Desde la perspectiva de un verdadero estadista, resulta absolutamente imposible separar la política de la economía y de los efectos sociales que esta combinación trae aparejados.

Más de cuarenta años parece haberle llevado al máximo referente del modelo en la región, entender que su política económica sólo redundó en miseria y dolor al pueblo; sin contar las persecuciones, fusilamientos, encarcelamientos y desesperación de muchos que perdieron su vida tratando de huir.

Hace apenas unas horas Fidel Castro confesaba públicamente, ante el asombro internacional, que su modelo ya no funcionaba ni para la propia Cuba. Ese país, ya hace un tiempo que ha ingresado en una etapa de apertura económica y privatizaciones, en el marco de las cuales por ejemplo, tiene previsto reducir 500 mil empleos públicos para incentivar el sector privado.

Chávez y Kirchner van exactamente al revés. Más allá de su hipotético modelo, parecería que la consigna fuera una demencial carrera por destruir a como dé lugar todo lo que tuviera aspecto de privado.

Sin embargo, la paradoja central de sus teorías es que, mientras adaptan al Estado a su exclusiva conveniencia privada, explotando cada uno de sus elementos constitutivos para satisfacer solamente sus intereses particulares; atacan furiosamente la cosa privada, vulnerando su naturaleza y pretendiendo que funcione como pública, para así concentrar más poder.

En este esquema, los soldaditos oficialistas haciendo sus deberes elaboran un anteproyecto de ley fundamentado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional por el cual los trabajadores deberían participar en un 10 % de las utilidades de las empresas.

Que Kirchner exprese en torno al mismo, "es fundamental la distribución del ingreso (…) La Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de 50 y 50 (…) Los trabajadores deben poder ver el balance de las empresas", al menos suena adverso a su forma particular de hacer las cosas.

Por un lado que sea él mismo quien hable sobre la necesidad de distribuir el ingreso. Por otro lado, que se refiera a la necesidad de volver a 1974, como si en estos 36 años el mundo no hubiera experimentado transformaciones irreversibles en todos sus aspectos, lo que redunda en una imposibilidad natural de adaptar cosas del pasado a la realidad contemporánea. Por último, que él mismo haga alusión a la necesidad de transparencia de los estados contables de un ente privado cuando sobre las cuentas públicas tenemos que aplicar el método de la lógica inversa, toda vez que queremos informar seriamente reflejando la situación de nuestra economía del modo más aproximado a la realidad.

El anteproyecto de la CGT elaborado por el diputado Héctor Recalde, propone que de ese 10 % de ganancia empresarial a distribuir entre los trabajadores, un 80 % vaya a los mismos y el 20 % restante a la creación de un fondo solidario con el que el Gobierno pretende financiar programas laborales para desocupados y empleo en negro, entre otros.

El argumento esgrimido por sus ideólogos es que la iniciativa beneficiaría a las empresas haciéndolas crecer en tanto el trabajador, al ser partícipe en la ganancia la promoverá siendo más productivo. Esto a su vez redundaría en una reactivación de la economía, del mercado interno y fomentaría la reinversión de las empresas.

Para sostener estos fundamentos, Recalde aclara que esto no tendría ningún costo laboral porque está exento de aportes y contribuciones, y no incide en ningún aspecto del contrato de trabajo como indemnizaciones por despidos, por accidentes, feriados u horas extra.

Si bien se prevé que toda empresa que reinvierta sus ganancias quedará exenta de esta distribución, una vez más, no se consideran las variables macroeconómicas de las que no puede escapar el sector privado en el contexto actual.

Entonces, por un lado, la medida suena sumamente beneficiosa para los trabajadores, pero en el fondo esconde otras intenciones más importantes y rebotará seguramente en consecuencias no deseables a futuro.

Como primera medida la solidaridad del fondo a crear para desocupados, trabajo en negro, etc., será sólo solidaridad con la necesidad del matrimonio gobernante de contar con otra fuente más de recursos a los que darle también uso discrecional frente a las próximas elecciones, no con los trabajadores.

Asimismo, es improbable que esta medida atraiga inversiones, que es justamente lo que necesita el país para salir del círculo vicioso en que se encuentra.

Tampoco es probable que con la presión tributaria actual que soportan las empresas, la incertidumbre jurídica, la persecución por parte del Estado y la falta de políticas claras en materia monetaria y fiscal; tengan intenciones de reinvertir sus ganancias, por lo que, de aprobarse el proyecto, se verán obligadas a participar sus utilidades con sus empleados, lo que seguirá reduciendo su margen de ganancias y muchas optarán por cerrar o dejar el país. Si esto ocurre, más trabajadores perderán su fuente de ingresos, y una de las soluciones a la baja en la tasa de empleo que viene dando el gobierno es el puesto en el Estado, hecho que sigue incrementando el gasto público y se usa como dato para elaborar los distorsionados índices oficiales.

En caso de que la propuesta oficialista prospere y algunas empresas la puedan implementar, los empleados tendrán más dinero en mano, seguirá creciendo el consumo, por ende, seguirá escalando la inflación.

Asimismo esta medida lo que sigue promoviendo es una más alta elusión y hasta evasión fiscal, como así también la elaboración de estados contables con cierta creatividad para mostrar ganancias inferiores a las reales y poder escapar a tanta presión por parte del Gobierno. Esto requeriría además reforzar los controles estatales, es decir, ejercer más presión sobre el sector privado.

La elusión, la evasión y la elaboración ad hoc de los estados contables ahondan más el déficit fiscal y demandan que más reservas sean transferidas a la cuenta del Tesoro Nacional para cubrirlo.

Como se ve, se trata ni más ni menos que de una nueva medida populista.

Otra vez estamos frente a la utilización de un instrumento que siendo esencialmente beneficioso para un sector de la sociedad, en este caso los trabajadores en relación de dependencia y de modo indirecto para el sector empresarial, pretende ser utilizado por el gobierno nacional con un sólo y único objetivo de perpetuidad en el poder.

Nidia G. Osimani