemente no fue del agrado de la Mandataria. La Presidente parece estar acostumbrada a utilizar la cadena nacional para sus catarsis personales, lo que la termina metiendo en más de un problema.

Si a un año de terminar su mandato, la Presidente de la Nación, atribuye en un discurso —más cercano a uno de la oposición que al del propio oficialismo— que hay jueces que cobran por excarcelar a los detenidos, que “entran por una puerta y salen por otra”, entonces cabe cuestionarse acerca de la efectividad y eficacia de los 2 últimos mandatos kirchneristas, en lo que a iniciativas anticorrupción se refiere.

Las repercusiones no tardaron en llegar: el abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans, afirmó que si la Presidente conociera cuáles son los jueces que cometen dichas infracciones y no los denunciara como corresponde, estaría cometiendo el delito de encubrimiento, el cual se castiga con prisión de 3 meses a 6 años. “La ley obliga a todos los funcionarios públicos a interceder para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento, esta obligación también alcanza a la Presidente”, afirmaba un comunicado emitido con gran preocupación por la Federación Argentina de la Magistratura, la cual confía que la Mandataria aportará inmediatamente las pruebas pertinentes que posibiliten la transparencia pública, la cual critica tanto en el propio ejercicio de su Gobierno.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral, minimizó las imputaciones tildándolas, no de una acusación concreta, sino de un “agravio gratuito al conjunto de los jueces, más que contestarlo, hay que tomarlo como un exabrupto más”.

Pero rebobinemos la cinta. Se trataba de una Presidente de la Nación, inaugurando las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, quejándose después de 3 años de ejercicio, de la mafia judicial en su propio país. Lejos de advertirlo como un propuesta, un impulso legal para apartar del cargo a dichos magistrados o tal vez de una denuncia por cadena nacional con nombre y apellido de quiénes son los jueces corruptos; la Presidente se puso en el lugar de opositora del cual no parece despegarse y miró una vez más, por encima de su propio hombro, criticando de manera ajena, al país que ella supo conseguir, ya sea bajo su autoría intelectual o al menos bajo su complicidad.

Más que nadie debiera la Presidente, evitar las generalizaciones, que no sólo inculpan a quienes con “palos en la rueda”, tratan de hacer un buen trabajo, sino que protege al mismo tiempo a los culpables, ya que generalizando, no los nombra precisamente.

En vez de despojar a la población de todo vestigio de esperanza en la justicia argentina, debería utilizar su tiempo y poder, en recomponer dichos desbarajustes.

De nada sirve el sillón de Rivadavia si uno no va a situarlo en el suelo constitucional.

Equipo de Política Tribuna de periodistas